El jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha admitido este lunes que será "compleja" la gobernabilidad en esta legislatura porque no tienen mayoría parlamentaria, pero ha dicho que tienen algo "valioso" como es la "voluntad de hacer camino al andar" y dialogar para "forjar una mayoría día a día, ley a ley". "Lo vamos a hacer con un solo gesto, el gesto de hablar", ha enfatizado.
Previamente, Pablo Iglesias ha señalado que el "reto fundamental" del nuevo Ejecutivo será "convertir ese 'sí se puede'" de los movimientos sociales en políticas activas de gobierno. Además, ha subrayado que el programa de Gobierno combina la "experiencia" del PSOE con la "frescura" de Unidas Podemos para "afrontar una etapa histórica".
Sánchez e Iglesias, que han posado sonrientes en el Congreso y se han dado un apretón de manos ante los medios gráficos, han comparecido arropados por cargos de PSOE y Podemos. Por parte de los socialistas, Adriana Lastra, María Jesús Montero, Rafael Simancas y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. También han asistido Pablo Echenique, Alberto Garzón y Juantxo López de Uralde, entre otros.
Antes de esta comparecencia sin preguntas, una veintena de informadores han expresado su protesta ante la imposibilidad de acceder a la estancia --conocida como sala Chimenea-- en la que Sánchez e Iglesias han presentado su programa de gobierno.
Iglesias ha afirmado que el documento firmado en sí mismo es "histórico" después de una década "perdida en muchos aspectos", con "recortes sociales" durante la crisis y "en términos de derechos y libertades". Además, ha señalado que el "conflicto territorial ha sido una realidad permanente y muy mal gestionado por la derecha".
Eso sí, ha indicado que también ha sido una "década de esperanza" con el nacimiento del Movimiento 15M, las Mareas que han "defendido los servicios públicos", el movimiento feminista o el de los pensionistas. Según ha añadido, esos colectivos han dicho a las fuerzas políticas estos años que las cosas "se podían hacer de otra forma" y que "sí se puede".
"Creo que el próximo Gobierno tendrá como reto fundamental convertir ese 'sí se puede' en políticas activas de gobierno", ha exclamado, para subrayar que se trata del "primer gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia".
Iglesias ha señalado que el objetivo del Gobierno debe ser convertir España en "un referente en Europa y en el mundo de políticas de justicia social, que combatan en serio el cambio climático y de políticas feministas".
Según ha insistido, España tiene que ser un "referente de modernidad en este sentido" y que ofrezca "seguridad a los sectores sociales más vulnerables como mejor vacuna frente al crecimiento de la extrema derecha en Europa, que es probablemente la mayor amenaza a las democracias europeas".
Después ha tomado la palabra Sánchez, que ha coincido con Iglesias que el Gobierno debe avanzar en defensa de la cohesión social y la desigualdad, la conquista de nuevos derechos y libertades, y afrontar desafíos como la digitalización o el cambio climático.
También ha apostado por avanzar en la "cohesión territorial desde al diálogo, el acuerdo y en entendimiento entre diferentes". "Avanzar en definitiva es lo opuesto al bloqueo y la parálisis, es sacar a España adelante y progresar todos juntos sin dejar a nadie atrás", ha manifestado, para reivindicar los "valores colectivos" de lo que les une como país como un "fundamento de la política útil".
En este sentido, ha apelado a la "política útil y que sirve a la sociedad" y ha señalado que el "tronco" del programa conjunto de PSOE y Unidas Podemos es "la idea de progreso". "Es un programa de una coalición progresista pensado para hacer progresar a un país que lo tiene todo para ser aún mejor de lo que es hoy", ha aseverado.
Sánchez ha señalado que quieren construir una España "mejor, más justa y solidaria" con compromisos "claros y concretos", así como con una "hoja de ruta transparente". Y ha resaltado que quieren "ir más allá de compartir un Consejo de Ministros" --que va a ser "inédito" en España-- compartiendo "políticas", "propuestas" e "ilusión por mejorar" el país. Según ha agregado, el "reto es enorme" porque tienen un país "extraordinariamente diverso en lo territorial y también en lo ideológico".
