El Gobierno central y el Ejecutivo de Castilla-La Mancha han abierto negociaciones con el fin de resolver las discrepancias relativas a la Ley castellano-manchega para una Sociedad Libre de Violencia de Género aprobada por unanimidad el pasado año en las Cortes regionales. Discrepancias entre los Gobiernos de Pedro Sánchez y Emiliano García-Page que deberán sustanciarse en la comisión oficial creada al efecto.

Así consta en la resolución de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos publicada este miércoles por el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), que recoge Europa Press, sobre el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en relación en relación a la citada norma.

Así, el acuerdo indica que se han aprobado iniciar negociaciones para resolver las discrepancias suscitadas en relación con los artículos 4 i), 22.2 y 34 de la Ley y designar un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solución que proceda.

También se ha acordado comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional así como insertar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Desde el Gobierno regional ven un "obstáculo" su revisión

Por su parte, el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha explicado que las negociaciones abiertas entre el Ejecutivo castellano-manchego y el Gobierno central para resolver las discrepancias relativas a la ley regional para una Sociedad Libre de Violencia de Género aprobada por unanimidad el pasado año en las Cortes son "el paso previo para evitar llegar a los tribunales" por este asunto, aunque ha considerado "un obstáculo" tener que revisar "aspectos técnicos mínimos de una ley en la que todos estamos de acuerdo".

Hernando, a preguntas de los medios durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles para dar cuenta de los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno, ha insistido en que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez pretende cambiar "cuatro comas" de la ley, una modificación que ha tildado de "irrelevante" y "una cuestión técnica que, políticamente, resulta muy difícil de comprender".

"Me gustaría que no pudiéramos generar ni una sola duda sobre la ley más avanzada contra la violencia de género en Europa", ha continuado, advirtiendo que "la manera más fácil" de evitar dudas competenciales sobre esta norma es "que lo legisle el Gobierno de España".

Asimismo, ha incidido en que el hecho de que el Gobierno de España pueda recurrir en los tribunales esta ley no significa que este lleve razón, recordando cómo el Tribunal Constitucional avaló la ley antifracking de la Comunidad Autónoma a pesar de que esta fue recurrida por el Gobierno entonces presidido por Mariano Rajoy.