El president de la Generalitat, Ximo Puig (PSOE), ha afirmado que la sentencia que anula varios artículos del Plan Hidrológico del Tajo consolida la norma reguladora del sistema del Tajo-Segura de 2014, por lo que "no hay ruptura con el statu quo", y ha pedido que cualquier cambio en la regulación se haga con acuerdo.

Puig, que se ha reunido con la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, para analizar la sentencia del Supremo en relación al trasvase, ha anunciado en una comparecencia ante los medios de comunicación la puesta en marcha de una comisión o "célula permanente" de la Conselleria y la Abogacía de la Generalitat para vigilar que se haga una reformulación "concertada".

El fin que se pretende con este grupo de vigilancia es que no haya una interpretación sesgada de la sentencia, que "no es tan devastadora" como se ha planteado ya que, según Puig, el trasvase continúa estando garantizado y en el "corazón" de la sentencia no hay "un sentimiento antitrasvasista". Para Puig, el Ministerio debe abrir un proceso "concertado" para hacer ajustes legales por una vía que "no se hizo de la manera adecuada".

La sentencia obliga a fijar caudales ecológicos en Aranjuez (Madrid), en Toledo y en Talavera de la Reina -zonas de cabecera del río- que no estaban fijados en el plan hidrológico, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016. Esto modificará inevitablemente el volumen de agua a trasvasar. Al respecto, el president ha mantenido que no tiene por qué modificarse ese volumen ya que la sentencia recoge flexibilidad en los caudales ecológicos en función del momento.

El president ha defendido la sostenibilidad ya que, ha dicho, si no hay un río vivo, los más perjudicados son los que están más lejos y la corresponsabilidad, basada en sumar recursos (desalinización, modernización y reutilización), y ha demandado al Gobierno de España invertir más en eficiencia, también en la zona alta del Tajo, en Madrid, ha dicho. Ha insistido en que la sentencia no habla de cierre del trasvase y ha rechazado hacer una política de confrontación en esta cuestión, que en otras épocas "tanto daño ha hecho".

Preguntado si ha hablado con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado que no y que cada uno tiene que defender sus intereses, y ha reiterado que abrir una confrontación en el tema del agua "no es responsable". Ha defendido, al inicio de su intervención, que se ha estudiado a fondo la sentencia del Supremo para actuar "con rigor" y sin hacer "lecturas interesadas o partidistas".

Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), se ha mostrado "dispuesto a dialogar" con sus homólogos de Valencia, Ximo Puig, y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sobre el trasvase Tajo-Segura porque piensa que cuando les presente datos y argumentos los tres estarán de acuerdo en que esa infraestructura "es irrenunciable". Asimismo, advirtió que el acueducto "ha traído muchísima prosperidad a toda España durante los últimos cuarenta años".

En respuesta a la pregunta de los periodistas tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada en Mazarrón, López Miras se ha referido a unas declaraciones de García-Page, que pedía a la Unión Europea que vigilase a España y la obligase a cumplir la normativa vigente para garantizar los caudales del Tajo. 

Miras ha insistido en que el trasvase Tajo-Segura "ha traído prosperidad y oportunidades a toda España", por que es "irrenunciable" e incluso ha subrayado que Murcia podrá enseñar a Castilla-La Macha técnicas para mejorar la eficiencia y la gestión de recursos hídricos que podrían utilizarse en esa comunidad autónoma.

Castilla-La Macha sigue sin una postura común

Mientras tanto, Castilla-La Mancha sigue sin fijar una postura política común a nivel interno para defender los intereses hídricos de la Región, pese a que públicamente todos los partidos  se muestran dispuestos a llegar a un acuerdo.

El grupo popular en las Cortes regionales ha registrado este miércoles una petición para incluir "de manera urgente e inmediata" en el orden del día del pleno de este jueves 21 un debate sobre agua, con el fin de alcanzar un acuerdo regional que pueda servir de base para un futuro Pacto Nacional en esta materia. Así lo ha explicado en rueda de prensa la diputada del PP Claudia Alonso, quien ha hecho un llamamiento "a la seriedad y el rigor" para abordar este asunto, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que anula parcialmente el Plan Hidrológico del Tajo por no fijar caudales ecológicos en Aranjuez (Madrid), Toledo y Talavera de la Reina (Toledo).

Alonso ha dicho que esta sentencia es "absolutamente importantísima" y ha considerado "fundamental" abordar este tema en el pleno de las Cortes para que los grupos políticos puedan debatir, con el fin de "tratar de alcanzar un acuerdo regional que pueda después servir de base para un Pacto Nacional del Agua". La parlamentaria 'popular' ha insistido en la necesidad de crear una mesa técnica en la que tengan cabida no solo los grupos con representación parlamentaria sino también técnicos, agricultores y municipios afectados para alcanzar "una voz única en Castilla-La Mancha".

Alonso ha defendido agua "en cantidad y calidad" para el Tajo, al tiempo que ha confiado en que esta petición abra "una nueva etapa", pues la ha considerado "una oportunidad" para que la región tenga "una única voz, rigurosa, seria y que defienda los intereses de los castellano-manchegos".

Además, a preguntas de los periodistas sobre la propuesta del PSOE de debatir las consecuencias de la mencionada sentencia sobre el Tajo en el pleno del próximo jueves 28, la diputada del PP ha resaltado la importancia de abordar esta cuestión con urgencia y ha añadido que no es necesario esperar otra semana más. 

De otro lado, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso y candidato de esta formación por la provincia de Toledo, Juan Carlos Girauta, ha tildado de "bueno y aleccionador" que la sentencia del Tribunal Supremo responda a acciones judiciales emprendidas por asociaciones medioambientales y municipios afectados y no de "ningún gobierno ni administración", pues "esta gente son afectados de verdad". En una entrevista en Onda Cero, que recoge Europa Press, el portavoz de Ciudadanos ha defendido que "como vecino de Toledo y como ciudadano español", España merece un Plan Hidrológico Nacional que no solo contemple la demanda de agua sino el mantenimiento de las cuencas y que éstas presentan, en lugar de una idea de mínimos o de demanda, el cauce ecológico.

"Es una cuestión nacional que tiene que equilibrar intereses de diferentes zonas y esto obliga al rediseño de la norma que afecta a Toledo, y como nuevo toledano lo voy a tener muy presente", ha concluido.