El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha va a poner en marcha un programa piloto de apoyo y acompañamiento a mujeres que han sufrido violencia machista y se encuentran en pisos tutelados, tras pasar por las casas de acogida, para facilitar su tránsito a la vida normalizada.



Se trata del primer programa de estas características que se va a poner en marcha en España, que se va a desarrollar con la colaboración del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Castilla-La Mancha y que plantea un trabajo socioeducativo no solo de evaluación, sino de seguimiento de las mujeres que están en los diez pisos tutelados que hay en la región, tras haber pasado por casas de acogida.



La directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Araceli Martínez, y el presidente del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales, Francisco Peces, han explicado este martes en rueda de prensa que a través del programa se hará un proceso de acompañamiento en los pisos tutelados por una educadora social, con el ánimo de garantizar el tránsito a la vida normalizada tanto de estas mujeres como de sus familias.



Martínez ha precisado que el objetivo es ayudar a estas mujeres a planificar lo que será su cotidianidad, porque en general vienen de una vida sin ninguna autonomía en la que apenas tomaban decisiones.



En este sentido, ha comentado que el tiempo que pasan en las casas de acogida "no es un periodo de vacaciones", sino que "tienen que aprender a superar experiencias verdaderamente traumáticas y devastadoras", por lo que "cuando se incorporan a la vida normalizada siguen necesitando un apoyo, tanto ellas como sus familias, para la gestión de las cuestiones más básicas y para seguir reforzando su recuperación personal, psicológica y emocional".



Asimismo, Martínez ha avanzado que el programa se va a poner en marcha en unos 15 días y que se va a desarrollar durante un periodo de ejecución de cinco meses y de otro periodo de evaluación de uno o dos meses de duración, en el que se vayan incorporando ajustes y mejoras que deriven en un programa estable. bien planificado para atender de la mejor manera posible a las mujeres que lo requieran.



La directora del Instituto de la Mujer ha hecho hincapié en el carácter pionero del programa en España, a pesar de las dificultades añadidas que plantean las características de una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha, con mucha extensión y una población muy dispersa.

En otro orden de cosas, Martínez ha defendido la labor de los profesionales que trabajan con las víctimas de la violencia de género y ha rechazado que se cuestione su profesionalidad "por sectores conservadores y ultrarreaccionarios". A preguntas de los periodistas, ha dicho que está "totalmente en desacuerdo" con la petición que ha hecho Vox en el Parlamento de Andalucía para conocer los nombres del personal de las Unidades de Violencia de Género. Ha considerado que es "inadmisible" que se cuestione la profesionalidad de las personas que dan seguridad, apoyo y protección a las mujeres víctimas de la violencia de género".



"Nadie duda de la actuación de la Policía Local, de la Policía Nacional o de la Guardia Civil en cuando a la protección que ofrecen a las víctimas de las violencia de género, por qué hemos de dudar de la encomiable profesionalidad con la que actúan las trabajadoras y trabajadores sociales de las unidades de género", ha considerado Martínez. Y ha añadido: "Todos sabemos que tras esa demanda subyacen motivaciones claramente machistas que en Castilla-La Mancha desde luego no lo vamos a tolerar".



Asimismo, Martínez ha valorado "la labor de todas las personas que trabajan en la región y en el conjunto de España en favor de la recuperación plena de las víctimas de la violencia de género de su dignidad, de sus derechos", y en particular la que desarrollan las educadoras y educadores sociales.

Por su parte, el presidente del Colegio de Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Castilla-La Mancha, Paco Peces, ha valorado el trabajo socieducativo de las educadoras y educadores sociales "en una sociedad en la que existe un cuestionamiento constante de la violencia de género", a pesar de que afecta a más de 600.000 mujeres y mata a más de 50 mujeres al año.



Peces ha dado a conocer un comunicado que ha difundido este martes el Consejo General de Educadores y Educadoras Sociales del Estado, en que rechaza la propuesta de Vox e insta a la Junta de Andalucía a que no tome en consideración la petición "y siga garantizando la confidencialidad y la profesional del trabajo realizado, la custodia de la identidad de las víctimas y las medidas de protección hacia ellas".



Según el Consejo General de Educadores y Educadoras Sociales del Estado las medidas que ha planteado Vox "no buscan otro objetivo que el de trasladar una presión directa" a los profesionales que trabajan en materia de violencia de género "como método de coacción y con ello poner en duda la propia existencia de la violencia machista".