El Gobierno de Castilla-La Mancha solicitará al futuro Gobierno central, que se debe conformar tras la investidura del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que la nueva financiación autonómica cubra "el coste efectivo" de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, de forma que se tenga en cuenta la despoblación.

Éste es uno de los temas que el Ejecutivo castellano-manchego abordará con el nuevo Gobierno central, según ha indicado el vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, en un desayuno informativo que ha ofrecido en Cuenca y donde ha reivindicado que la financiación autonómica es una cuestión "clave" para todas las comunidades autónomas y, por lo tanto, también para Castilla-La Mancha.

Martínez Guijarro ha asegurado que una de las "principales dificultades es garantizar la financiación del coste efectivo de los servicios que se prestan a los ciudadanos", como sanidad, educación o servicios sociales, en zonas con problemas de despoblación, pues ha explicado que en estos lugares donde se atiende a pocas personas, se debe mantener una infraestructura, con dotación de material y de personal, que supone "un coste adicional a las ratios convencionales que se manejan en el sistema de financiación".

Por ello, ha subrayado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a exigir, en la negociación del sistema de financiación autonómica, la financiación del coste efectivo, para poder prestar estos servicios en igualdad de condiciones con otras zonas donde haya mayor densidad de población.

Agua e infraestructuras

Asimismo, ha avanzado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a empezar a trabajar con el central en los planes de cuenca de los ríos que tienen incidencia en la región, que el Tajo, el Júcar y el Guadiana.

En este sentido, ha señalado que la posición del Ejecutivo castellano-manchego pasa por que la región disponga de los recursos hídricos suficientes para garantizar el desarrollo económico de Castilla-La Mancha y, al tiempo, ser "escrupulosos" en el cumplimiento de la normativa ambiental europea, al tiempo que ha exigido que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo relativa a los caudales ecológicos del Tajo, un "asunto clave" que se deberá abordar con el Gobierno central.

En materia de infraestructuras necesarias para Castilla-La Mancha que dependen del Gobierno de España, el vicepresidente ha apuntado que el Ejecutivo autonómico quiere "desbloquear" proyectos como el de la A-40, en el tramo entre Cuenca y Teruel. "Desde la Junta no vamos a renunciar a la conexión de Cuenca con Teruel por la A-40 y creemos que hay una alternativa que en su momento ya planteamos para poder salvar las dificultades ambientales que puede tener ese proyecto", ha dicho.

Además, ha recordado que, en la actualidad, está pendiente de dilucidar el convenio suscrito con el Ministerio de Fomento para la Autovía del Júcar, que unirá las ciudades de Cuenca y Albacete, y que es "una absoluta prioridad para el Gobierno autonómico" y la Autovía de la Alcarria, dos vías "relacionadas" pero paralizadas desde hace años. Ahora, tal y como ha añadido Martínez Guijarro, hay que ver si "el Ministerio mantiene la vigencia del convenio o plantea otra cuestión".

Finalmente, el vicepresidente autonómico ha pedido acelerar la conexión de la autovía de A-32 que unirá Albacete con Jaén.