El sindicato CCOO ha interpuesto demandas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha tras la creación, por parte del Gobierno regional, del decreto del Estatuto de la Dirección Pública Profesional y la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario y eventual que, entre otras cosas, ha supuesto la creación de 21 puestos de asesores de comunicación "para llevar las redes sociales de las Consejerías, cuando éstas no tienen perfil de Facebook, solo de Twitter, y no todas".

Así lo ha explicado el coordinador del Sector Autonómico de CCOO Castilla-La Mancha, Ramón González, que en rueda de prensa ha recordado que la modificación de esa RPT "ya dio mucho que hablar en el momento de la aprobación" el pasado mes de septiembre, pues aumentaba en más de 100 puestos de libre designación y en 21 puestos la plantilla de asesores de comunicación en la Junta de Comunidades, cuyo cometido fundamental era llevar el Twitter en las consejerías y un aumento sustancial en el puesto de miembros de gabinete sobre todo de la Vicepresidencia.

Según González, la negociación de dicha modificación, que "ha supuesto un aumento en el capítulo 1 de más de seis millones de euros", ha sido "más que discutible", pues "se produjo en pocos días, con escasa documentación y con muy poco margen". "Además están las escasas motivaciones a la hora de crear muchos puestos, que han sido más que evidentes, llegando a duplicar puestos que han sido impugnados por CCOO por duplicidad de funciones", ha añadido.

También ha denunciado el responsable de CCOO que "por cada uno de esos 21 puestos la Administración regional paga 55.000 euros más seguros sociales para llevar las redes sociales de las consejerías, cuando éstas no tienen perfil de Facebook, solo Twitter, y no todas". "La creación de alguno de estos puestos está motivado de forma laxa y poco clara, pero la mitad de ellos no está justificada", ha denunciado.

Cóctel de arbitrariedad

"Todo esto forma un cóctel de la arbitrariedad, de clientelismo y de nepotismo y una forma de gobierno que CCOO no puede compartir y que pasa por ir engordando una administración paralela. Abogamos por la cobertura de estos servicios por parte de personal laboral y funcionario y el Gobierno lo que hace es seguir aumentando este tipo de puestos", ha criticado Ramón González.

Dicho esto, ha añadido que, desde el punto de vista judicial los 21 puestos de asesor "son especialmente duros de asumir" pues la jurisprudencia del TSJCM "deja muy claro que su creación ha de estar muy bien motivada y justificada y significa la evidencia de la imposibilidad de que estos puestos sean asumidos por personal funcionario".

En el caso del Estatuto de la Dirección Pública Profesional, CCOO considera que se ha aprobado incumpliendo la normativa básica, pues el Ejecutivo regional ha omitido trámites esenciales que marca la normativa estatal como el hecho de sacarlo a información pública. "Además, excluye total y absolutamente la negociación de la RPT del personal de alta dirección, y siembra la vía para oscurantismos políticos al haber total ausencia total de transparencia en lo que tiene que ver con estos puestos".

"La tercera razón para recurrirlo es que abre una autopista para que estos puestos sean prestados por personal que no tiene carácter de personal funcionario o laboral", ha dicho González, que ha añadido que CCOO tiene el convencimiento claro de que este estatuto "incumple la ley de Empleo Público de 2011, el propio texto refundido del Estatuto del Empelado público y la Ley de Procedimiento Administrativo 39/2015".

Una carcajada

"Desde el punto de vista sindical y político la aprobación de este decreto es una carcajada del Gobierno regional hacia los empleados públicos, pues la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha contemplaba muchas materias para su desarrollo reglamentario, una fundamental como es la carrera profesional, que en muchos territorios del Estado ya está desarrollada y en Castilla-La Mancha todavía no se ha puesto encima de la mesa para los funcionarios de la Junta de Comunidades".

Tras criticar que también queda por desarrollar el 'Grupo B', el desarrollo de compatibilidad y otras cuestiones que no se han abordado aún, González ha lamentado que "lo único que el Gobierno ha puesto encima de la mesa es un decreto de personal directivo que abre una autopista para que entre personal no público a gestionar estos servicios. Y lo hace aumentando en un 10 por ciento el salario de este personal, por medio de un subterfugio que es un complemento de productividad que puede alcanzar hasta un 10 por ciento de la masa salarial".

Por lo tanto, ha dicho Ramón González, "CCOO tiene elementos más que razonados y suficientes para impugnar este decreto, que va directo a la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha porque tiene carácter normativo".

Por último, González ha indicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha "ha decidido prescindir de los sindicatos y cuando ha planteado aprobar alguna medida graciosa, lo ha hecho de forma unilateral como el tema de la Incapacidad Temporal o la bolsa de conciliación, que no son fruto de acuerdos estatales negociados".

Así las cosas, y tras afirmar que con la mayoría absoluta el Ejecutivo "se siente más cómodo" para llevar a cabo estas acciones, el coordinador del Sector Autonómico de CCOO-FSC CLM ha avisado al Gobierno castellano-manchego de que "si no da marcha atrás CCOO explora vías jurídicas para cerrar la puerta a la arbitrariedad". "Confiamos en poder pelear en los tribunales lo que el Gobierno no ha querido discutir en mesas de negociación", ha defendido González.