El Partido Popular y Ciudadanos han atacado este jueves al consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, por el hecho de no secundar la manifestación que los profesionales del campo protagonizaron este martes en Toledo, mientras que el responsable de la Agricultura regional, en su defensa, ha pedido a ambas formaciones que no "intenten instrumentalizar con intereses políticos de regate muy corto" la protesta, porque así lo han pedido las propias organizaciones agrarias.

Así ha reaccionado el titular regional de Agricultura, durante el debate que el PP ha planteado sobre la situación de agricultores y ganaderos en el pleno de las Cortes, debate que se ha convertido en un cruce de reproches al hilo de la manifestación de este martes, con la que los profesionales del campo de la región demandaron una política de precios justos que favorezca la rentabilidad de las explotaciones.

"Me reuní la tarde anterior con las organizaciones agrarias y les dije que mi trabajo no es estar en una manifestación, como tampoco lo es estar encima de un tractor. La manifestación era de agricultores y ganaderos y yo no lo soy. Creo que esto es tan de sentido común que deja sin razón el debate que intentan plantear", les ha espetado el consejero a los grupos de la oposición.

Dicho esto, ha admitido no ocultar que el principal problema del campo sea recibir un precio justo por sus productos, "que es lo que piden los manifestantes". "No se han manifestado en contra de la subida del Salario Mínimo Interprofesional, no está en las reivindicaciones del sector agrario", ha defendido el consejero, que ha recordado que de forma "mayoritaria" en la región los empresarios cumplen "muy por encima del SMI" con convenios provinciales que garantizan salarios superiores.

Tras defender que la protesta del martes en Toledo no iba en contra del Gobierno regional, "pues no se hizo ningún reproche en sus proclamas", ha echado por tierra la resolución presentada al hilo de este debate por el PP, que insta al Gobierno regional a destinar los 135 millones de euros del IVA que le debe el Gobierno central al sector agrario, pues "no es solo intervencionista sino contraria a la normativa Europea".

"Repartir ese dinero del IVA no es jurídicamente posible. No digan cosas que no se puedan hacer porque la gente les escucha", les ha pedido el titular regional de Agricultura a los 'populares', a los que ha avisado diciendo que si de algo depende el sector agrario de la región es del agua. "Defiéndanla", ha concluido.

El SMI "remata al campo"

De su lado, el diputado de Ciudadanos Alejandro Ruiz, que ha reprochado al PSOE que se avergüence de manifestarse con agricultores de la región, ha afeado tanto a socialistas como 'populares' no haber defendido al campo durante los 40 años en los que se han alternado en el Gobierno castellanomanchego.

En concreto les ha echado en cara no haber cuidado la cadena de generación de precios, y a modo de ejemplo ha dicho que los ingresos del sector del olivar han bajado, durante en el pasado año, un 30 por ciento. Si a ello, ha explicado, se suma que se incrementan cada vez más los costes de producción, "las cuentas no salen".

Dicho esto, y tras lamentar que los precios --que "en España los ponen entre cuatro o cinco y esto es una situación oligárquica de libro"-- no pueden estar igualados o superar a los de producción, Ruiz ha alertado de que a esta situación se une la subida de Salario Mínimo Interprofesional que "ha rematado al campo español".

De ahí que desde Ciudadanos, ha explicado, hayan propuesto interactuar con el balance coste-ingreso para vigilar los precios, "que hoy por hoy controlan cuatro o cinco compañías". Esta es una primera medida, que es intervencionista y les gustará. Todo lo demás va a ser postureo", ha concluido.

"Sus mentiras no les dejan manifestarse"

Mientras, Emilio Bravo, que ha fijado la postura del PP, ha reprendido tanto al titular regional de Agricultura como al presidente regional, Emiliano García-Page, y a los representantes socialistas la ausencia de "valentía" para ir a la manifestación de este martes, alegando que "sus mentiras a las profesionales de este sector les impide acercarse a ellos".

Tras dar cuenta de los problemas que afectan a muchos cultivos estratégicos de la región, Bravo ha dicho que los socialistas castellanomanchegos son "cómplices y por eso se callan y otorgan las malas políticas antiagricultura y antiganadería de Sánchez y su vicepresidente Iglesias, que les dan órdenes para que no acudan a las manifestaciones".

Así las cosas, y tras mostrarse confiado en que en la negociación de la PAC en Bruselas, Pedro Sánchez negocie compensaciones directas para tener mayor transparencia en la cadena agroalimentaria, ha pedido a los socialistas que apoyen la resolución que su grupo ha presentado al pleno y que entre otras cosas propone que de los 135 millones del IVA, que el Ejecutivo regional ha reclamado al central, se dediquen al campo desglosándolos en 25 millones para que los autónomos que puedan bonificarse el 30 por ciento de la cuota en el tramo autonómico del IRP, 25 para facilitar la incorporación de los jóvenes, 20 para compensar las injusticias que se comenten en los precios y 20 millones más para compensar la "tremenda subida" de costes de producción.

Los 'populares' también proponen destinar 12 de esos 135 millones para "compensar" los recortes que Junta y Estado aplican en ayudas generales, 10 para compensar los desequilibrios como consecuencia de las nuevas barreras comerciales, otros 10 para garantizar la convivencia entre fauna salvaje y actividad agraria, seis millones por labores de descontaminación, seis para paliar la subida del SMI y otro más para que se pueda llevar a cabo campañas de promoción.

El PP también insta a las Cortes a llevar a cabo dos leyes, una de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y otra de trazabilidad de los productos agroalimentarios de la Comunidad Autónoma.

Consejo asesor

De su lado, la diputada del PSOE Joaquina Saiz, ha precisado que los problemas que afectan al campo castellanomanchego tienen origen nacional e internacional y ha defendido que el 2019 ha sido un mal año climático que ha producido mermas en las cosechas "de los que no tienen seguro agrario contratado". "A eso se añade el Brexit, el veto ruso y aranceles de Trump", ha indicado.

La parlamentaria conquense, que ha dicho que el sector se debe autorregular y para eso es necesario organizaciones grandes, ha defendido que el ministro del ramo, Luis Planas, ya ha propuesto aumentar la dotación pública del seguro agrario o modificar la ley agroalimentaria de 2013 para poder evitar venta a perdidas que de tanto se quejan agricultores.

Así las cosas, y luego de evidenciar que ningún presidente autonómico del PP estuvo en las manifestaciones, ha asegurado que el gobierno de García-Page apoya las reivindicaciones de agricultores porque son "justas", tal y como quedó de manifiesto este lunes con la reunión del Consejo Asesor Agraria donde se abordaron todas estas cuestiones.

Mociones

Al albur de este debate, tanto Ciudadanos como PSOE también han presentado propuestas de resolución. Si la formación naranja ha pedido instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a vigilar la formación transparente de precios en el mercado agrícola, la de los socialistas reclama al Gobierno regional pedir modificar la ley de la cadena alimentaria, entre otras cuestiones.