Por eso, ha reconocido que será "compleja" la gobernabilidad pero "en modo alguno la imposibilita". "Donde algunos ven una excusa para el bloqueo, yo en cambio veo estímulo y una gran oportunidad para hacer las reformas que necesita nuestro país. Y nosotros no vamos a rendirnos en ese empeño", ha avisado, para situar en el campo del bloqueo a partidos "de mucha índole" como la "derecha, la ultraderecha", y "fuerzas independentistas y nacionalistas", pero
Sánchez ha subrayado que el acuerdo obedece a una nueva "normalidad institucional" que ya está presente en otras democracias europeas. "Los gobiernos de coalición son parte de esa normalidad que tenemos que asumir con inteligencia y con generosidad. Y ante todo, con vocación de compartir el poder para fortalecer las instituciones", ha afirmado.
En este punto, ha reiterado que el acuerdo es una oportunidad para "regenerar" la política "útil" al servicio de la gente. Y aunque ha dicho que no cuentan con mayoría parlamentaria, sí que tienen la "voluntad y la determinación de forjar una mayoría día a día, ley a ley, presupuesto a presupuesto con hechos concretos".
"La voluntad en definitiva de hacer camino al andar", ha dicho, para agregar que ahora se trata de que el Parlamento les permita empezar a caminar con la investidura. Dicho esto, ha pedido a las demás fuerzas que se sumen "al avance y no al bloqueo", que se sumen al "diálogo y no a la confrontación".
Tanto Sánchez como Iglesias se han lanzado piropos mutuos durante esta comparecencia y han agradecido la "generosidad" que han demostrado ambas partes para poder lograr este acuerdo "ambicioso, valiente y, por encima de todo progresista".
El presidente del Gobierno en funciones ha destacado la "enorme dosis de responsabilidad" que Unidas Podemos ha "demostrado en estos meses tan difíciles" pero que han llegado al final "a buen puerto". Además, ha destacado que los negociadores hayan podido "conciliar" los "intereses" de todos.
Por su parte, el líder de Podemos ha señalado que será para su partido será un "honor" que Sánchez sea su presidente y "compartir" gobierno con "los hombres y mujeres del Partido Socialista". "Estamos deseando ponernos a trabajar lo antes posible. Ojalá la investidura sea pronto", ha apostillado.
En esta línea Sánchez ha dicho que espera que "más pronto que tarde" puedan "hacer realidad" esta voluntad de "proyectos y energías" que están dispuestos a poner en marcha en cuanto tengan la confianza mayoritaria de la Cámara.
Derogación de parte de la reforma laboral
El PSOE y Unidas Podemos han acordado en su programa de Gobierno de coalición derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP de 2012, garantizar la revalorización de las pensiones conforme al IPC y subir el Salario Mínimo hasta el 60% del salario medio en España, así como una subida de impuestos a las rentas más altas.
Así figura en el documento de 50 páginas titulado 'Coalición progresista, un nuevo acuerdo para España', que han presentado este lunes los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en el Congreso de los Diputados, antes de la investidura de Sánchez como presidente de dicho Ejecutivo de coalición.
Ambas formaciones se comprometen a recuperar los derechos laborales "arrebatados" por la reforma laboral de 2012 y derogar con carácter "urgente" aspectos como la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad y las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.
También prometen derogar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales y modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, entre otros.
Contratación
Como ya anunció el propio Gobierno, se elaborará un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, previo diálogo con agentes sociales. En materia de contratación, planean limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y revisar el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.
El documento recoge el objetivo de simplificar y reordenar el menú de contratos de trabajo, reforzando el principio de causalidad en la contratación temporal y las sanciones aplicables a su uso fraudulento de forma que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceso al empleo; y revisar la normativa sobre trabajo a tiempo parcial para prevenir su uso fraudulento.
Igualmente, se explorarán las opciones posibles para reducir la dualidad, favoreciendo el uso del contrato fijo discontinuo para actividades cíclicas y estacionales, y se revisarán las causas del despido. También se revisarán los contratos formativos y se aprobará y desarrollará el Estatuto del Becario, limitando el encadenamiento de periodos de prácticas y estableciendo un porcentaje máximo de becarios en empresas.
Estas medidas se acometerán el paralelo a un impulso de la lucha contra el fraude laboral y a la mejora de la efectividad y la eficiencia de las políticas activas de empleo y la simplificación del sistema de protección por desempleo.
SMI y pensiones
Igualmente, se comprometen a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España, tal y como recomienda la Carta Social Europea, lo que previsiblemente elevaría el SMI hasta los 1.200 euros al final de la legislatura.
