La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama a la Administración regional de Castilla-La Mancha la elaboración de un protocolo de actuación ante casos de agresiones a docentes en el ejercicio de sus funciones, dado que desde 2017 dispone de un protocolo ante situaciones de acoso escolar en los centros públicos no universitarios que sólo contempla casos entre alumnos.

Según ha destacado CSIF en un comunicado, de esta forma, la Administración regional "está obviando un problema real y muy grave que está ocurriendo en las aulas de la comunidad autónoma", como es la violencia hacia el profesor por parte de los alumnos o de los propios familiares de los alumnos.

Y se hace eco de la Memoria 2018-2019 de la Unidad de Atención al Profesorado (UAP), de la Junta de Comunidades, que muestra un considerable aumento del número de incidencias: 158 frente a las 102 registradas en el curso 2017-2018.

La citada memoria detalla que 88 casos tuvieron lugar en centros de Educación Infantil y Primaria y 54 en Secundaria y revela también que el Protocolo Operativo de Atención de Urgencias (SAU 112) se activó en 28 ocasiones y hubo hasta 46 casos con asistencia letrada.

Los mayores incidentes se concentraron en mayo y junio de 2019 (52), y por provincias Toledo continúa siendo la provincia con mayor número de incidentes registrados (80 casos), seguida de Ciudad Real (35), Guadalajara (20), Albacete (18) y Cuenca (8).

Asimismo, en Infantil y Primaria, el mayor número de incidentes está provocado por madres y familias, mientras que en Secundaria son los alumnos.

Según CSIF, dichas amenazas generalmente van acompañadas de insultos y actitud agresiva e intimidante, como se ha puesto en evidencia en 57 casos, y además se han registrado 14 casos de agresión física y 11 de daño patrimonial.

Esta central sindical recuerda que la Administración cuenta con un protocolo operativo entre la Dirección General de Protección Ciudadana, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, y la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional, de la Consejería de Educación, para la atención de urgencias a través del Centro 1-1-2 en el marco de actuaciones para la defensa del profesorado en Castilla-La Mancha.

No obstante, CSIF considera especialmente relevante un protocolo de actuación ante casos de violencia que no necesariamente tienen que derivar en atención médica, dado que "situaciones como las agresiones verbales y conductas de hostigamiento que buscan un desequilibrio emocional son más frecuentes de lo que dictan las estadísticas".

Además, critica que la Ley de Autoridad del Profesorado no cuenta con aplicación real en las aulas en las que existe un entorno de conflicto, además de que los docentes implicados en este tipo de situaciones tiene miedo de exponer su caso y ni siquiera se plantea presentar una denuncia.

Por último, CSIF ha considerado que, además de trabajar en la prevención y formación del docente, la Consejería debe plantear "un plan más ambicioso a través de soluciones educativas, como bajada de ratios y comunidades de aprendizaje, y sobre todo dotación económica y de personal para los centros".