La Consejería de Bienestar Social contará con un presupuesto de 756,6 millones de euros para el año 2020, lo que se traduce en un incremento de 56,1 millones, un 8,01 % más respecto al presupuesto anterior y permitirá invertir dos millones de euros diarios en políticas de acción social.
Así lo ha manifestado la titular de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, durante su comparecencia, este viernes, en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes para informar de las partidas de su departamento incluidas en el proyecto de ley de presupuestos de la Junta para 2020.
Sánchez ha explicado que estas cuentas van a permitir poner en marcha muchos proyectos a lo largo de 2020 y se ha centrado en tres de ellos por ser, ha remarcado, "los más significativos".
En concreto, ha avanzado la creación del Marco de la Ventanilla Única para simplificar los trámites a la hora de acceder a protección social, así como el desarrollo de la Ley de Protección y Apoyo Garantizado mediante la creación de seis recursos: una Oficina Regional de Registro de Planes de Futuro para personas con discapacidad y cinco unidades de valoración y apoyo a este colectivo, que se ubicarán en las delegaciones provinciales.
En tercer lugar, ha apostado por mejorar el modelo de atención, mediante el desarrollo de un acuerdo de colaboración entre el Gobierno regional y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para dotar de estabilidad al movimiento asociativo de la discapacidad, mejorar la calidad de vida de este colectivo y apoyar a los profesionales que los atienden.
El mayor incremento del presupuesto de la Consejería de Bienestar Social se produce en la Viceconsejería de Atención a la Dependencia, que estará dotada con 144 millones de euros, 25,2 millones más (21,2 %) que en el presupuesto anterior.
Por su parte, la partida de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales aumenta un 7 %, hasta los 49,1 millones de euros, mientras que la destinada a la Dirección General de Acción Social sube un 5,9 %, hasta los 78,8 millones de euros.
Esta Consejería también dedicará 116,3 millones de euros (4,7 % más) a la Dirección General de Discapacidad, 299 millones (5,1 % más) a la de Mayores y 48,6 millones (6,3 % más) a la de Familia y Menores, mientras que la Secretaría General dispondrá de 20,2 millones de euros, un 2,8 % más que en el presupuesto de 2018, prorrogado en el 2019.
La consejera ha especificado que el presupuesto de este departamento para 2020 representa el 7,2 del presupuesto de la Junta, que asciende a 10.505 millones de euros.
Y ha subrayado que estas cuentas van a permitir consolidar el modelo de servicios sociales y atención a la dependencia, así como avanzar hacia una sociedad inclusiva, "con más oportunidades e igualdad", y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Además, en cuanto a la ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2019, ha informado de que asciende a 579,9 millones de euros, un 81,3 %.
Intervención de los partidos
Sin embargo, el diputado del PP Vicente Aroca ha afirmado que estos presupuestos no son "todo lo ambiciosos" que deberían ser en favor de los más vulnerables y los ha considerado "insuficientes" para cubrir las necesidades reales de este departamento ante las "cifras alarmantes", que sitúan en más de 678.000 las personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social en la región y las más de 14.000 solicitudes que se tramitan anualmente en dependencia.
Por contra, el parlamentario socialista Pablo Camacho ha hecho hincapié en que son "idóneos" para seguir reconstruyendo el Estado del Bienestar, después de que el Ejecutivo socialista se encontrara a su llegada un sistema de dependencia "desmantelado" y ha resaltado que Castilla-La Mancha ha reducido la lista de espera y el limbo de la dependencia en un 31 % y un 77 %, respectivamente.
Por su parte, la diputada del grupo parlamentario de Ciudadanos Úrsula López ha señalado que los datos "alertan" de que crecen las desigualdades en la región y ha agregado que los gastos que se presupuestan son "irreales" porque los ingresos no se van a cumplir, al tiempo que ha denunciado que en Castilla-La Mancha, por cada euro que se invierte en servicios sociales, aumenta en más de tres euros la deuda.