De esta forma, se convocará la mesa del dialogo social al objeto de promover un acuerdo que será la base para la propuesta del Gobierno y se creará una Comisión asesora del Ministerio de Trabajo y a disposición del diálogo social, compuesta por expertos, sindicatos y empresarios, que estudiará la evolución del SMI. Se tendrá en cuenta el IPC, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica.
Sobre las pensiones, se garantiza su actualización conforme al IPC real mediante ley de forma permanente y el aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas y, para ello, eliminarán el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones.
Reforma de la seguridad social
De igual forma, está prevista la reforma del sistema de la Seguridad Social, en el marco del diálogo social y del Pacto de Toledo, para garantizar sus sostenibilidad a medio y largo plazo, con medidas para asegurar el aumento de los ingresos, descargando a la Seguridad Social de gastos "impropios" y revisan las bonificaciones a la contratación con el objetivo de reducirlas.
La reorganización de la Seguridad Social para dotar de mayor eficacia a la gestión con menores costes es otro de los puntos fijados en el documento, en el que también se incluye el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital como prestación de la Seguridad Social.
La idea es comenzar en un primer momento por el aumento decidido de la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos. También se subirá el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), la referencia para la asignación de ayudas.
Autónomos
Para los autónomos se proyecta una mejor cobertura y la gradual equiparación de los derechos de este colectivo con los de los trabajadores por cuenta ajena. En detalle, se establecerá un sistema de cotización por ingresos reales, sobre la base de la información fiscal, que les comportará mayor protección social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación.
También se evaluará el actual régimen especial del criterio de caja en el IVA para proceder, en su caso, a su revisión para, dentro de los límites de la directiva armonizada, hacerlo "atractivo" para autónomos y pequeñas empresas, y se constituirá el Consejo del Trabajo Autónomo.
Subida de impuestos a rentas altas
Respecto al ámbito fiscal, PSOE y Unidos Podemos mantienen en gran parte las medidas recogidas en el fallido proyecto de Presupuestos de 2019, con algunas pequeñas variaciones. Así, en Sociedades fijarán una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. En cambio, las pymes que facturen menos de un millón de euros pasarán de tributar de un tipo del 25% al 23%.
Se limitarán las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades, reduciendo en un 5% las referidas exenciones, en concepto de gastos no deducibles en el impuesto, de gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial.
En IRPF, se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en cuatro puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros. Además, "se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo".
También se mantiene la aprobación del impuesto sobre determinados servicios digitales ('Tasa Google') y a las transacciones financieras ('Tasa Tobin'), así como nueva fiscalidad verde sin que recaiga sobre clases medias, autónomos y pymes.
Se promoverá a nivel europeo el establecimiento de un mecanismo de compensación del CO2 en frontera para las importaciones y en el IVA se reducirá el tipo de gravamen de IVA de los servicios veterinarios y de los productos de higiene femenina.
Otro aspecto es la revisión del régimen fiscal de cooperativas y sociedades laborales y la reforma del régimen jurídico y fiscal de las 'socimis', aplicando un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos.
Daños ambientales y agua
De igual modo, el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos incluye la creación de un fondo de compensación por daños medioambientales, a partir de los recargos en las pólizas de seguro obligatorias a operadores con actividades económicas susceptibles de ocasionar estos perjuicios. Además, han acordado prohibir la contraventa de los derechos del agua.
Entre las medidas que se incluyen en materia de transición ecológica, PSOE y Unidas Podemos se comprometen a crear este Fondo de Compensación de Daños Medioambientales con el objetivo de "extender en el tiempo la cobertura de tales daños, de forma que, vencido el seguro, los daños pasan a cubrirse con cargo al Fondo por un tiempo adicional igual al que estuvo vigente la póliza, con un límite de 30 años".
Del mismo modo, han acordado aprobar una Ley de base reguladora del ciclo integral del agua. Esta última supone una modificación de la normativa de contratación pública para reducir los límites de duración de los contratos futuros de gestión indirecta y el estudio de la reversión de las concesiones que no cumplan con la legislación vigente.
Plan de movilidad
También en materia de agua, las dos formaciones anuncian un Plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización. En este sentido, el texto recoge la apuesta del futuro Gobierno por la racionalización del uso del agua o su intención de impulsar un Plan director de regadíos, así como su compromiso con el acceso al agua como un derecho humano y no como uno mercantil. "Se prohibirá, por tanto y como parte de este principio, la compraventa de derechos concesionales del agua", apuntan PSOE y Unidas Podemos.
