La consejera encargada de la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, ha considerado que ha hecho "todo" lo que tenían que hacer para la aprobación del Proyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas, después de que el Ejecutivo castellano-manchego decidiera no remitir a las Cortes dicho proyecto pese a aprobarlo en el Consejo de Gobierno hasta que el diputado de Podemos David Llorente no cesase en "su estrategia de pinza con el PP".

"El día 12 de febrero el Consejo de Gobierno aprueba el Proyecto de Ley y ese era nuestro trabajo", ha sostenido Herranz a preguntas de los medios previas a la celebración de una nueva reunión de la Mesa Regional de Garantías Ciudadanas.

La consejera ha afirmado que en su consejería van a "trabajar" con los "mecanismos" con los que lo han hecho "desde el principio", como son conocer "cuáles son los indicadores de vulnerabilidad" y hacia donde se tienen que dirigir las políticas del Gobierno autonómico en esta materia. "Eso ha sido lo que hemos estado haciendo y lo que vamos a seguir haciendo hasta el último momento", ha añadido.

Con respecto a la reunión de la Mesa Regional de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz ha explicado que en ella se van a conocer, entre otros aspectos, los indicadores del informe de vulnerabilidad realizado por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), cuya principal novedad es el desglose de datos por comarcas.

A este respecto, ha detallado que, según los datos regionales, los hogares con bajos ingresos suponen el 16,7 por ciento del total de la Comunidad Autónoma y unos 50.000 tienen vulnerabilidad habitacional.

Sin embargo, los datos por comarcas demuestran que las comarcas de sierra son las que tienen un mayor número porcentual de hogares con bajos ingresos y, en cambio, son las comarcas cercanas a las grandes ciudades o a Madrid, como La Sagra o el Corredor del Henares, las que cuentan con más familias con dificultades para pagar el alquiler o la hipoteca.