El sindicato profesional de agentes medioambientales de FeSP UGT Castilla-La Mancha ha criticado la propuesta del presidente del PP regional, Paco Núñez, de modificar la ley de caza para que este colectivo deje de tener las funciones de policía judicial que le otorga la Ley de Montes aprobada en 2006.
El portavoz de UGT de este colectivo, José Azcoitia, ha defendido la labor de los agentes medioambientales y forestales y se ha negado a que ningún partido les deje "como los guardas forestales de hace 50 años, sin poder actuar contra los delitos que se producen en nuestros montes", ha señalado el sindicato en nota de prensa.
Azcoitia ha recordado a Núñez que una ley de caza regional no puede ir contra una norma de rango mayor como es la Ley de Montes estatal y le ha pedido "que respete el marco legal y no intente bordearlo o incluso saltárselo".
Asimismo, ha indicado que no le sorprende la propuesta porque ya la hicieron en 2015 con Isabel García Tejerina como ministra de Medio Ambiente para favorecer, a su juicio, "intereses sectoriales y empresariales", aunque ha añadido que actualmente está vigente lo dispuesto en la ley inicial tras una enmienda transaccional.
El dirigente sindical ha incidido en que el texto reconoce a los agentes medioambientales y forestales la función de vigilancia del medio ambiente y detalla que actuarán "de forma auxiliar con los jueces, tribunales y Ministerio Fiscal y de manera coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según su legislación orgánica reguladora".
En este sentido, ha explicado que los agentes medioambientales realizan sus funciones "de manera eficaz y eficiente" en Castilla-La Mancha y que en estos años han detectado desde delitos contra la fauna y la flora protegida hasta urbanísticos.
"Hemos denunciado multitud de envenenamientos, la muerte de linces y de águilas imperiales, vertidos contaminantes, caza furtiva y construcciones ilegales. Si nos quieren quitar de en medio por algo será", ha declarado.
Azcoitia ha considerado que eliminar las funciones policiales de este colectivo no solo sería un perjuicio para el medio ambiente sino también para los ciudadanos y, sobre todo, para los que quieran disfrutar de los montes.