El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este viernes la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020, que entrará en vigor el día 1 de enero "con los objetivos fundamentales de generar riqueza, incentivando para ello el crecimiento económico y la creación de empleo, y de blindar y fortalecer los servicios públicos que configuran el Estado de bienestar".
Los presupuestos de 2020, cuyo montante total asciende a 10.505,1 millones de euros, crecen un 6,3 por ciento hasta superar los 8.000 millones de gasto no financiero, lo que permite disponer de 483,5 millones de euros adicionales con respecto a los presupuestos de 2018, los últimos aprobados, según ha informado la Junta en nota de prensa.
El primero de los objetivos de estos presupuestos es generar riqueza para lo que se incentiva el crecimiento económico, así como la creación y consolidación del empleo; se promueve el cambio del modelo productivo aumentando la capacidad de innovación y la digitalización de las empresas; se fomenta la mejora de la competitividad y el crecimiento del tejido empresarial y se apuesta por la sostenibilidad ambiental como eje del desarrollo económico en la región.
El segundo objetivo estratégico es redistribuir la riqueza generada para finalizar la recuperación y consolidar el Estado de Bienestar; mejorar la calidad y la modernización de los servicios públicos y apoyar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, mejorando la situación socioeconómica de la mujer.
Ambos objetivos estratégicos se han de complementar con un tercero que tiene carácter transversal y que es la lucha contra la despoblación y el declive demográfico.
Además, estos objetivos se han de desarrollar desde el diálogo social, cumpliendo con los objetivos de estabilidad presupuestaria, que prevén que en el ejercicio 2020 el presupuesto esté equilibrado y, por lo tanto, el déficit sea cero y también cumpliendo los compromisos adquiridos con los ciudadanos.
Para la consecución del primero de los objetivos, incentivar el crecimiento económico y la creación de empleo, los presupuestos para 2020 destinan 422,8 millones, un 9,4 por ciento más.
La financiación para potenciar la I+D+I y las nuevas tecnologías asciende a 119,2 millones, un 7,5 por ciento más, dado que se trata de una política imprescindible para incrementar la capacidad productiva de la región y la competitividad empresarial.
Todo ello es compatible con el mantenimiento de los recursos destinados a Agricultura y Medio Ambiente que, con 1.400 millones, absorben cerca de un 20 por ciento del presupuesto y son la tercera partida de gasto más importante de estos presupuestos.
También el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha valorado que por primera vez en los últimos ocho años se superan los 200 millones de euros en inversión, con una variación respecto a 2018 del 15,7 por ciento, dos veces y media más que el crecimiento del presupuesto no financiero.
15,3 MILLONES AL DÍA PARA FINANCIAR EL ESTADO DE BIENESTAR
Se destinan más de 5.600 millones a financiar el Estado del Bienestar, lo que supone el 71,2 por ciento del gasto no financiero o, lo que es lo mismo, más de siete de cada diez euros del presupuesto.
Con un incremento del gasto social del 8 por ciento, es decir, por encima del 6,3 por ciento que crece el gasto no financiero, el Gobierno de Castilla-La Mancha destinará cada día 15,3 millones para el Estado del Bienestar.
Dentro del conjunto de gasto social, la partida de sanidad alcanza prácticamente los 3.000 millones de euros, a gasto educativo se destinan cada día cinco millones de euros y los servicios sociales crecen un 8,4 por ciento, dos puntos más que el gasto no financiero.
Para lograr la mejora de la calidad y la modernización de los servicios públicos fundamentales, los recursos humanos y los recursos materiales son los dos factores más importantes.
Así, el gasto en personal para los servicios públicos fundamentales asciende a 3.097 millones de euros, más del 90 por ciento del gasto de personal total de la Junta; mientras que las inversiones para infraestructuras de carácter social ascienden a 129 millones, creciendo un 36 por ciento.
LEY DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y TRIBUTARIAS
Por otra parte, el DOCM también publica este viernes la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias que, complementando a la Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2020, contribuirá a dinamizar la economía, gracias a la prestación de unos servicios públicos más eficientes y eficaces y a mejorar la gestión en materia tributaria.
Esta ley, que entrará en vigor en 20 días, fue aprobada en el último pleno del primer periodo de sesiones de la X legislatura y regula, con un carácter puramente técnico, un paquete de medidas de naturaleza administrativa y tributaria, que se dividen en dos grandes bloques.
El primer bloque recoge una serie de medidas cuyo objeto es promover un funcionamiento más eficiente de la Administración regional, tanto en el ámbito de la igualdad, la lucha contra la violencia de género y la dependencia, como en materia de personal, turismo y juego.
Todas estas modificaciones se unen a las establecidas en el segundo bloque, de naturaleza tributaria, que incluyen una serie de medidas, que mejoran la redacción de algunos de los artículos para la correcta aplicación de determinados impuestos y para la mejor comprensión de la legislación tributaria por parte de la ciudadanía.
Entre las tres disposiciones adicionales que incluye esta ley, cabe destacar, porque afecta a la calidad presente y futura del sistema sanitario de Castilla-La Mancha, aquella que posibilita, como han hecho otras Comunidades Autónomas, eximir del requisito de la nacionalidad a licenciados sanitarios para acceder a la condición de personal estatutario, tanto fijo como temporal.
Además, la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias también incluye algunas medidas en el ámbito de la función pública, que han sido introducidas en el transcurso de su tramitación parlamentaria.
En primer lugar, gracias a esta ley los empleados públicos recuperarán la indemnización por incapacidad temporal, lo que les permitirá alcanzar el cien por cien de las retribuciones fijas y periódicas que vinieran percibiendo en el mes anterior al inicio de la incapacidad temporal.
También se mejorará, con una modificación puntual de la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha, el acceso de las personas con discapacidad a la función pública, adaptando los temarios y los procesos selectivos a las personas con discapacidad intelectual, tal como se ha estado tratando con las organizaciones que atienden a estas personas.
Otra de las medidas que se han introducido en relación con la función pública tiene por objeto que aquellos empleados públicos en servicios especiales en la Administración regional puedan consolidar su grado, a fin de que su decisión de servir a los ciudadanos desde un alto cargo público no perjudique su carrera ni su promoción profesional, tal como sucede en otras administraciones públicas.
Además, con esta ley se ha introducido la posibilidad de que los funcionarios municipales que se dedican en exclusiva a ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano puedan optar a una plaza de Policía Local por el sistema de promoción interna y mediante el procedimiento de concurso-oposición, si así lo decide el Ayuntamiento en el que trabajan y siempre que cumplan con el resto de requisitos establecidos para el acceso a agente municipal y que superen el curso de formación inicial que imparta la Escuela de Protección Ciudadana.