El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha afirmado este lunes que el trasvase Tajo-Segura "ya se ha cerrado, se cerró en noviembre y diciembre de una manera muy grave, por una decisión política unilateral de la ministra Teresa Ribera, en contra de los criterios técnicos", tras lo que ha alertado que "si le damos la oportunidad a Pedro Sánchez cerrará el trasvase, como Zapatero derogó el trasvase del Ebro".

López Miras, en una entrevista en Onda Regional recogida por Europa Press, considera que todo esto "forma parte de una estrategia, porque lo que hace Pedro Sánchez es asfixiar a las comunidades que no tienen presidentes de gobierno socialistas".

Con Murcia lo hace a través de "lo más importante, lo que genera la inmensa mayoría de empleos en la Región, el agua", pero además de una estrategia afirma que es una convicción, porque el PSOE "no cree en el modelo productivo de Murcia, no cree en el agua para Murcia, en las infraestructuras solidarias".

"No soy agorero, no hago guerra ni política con el agua, estaba adelantando lo que iba a pasar, que en el momento en el que se le diera la oportunidad Pedro Sánchez cerraría el trasvase".

Y el secretario general de los socialistas murcianos dice que "no se va a tocar y ya se ha tocado, es incoherente y atemporal ese discurso, el trasvase ya se ha cerrado".

De ahí que los servicios jurídicos de la Comunidad trabajen en la presentación de ese recurso contencioso ante la decisión de la ministra, que estará listo "esta semana o la siguiente". "Es la primera vez en la historia de la Región en la que el Gobierno murciano se ve obligado a acudir a la vía judicial para revocar la decisión de la ministra", ha finalizado.

Contencioso unificado

Por otra parte, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de Murcia, Antonio Luengo, y la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, han acordado este lunes presentar un contencioso-administrativo unificado contra la decisión del ministerio para la Transición Ecológica de no aprobar un trasvase para riego desde el Tajo a la cuenca del Segura en contra de la recomendación de la Comisión técnica que explota el acueducto.



Además solicitan una reunión a primeros de enero con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que explique su decisión, que consideran política y que afecta a tres territorios del país y a un sector económico, al tiempo que pedirán un encuentro con el comisario de Agricultura de la UE, Janusz Wojciechowski, y con el Comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, para explicarles el freno a la desertificación en esa zona de Europa mediante una agricultura sostenible en regiones con déficit hídrico.



Luengo calificó de "sectaria" la decisión de la ministra, a la que Crespo culpó de "poner las cosas difíciles" para poder luchar desde el sur contra el cambio climático en tanto en cuanto tal decisión "absolutamente arbitraria" supone quitar un recurso fundamental a una agricultura sostenible y ecológica, más si cabe cuando los propios técnicos habían propuesto una posibilidad de trasvasar 19,6 hectómetros cúbicos de agua.



"No entendemos su decisión. La vemos como un ataque a un sector productivo", insistió Crespo, quién advirtió a Pedro Sánchez y su Ejecutivo "que digan ya" si la intención última es el cierre del trasvase del Tajo. "Tendrán que decirlo muy claro", añadió.



En la reunión con la ministra le pedirán que rectifique su decisión "por el bien de una agricultura sostenible", mientras que en el encuentro con los comisarios europeos les darán a conocer datos sobre la agricultura de alta calidad que se desarrolla en el Levante español y sobre la lucha contra el cambio climático, siendo Murcia una de las autonomías con mayor porcentaje de reutilización de agua y de depuración de residuales.



De todo lo acordado hoy por ambas comunidades harán partícipe a la Comunidad Valenciana, cuya provincia de Alicante también se ha visto afectada por el último trasvase cero para regadío y, previsiblemente también podría ser el contencioso-administrativo contra tal decisión consensuado con esa autonomía.