Entre las iniciativas relacionadas con la transición ecológica incluyen también una actualización de la Ley de Costas, ampliar la red de espacios protegidos, un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente, impulsar una Ley de Bienestar animal o un Plan de Movilidad sostenible.
En este sentido, el acuerdo incluye una ley sobre esta materia, que incluya un "esquema de ayudas económicas" para el vehículo eléctrico y la financiación del transporte públicos, poniendo especial énfasis en la sostenibilidad económica de las áreas metropolitanas, entre otras iniciativas.
Renovables
Dentro de esta firma, PSOE y Unidas Podemos han acordado también objetivos concretos para la descarbonización de la energía en las próximas décadas: alcanzar en 2040 el uso de entre el 85% y el 95% de energía renovable, como paso previo a alcanzar el 100% en 2050.
Socialistas y 'morados' han llegado a un acuerdo en esta materia, en la que no coincidían en sus programas electorales para las elecciones del pasado 10 de noviembre.
Los objetivos incluidos en el nuevo documento acordado son los que proponía el equipo de Sánchez hace más de un mes, frente a los de Pablo Iglesias que querían lograr un uso energético al 100% renovable en 2040. Ahora, Unidas Podemos rebaja estas expectativas en aras de formar parte del Gobierno.
Unidas Podemos también ha renunciado a poner fecha al cierre de las centrales nucleares, que en su programa electoral para el 10 de noviembre se fijaba para 2024. El PSOE sólo señalaba en su programa que la transición hacia una energía descarbonizada pasaba por un "calendario adecuado" para el cierre de estas plantas.
Este documento acordado, sí recoge la necesidad de desarrollar planes de acción urgente para las comarcas afectadas por el cierre de centrales de carbón y centrales nucleares con calendario conocido, con el objetivo de establecer escenarios estables, predecibles
y competitivos para estas áreas.
"Techo" a los alquileres
El Gobierno de coalición que han pactado el PSOE y Unidas Podemos se compromete a frenar las "subidas abusivas del alquiler" y, para ello, en las zonas más tensionadas, se habilitará a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que, a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento, puedan poner "techo" a las subidas mediante un índice de precios de acuerdo a una metodología "objetiva y sujeto a revisión periódica".
Así figura en el documento de propuestas que han suscrito ambos partidos, en el que se indica que actualmente España está empezando a asistir a un incremento paulatino de los precios del alquiler, singularmente en determinadas zonas del país, lo que pone de manifiesto la necesidad de abordar medidas para asegurar el acceso a la vivienda a precios razonables.
Así, se tomarán en cuenta los avances de aquellas comunidades autónomas que tengan definido un sistema de Referencia de Precios del Alquiler, agilizando los mecanismos que hagan posible su puesta en marcha, y en el caso de los ayuntamientos que así lo consideren, podrán declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento "abusivo y sostenido" de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho a una vivienda.
El objetivo de los índices de referencia, según el documento, es que los ayuntamientos y/o comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en
alquiler.
Por ello, contempla la suscripción de "convenios bilaterales" con las ciudades donde se dan situaciones "de mercado tensionado" del precio del alquiler que permita hacer frente a las necesidades específicas en materia de vivienda, y en dichos convenios se establecerán las obligaciones de las partes firmantes.
Sacar al mercado la vivienda vacía
Asimismo, ambos partidos apuestan por establecer un marco legal que defina los conceptos de 'vivienda vacía' y 'gran tenedor de vivienda' y ponga a disposición de las comunidades autónomas y los municipios distintas herramientas para su detección y diagnóstico.
A su vez, se definirá una política específica en esta materia, que permita establecer en los distintos supuestos del fenómeno (inhabitabilidad, grandes tenedores, inseguridad para su alquiler, etc.) las medidas más adecuadas: fiscales, sancionadoras, de aseguramiento o estímulo, para movilizar vivienda vacía, en un marco donde los grandes tenedores de vivienda colaboren con la Administración competente para poner a disposición del
mercado de alquiler la vivienda vacía a precio razonables.
SAREB y alquileres sociales
Con la misma finalidad, el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos elaborará un plan de actuación de la Sareb para garantizar la firma de convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos que impulsen la utilización de viviendas para alquileres sociales.
En materia de vivienda de protección pública se comprometen a elaborar una normativa que garantice su explotación "únicamente" para alquiler de personas vulnerables, "evitando que sean vendidas o explotadas por 'fondos buitre'", al tiempo que se movilizará suelo público para vivienda en alquiler social o asequible, coninstrumentos financieros a través del ICO y el BEI para la promoción de viviendas en alquiler.
