El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 98,8 millones de euros para financiar plazas en residencias de mayores, centros de día y estancias temporales.



La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha comparecido en rueda de prensa para informar de los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de Gobierno, la primera desde las elecciones del domingo pasado.



Sánchez ha subrayado que se trata de "la mayor inversión social en personas mayores de los últimos años" y ha explicado que el dinero aprobado hoy corresponde a la segunda prorroga del acuerdo marco 2017-2020 de cesión de servicios de atención a personas mayores.



Se van a firmar 301 contratos para un total de 5.675 plazas de residencias y 85.000 días de estancia temporal, y desglosado, ha explicado la consejera, son 160 contratos de gestión de 5.252 plazas residenciales con entidades privadas, 30 contratos para 423 centros de día y 11 contratos para 85.000 estancias temporales.



El acuerdo marco 2017-2020, ha recordado Sánchez, mejora el anterior, ya que se firmó con un horizonte a 4 años, tiene más presupuesto y da tranquilidad y seguridad financiera a las entidades con el pago mensual.



Ha resaltado también que con este convenio se contribuye a generar empleo ya que con él se pueden mantener más de 3.000 puestos de trabajo en estos centros residenciales y se crea riqueza en el entorno en el que se encuentran.



Lo que se financia hoy, ha indicado, es una parte de las 14.000 plazas de mayores que hay en total con financiación pública, pues ha recordado que ya se han firmado las plazas que gestionan las diputaciones locales y ayuntamientos.



Aurelia Sánchez ha destacado que, en la pasada legislatura, se han propiciado varias mejoras, entre las que ha citado que se han triplicado los días de estancia temporal en residencias, se ha incrementado la financiación, se han abierto cinco residencias, se ha dado estabilidad al sector y seguridad financiera, se ha aprobado un plan de calidad y eficiencia de las residencias y se ha creado el primer comité de ética de servicio sociales y atención a la dependencia para velar por las buenas prácticas en la atención a mayores.