El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, expresó este viernes en rueda de prensa su temor a que el ministerio para la Transición Ecológica pretenda modificar las actuales reglas de explotación del trasvase del Tajo tras dos trasvases cero. En el tradicional desayuno informativo de navidad, Jiménez, a preguntas de los periodistas, confesó que le "surgía un miedo" tras conocer la última orden ministerial, que limita por segundo mes consecutivo la cesión de agua al consumo humano.



Recordó que cada vez que se ha modificado cualquier normativa que tiene que ver con el acueducto ésta siempre "iba a peor" y dijo que "lo que no es normal es que la normativa deje tanta manga ancha al político", en alusión a las decisiones que adoptan los altos cargos del ministerio desoyendo los informes técnicos de la Comisión Central de Explotación del Acueducto que aconsejaban un trasvase.

Además, ha advertido que los regantes del Levante español calculan una indemnización de 22.000 millones de euros para las 142.000 hectáreas de regadío agrícola si no llega el agua del trasvase del Tajo y se decide cambiar el modelo productivo a tenor de la última orden del ministerio para la Transición Ecológica, que argumenta perjuicios al mar Menor para no derivar agua de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara).



"Vengo oyendo hablar de cambiar el modelo productivo pero no escucho a nadie decir a qué se cambia y qué quieren que plantemos aquí", remarcó, y dijo que es "una querella por prevaricación de libro" impedir que por ejemplo un regadío de Elche (Alicante) no obtenga agua del trasvase porque perjudicaría al mar Menor (Murcia).



La citada orden "hace pensar que ningún regadío levantino va a recibir agua hasta que no se solucione el problema del mar Menor", señaló Jiménez, quién indicó que solamente en el campo de Cartagena próximo a la laguna salada hay 42.000 hectáreas de las que dependen miles de familias a las que esta situación supondrá un drama social, por lo que pidió soluciones técnicas para que puedan seguir trabajando sin que suponga un "crack" económico para toda la zona.



A su juicio, la orden ministerial "quiebra totalmente el conjunto del regadío de la Región", y anunció que todo el Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura no va a dejar solo a los regantes del campo de Cartagena porque "si se rompe la unidad todo esto se habrá terminado".



Si en el año hidrológico anterior se han llegado a trasvasar 313,6 hectómetros cúbicos de agua, cien de ellos al abastecimiento humano, en los dos últimos meses se ha aprobado un trasvase cero al regadío del Levante aún cuando las previsiones del Cedex eran de poder derivar hasta 108 hectómetros en el primer semestre.



Las previsiones del SCRATS es de obtener 22,13 hectómetros cúbicos de aguas propias de la cuenca del Segura que se mueven a través de la infraestructura del post-trasvase, a lo que se sumarían otros 11,53 hectómetros del remanente de los pozos de sequía dado que ya no hay decreto de sequía y 29 más del remanente del año anterior de la desaladora de Torrevieja (Alicante), a lo que se sumarían otros 79 este año.



En este sentido, precisó que el conjunto del regadío del trasvase está interconectado por medio de permutas entre los regantes más próximos a las plantas desaladoras y los que están en otras zonas a las que no puede llegar el agua desalada, pero el impedir que llegue agua del trasvase hace que ese sistema no pueda funcionar.