Junto con los convenios bilaterales en las ciudades con los precios de alquiler más altos, PSOE-Podemos reorientarán el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para impulsar el alquiler asequible y la rehabilitación en coordinación con las comunidades autónomas. Para ello, se movilizará el suelo público que se encuentre disponible, se facilitará una línea de financiación para que las comunidades autónomas puedan ejercer los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de viviendas adquiridas y se adoptarán medidas para agilizar los trámites en la concesión de licencias.
Protección a las personas hipotecadas
El programa de Gobierno en materia de vivienda también contempla medidas de protección a las personas hipotecadas, como la mejora de la transparencia de las condiciones de contratación y de sus implicaciones económicas y jurídicas, al tiempo que el procedimiento de ejecución hipotecaria deberá garantizar todos los medios de defensa y de prueba para la protección del deudor hipotecario, de acuerdo con lo que establece lanormativa europea.
Igualmente, se impulsarán los mecanismos para la reestructuración viable de las deudas hipotecariassobre la vivienda habitual de los deudores de buena fe en situación de vulnerabilidad, y se reforzará la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales en caso de ejecución hipotecaria para evitar las situaciones de desamparo y exclusión residencial.
Por último, ambos partidos se comprometen a poner en marcha un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas, complementario al Plan Estatal de Vivienda, que incluya financiación específica para la vivienda destinada al alquiler, incluyendo a pequeños propietarios que rehabiliten sus pisos y los pongan en alquiler a precios asequibles.
El plan, que tendría una duración de cuatro años, tendrá como objetivo la rehabilitación de viviendas para la eficiencia energética, la reducción de la factura de la luz y la accesibilidad e incluirá ayudas destinadas prioritariamente a edificios ubicados en zonas menos pobladas y de colectivos vulnerables. Las empresas también se beneficiarán de este plan de rehabilitación a través de programas de apoyo financiero para la adopción de tecnologías más eficientes.
Educación: Religión no contará para la media
En materia educativa, las dos formaciones han acordado en su programa de gobierno de coalición que la asignatura de religión será de carácter voluntario para los estudiantes, sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable a efectos académicos.
La relacionada con la asignatura de religión es una de las más diez medidas relativas a la educación y entre las que destacan también que se promoverá "la coeducación en todo el sistema educativo, impidiendo la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos".
En este sentido, PSOE y Unidas Podemos han acordado que se asegurará que todos los centros privados concertados informan al alumnado y familias de que las aportaciones son voluntarias y nunca condicionan la prestación del servicio educativo.
En esta materia, las dos formaciones políticas han acordado también la derogación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), aprobada por el PP en el año 2013; elaborar un Plan contra el fracaso escolar y el abandono escolar prematuro, y otro Plan de Mejora de la Convivencia para la Prevención del Acoso (bullying) y la Violencia en los Centros Educativos junto con las comunidades autónomas.
Asimismo, se comprometen a garantizar la gratuidad "real y efectiva" de la educación obligatoria (libros, material escolar y comedor) durante todas las etapas para familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica; así como a potenciar la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo, conforme a un enfoque de derechos, de igualdad y libertad.
En el documento recogido por Europa Press, también aseguran que desarrollarán una Estrategia de Digitalización en Educación y Formación Profesional; y que prestaran especial atención al profesorado y a su carrera docente, reforzando la formación inicial, el sistema de acceso a la carrera y promoviendo estabilidad docente y la evaluación del desempeño de manera acordada con los representantes del sector.
Por otro lado, incrementaran los recursos públicos destinados a la educación y becas hasta situar la inversión educativa en España en un 5% del PIB en el año 2025; y universalizarán el acceso a la Educación Infantil 0-3 años a través de la red pública.
Relación con las comunidades
El acuerdo también abre la puerta a la creación de "nuevos mecanismos intergubernamentales" en los que las Comunidades Autónomas puedan "intercambiar información y pareceres respecto a competencias de titularidad estatal".
Se abre así la posibilidad de poner en marcha un mecanismo diferente al ya previsto en los Estatutos de Autonomía sobre el diálogo entre el Gobierno central y el de una comunidad autónoma, que se traducía hasta la fecha en una Comisión bilateral presidida normalmente por los vicepresidentes de cada Ejecutivo.
