El Ministerio del Interior reforzará con 240 guardias civiles y policías nacionalesla seguridad de las 15 cárceles de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha, que se quedarán sin vigilantes privados para su control exterior a partir del 1 de enero, tal como informa este miércoles el diario El País. La quiebra de la empresa que prestaba el servicio, Ombuds, y la negativa de otras compañías a presentarse al concurso convocado para sustituirla ha obligado a Interior a tomar una medida excepcional que esperan sea provisional.

El problema ha resurgido tras convocar Interior un concurso para cubrir la seguridad privada de las 68 cárceles dependientes de la Administración Seguridad del Estado, incluidas las de estas 15 prisiones. Con él se pretendía cubrir los 937 puestos de vigilantes de seguridad que en la actualidad apoyan la labor que hacen 3.643 guardias civiles —1.500 de ellos dedicados a realizar traslados de presos entre cárceles o a los juzgados y hospitales, las llamadas conducciones— y 215 policías nacionales, además de 23.000 funcionarios de prisiones que se encargan de la seguridad interior de los centros penitenciarios.

El concurso, que obligará al Estado a desembolsar 37 millones de euros el próximo año —prorrogable otro más con un gasto total previsto de 64 millones— dividió las prisiones en cinco lotes y se invitó a 11 empresas para que presentaran sus propuestas, asegura El País. Cuatro de los lotes fueron adjudicados el pasado noviembre, según el expediente del concurso a la que ha tenido acceso el diario de Prisa.

Sin embargo, el correspondiente a las 15 cárceles de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha, valorado en 8,3 millones de euros, quedó desierto al no presentarse ninguna oferta, según recoge esta documentación. Fuentes de Interior aseguran que un grupo de empresas intentó presentarla en el último momento, pero, al no cumplir los requisitos legales para actuar como UTE (Unidad Temporal de Empresas), quedó descartada.

El ministerio ha iniciado ya un nuevo expediente para sacar a concurso la seguridad privada de estas 15 cárceles, que espera adjudicar a finales de enero, aunque admiten que “será difícil”. Según estas fuentes, la empresa que se adjudique el lote debe asumir tanto a los 200 trabajadores de Ombuds que desempeñarán hasta final de año las labores de vigilancia como la deuda “millonaria” que esta compañía tiene con la Seguridad Social por los seguros sociales de los mismos. “Esto convierte el contrato en poco atractivo. Si queda desierto, se mantendrá el despliegue de policías y guardias civiles”, añaden.