La Federación de Municipios y Provincias (FEMP) de Castilla-La Mancha ha propuesto este martes mancomunar y agrupar servicios de las zonas despobladas de la región y sobre todo poner encima de la mesa "dinero" para poder revertir la problemática del despoblamiento. Estas son las propuestas que ha trasladado el secretario general de la FEMP castellano-manchega, Tomás Mañas, durante la comparecencia en la tercera sesión de la comisión de estudio no permanente sobre el reto demográfico en las Cortes de Castilla-La Mancha.
Mañas ha invitado a los grupos parlamentarios a "darle vueltas" al planteamiento de mancomunar y agrupar servicios, pero sobre todo ha incidido en que "para cambiar la vida de las personas hace falta querer y dinero". Asimismo, ha advertido de que "lo que se escribe está muy bien, pero si no hay un presupuesto no se crean carreteras, empresas, residencias, colegios y aquello imprescindible para que sea atractivo que la gente viva en los pueblos".
El representante de la FEMP ha considerado que lo que hacen falta son recursos económicos y que los gobiernos autonómico, central y europeo "se crean que se puede hacer esto", para lo cual ha planteado un estudio pormenorizado de los municipios, zonas y comarcas para conocer sus posibilidades de creación de empleo y dotarles de servicios públicos y privados "cuesten lo que cuesten".
De la misma forma, Mañas ha apuntado otros planteamientos de la FEMP que pasan por que los ayuntamientos tengan una mejor financiación local y no asuman competencias no propias, legislar teniendo en cuenta la realidad de los pequeños municipios, adaptar la normativa urbanística y la política de vivienda, garantizar el derecho al agua y unas "buenas y seguras" comunicaciones.
Reflexión de los sindicatos
Por otro lado, en esta jornada de la comisión de estudio no permanente también han comparecido representantes de los sindicatos CCOO y UGT de Castilla-La Mancha.
De un lado, la secretaria regional de Política Institucional y Salud Laboral de CCOO, Raquel Payo, ha hecho hincapié en cuatro aspectos que reflejan, a juicio de la organización sindical, la magnitud de la problemática de la despoblación como el envejecimiento, el empleo, los servicios sociales y la brecha digital y de género.
Payo, que ha pedido un pacto de Estado contra la despoblación "que supere la legislatura y el signo político", ha apostado por impulsar un envejecimiento activo en el mundo rural y ofrecer un empleo "de calidad" para los trabajadores del campo, pero también diversificar la actividad económica más allá de la agricultura y la ganadería, así como fomentar el teletrabajo en las zonas rurales.
En cuanto a los servicios sociales, ha incidido en la importancia de ofrecer sanidad y educación en estas zonas, abordar la problemática del transporte público y la mejora de las infraestructuras de acceso, y luchar contra la brecha digital a través de la "universalización de las tecnologías".
En la misma línea, el secretario regional de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, Carlos Duque, ha apostado por dotar de "plena conectividad" a las zonas rurales de la región, sobre todo porque hay muchas personas mayores que siguen siendo "analfabetos digitales" que necesitan formación.
Duque ha abogado por "adaptar" los servicios públicos básicos a las necesidades de cada núcleo de población, una financiación adecuada del Gobierno regional al sistema de transporte público y, entre otras cosas, la construcción de la autovía Cuenca-Albacete.
También ha intervenido en esta nueva jornada de la comisión el secretario general de CEOE-Cuenca y miembro de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), Ángel Mayordomo, quien ha presentado un documento de posición y ha defendido la puesta en marcha de programas como 'Invierte en Cuenca'.
Mayordomo ha incidido en la importancia de definir qué es una zona poco poblada, de mejorar en la redistribución de fondos así como en las infraestructuras y telecomunicaciones y ha planteado la creación de una agencia de desarrollo territorial.
Además, ha pedido la reducción de las cargas administrativas y burocráticas para los empresarios del medio rural, para quienes también ha considerado que el Gobierno de España tiene que impulsar una discriminación positiva en cuanto a la fiscalidad.