PSOE y Unidas Podemos apuestan por profundizar en órganos de colaboración ya existentes entre el Gobierno central y las CCAA como la Conferencia de Presidentes, las Conferencias Sectoriales o los convenios de colaboración de las CCAA con el Estado, si bien se precisa que esto no impide la presencia de procedimientos y órganos bilaterales -ya sea entre el Gobierno central y una CCAA o entre Comunidades Autónomas- para "dirimir un asunto de interés específico para una o varias CCAA".
"En todo caso, esas relaciones bilaterales siempre se regirán por los principios de lealtad y colaboración entre territorios que fija la Constitución", precisa el documento, difundido minutos antes de su firma a los medios de comunicación.
El acuerdo entre el PSOE y Podemos tan sólo hace referencia al conflicto con el independentismo en Cataluña para afirmar que el Gobierno de coalición abordará "el conflicto político catalán impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual".
ERC, de cuya necesaria abstención depende que la investidura de Pedro Sánchez salga adelante, exige la creación de una mesa de diálogo bilateral ad hoc entre el Estado y Cataluña para abordar el actual "conflicto político".
Traspaso de competencias a Cataluña
PSOE y Podemos se comprometen asimismo a dar cumplimiento a los dictámenes del Tribunal Constitucional y a traspasar a la Generalitat aquellas competencias pendientes ya reconocidas en el Estatut de Cataluña como la gestión de becas universitarias, la formación sanitaria especializada, el salvamento marítimo o la ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional.
Los dos partidos también apuestan por mejorar y clarificar la distribución competencial entre el Gobierno central y las comunidades autónomas con el objetivo de llevar a cabo un reparto más claro y preciso que delimite qué competencias pertenecen a cada entidad y reduzca al máximo las competencias compartidas en aras de reducir la ambigüedad actual, que a menudo desemboca en litigios en los tribunales.
"En este sentido, resulta fundamental, de un lado, que las competencias del Gobierno central estén bien configuradas, de tal manera que ello permita la correcta coordinación de las políticas nacionales y el respeto a la igualdad de todos los españoles. De otro, que las comunidades autónomas dispongan de las capacidades necesarias para un autogobierno eficiente a la par que respetuoso con el interés general", expone el documento.
Para asesorar al Gobierno a este respecto, el documento avanza la creación de un comité de expertos en esta cuestión.
Traslado de sedes institucionales
Otra de las novedades que incorpora el acuerdo entre el PSOE y Podemos para un Gobierno de coalición tiene que ver con la voluntad del futuro Ejecutivo para trasladar total o parcialmente las sedes de diversas instituciones y organismos estatales a distintas ciudades, como una medida encaminada a hacer frente al reto demográfico. "Este proceso se hará en diálogo y consenso con las comunidades autónomas y ayuntamientos interesados", señala el texto.
El futuro Gobierno de coalición se compromete a aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica que "resuelva las carencias, asimetrías y ambigüedades del sistema actual", si bien en este punto el texto evita fijarse un horizonte temporal concreto.
"El objetivo es implantar un sistema que permita, de un lado, garantizar la lealtad y la solidaridad entre territorios y la igualdad de todos los españoles y españolas; de otro , asegurar la justa distribución de los recursos públicos y la capacidad de las comunidades autónomas para proveer los servicios y prestaciones sociales que son de su competencia", razona el documento.
PSOE y Podemos avanzan en el texto su intención de introducir criterios territoriales para reducir la desigualdad y garantizar la efectividad de los derechos de las ciudadanos, al tiempo que se comprometen a fortalecer la participación de las comunidades autónomas en las instituciones de la Unión Europea.
En concreto, hablan de revitalizar la actividad de la Conferencia para Asuntos relacionados con la UE (CARUE) y fortaleciendo la participación de las Conferencias Sectoriales en los debates europeos; potenciando las oficinas de representación de las CCAA en Bruselas siguiendo el modelo de la Coordinación de Oficinas Regionales Españolas, impulsando el poder consultivo del Comité de Regiones o mejorando la capacidad administrativa de las CCAA en la gestión de los fondos comunitarios creando equipos permanentes y unidades de apoyos, formando empleados públicos o generalizando el acceso autonómico al sistema de información comunitario CIRCA.
En relación con las Universidades, impulsarán la simplificación de los procedimientos de acreditación de nuevos títulos académicos; pondrán en marcha un pacto por la universidad; revisarán la política de las becas y tasas universitarias; entre otras medidas.