La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en el Ministerio del Interior, ha registrado una queja al Defensor del Pueblo solicitando su amparo ante la situación de "indefensión" de la población reclusa y del personal de Instituciones Penitenciarias "por la falta de medidas de protección frente al coronavirus, una situación que atañe a los seis centros penitenciarios de Castilla-La Mancha".

A punto de concluir la segunda semana de Estado de Alarma, "Interior aún no ha facilitado los medios de protección necesarios. Mientras tanto, las prisiones contabilizan ya medio millar de presos en cuarentena y 300 funcionarios; y 70 infectados (67 funcionarios que han estado en contacto con población reclusa, con el riesgo que ello supone)", han denunciado.

"La declaración del Estado de alarma ha supuesto la suspensión de los permisos de salida y las comunicaciones familiares y los vis a vis, medidas rechazadas por los internos, a lo que se une la constatación por parte de la población reclusa de que no tiene protección frente a la propagación del virus. La población reclusa está alarmada por el hecho de que los profesionales que trabajan en las cárceles carecen igualmente de medidas de protección pese a estar en contacto con el exterior".

Según han manifestado, todo ello podría dar lugar a un "escenario de tensión que dinamiza la producción de incidentes graves contra las instalaciones y la integridad del personal penitenciario y los propios internos, como ya está ocurriendo en algunas prisiones españolas".

CSIF alega la posible "vulneración de la Ley 31/ 1995, de Prevención de Riesgos Laborales por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y en consecuencia los derechos fundamentales de la Constitución al obligar al personal sanitario (Facultativo, Enfermero y Auxiliar de Enfermería) y al personal de vigilancia en contacto directo con la población reclusa, a prestar servicio sin los equipos de protección individual adecuada (mascarillas que proteja al personal, guantes de nitrilo y gel hidroalcohólico) que les garantice trabajar en condiciones de seguridad y salud".

Además, han afirmado que "numerosos profesionales penitenciarios están en aislamiento sanitario domiciliario (sea con sintomatología o no), por indicación de los servicios sanitarios de la Comunidades Autónomas, y todavía no se les ha hecho pruebas diagnósticas del COVID-19 y por tanto no está confirmado ni negado su contagio".

"Esto está causando un perjuicio, además de al interesado y su familia, a la prestación del servicio, al estar disminuyendo el número de efectivos disponibles y poniendo en riesgo el buen funcionamiento de la Institución, porque en el supuesto de que la prueba resulte negativa los trabajadores podrían incorporarse a sus puestos de trabajo inmediatamente", han concluido.