La Fiscalía General del Estado ha informado este viernes de la existencia de un total de 38 diligencias de investigación penal abiertas respecto a la situación existente en residencias de ancianos a raíz de la pandemia por Covid-19, sin perjuicio de las investigaciones previas ya abiertas en diferentes juzgados de la geografía española. Cada diligencia corresponde a una residencia diferente y la mayoría, un total de 19, corresponde a Madrid. En Castilla-La Mancha son cinco las residencias investigadas penalmente.
Según los datos ofrecidos, a fecha de 15 de abril, la institución a cargo de Dolores Delgado constata abiertas en sus diferentes fiscalías territoriales las siguientes investigaciones: 19 en Madrid y otras 7 en Cataluña, mientras que en Castilla y León se contabilizan 2, otras 2 en Murcia, 1 en Canarias, 5 en Castilla-La Mancha; 1 en Valencia y 1 más en Cantabria.
La información se ha dado a conocer en una breve nota distribuida este viernes por el Ministerio Público, que no detalla incidencia por provincias (salvo en las comunidades uniprovinciales) ni delitos investigados.
La Fiscalía de Castilla-La Mancha ha confirmado esta información facilitada por la Fiscalía General del Estado detallando que las diligencias se centran en una residencia en Albacete, dos en Ciudad Real, una en Cuenca y una en Toledo.
Tal y como ha informado en nota de prensa la Fiscalía, no se facilita la identidad de las residencias para preservar el carácter reservado de la investigación.
Estas diligencias se han abierto por hechos ocurridos en las residencias de ancianos durante el estado de alarma, de los que ha tenido conocimiento la Fiscalía por diversas vías, y que, "por su gravedad, han merecido una atención especial y han dado lugar a la apertura de una investigación, con el objetivo de aclarar las circunstancias de cada caso".
No siempre son denuncias presentadas contra los responsables o gestores de las residencias de ancianos. Una vez terminen las investigaciones, la Fiscalía valorará su resultado y decidirá si debe enviar el caso al Juzgado para que inicie un proceso penal.
Desde la declaración del estado de alarma, las Fiscalías provinciales de Castilla-La Mancha han venido prestando especial atención al desarrollo de los acontecimientos y al desenvolvimiento de las residencias de personas de edad avanzada, públicas y privadas, pidiendo informes sobre la evolución y la situación de los residentes y del personal laboral, sanitario y no sanitario, a la Dirección General de Salud Pública de Castilla-La Mancha, y en los casos más graves directamente a los directores de las residencias.
Al propio tiempo, se hace constar que tras denuncias en relación con la asistencia sanitaria prestada en algunos hospitales de la región se han abierto también diligencias de investigación por parte de Fiscalía.
En dichas denuncias se recogen, además de la asistencia sanitaria, la forma en que se han facilitado los medios de protección personal a los trabajadores.
Posibles delitos investigados
Fuentes fiscales consultadas por Europa Press señalan que, en las citadas 38 diligencias penales se investigan conductas que pueden encajar en tipos penales como el de homicidio imprudente, abandono o maltrato, si bien aún no puede concretarse porque generalmente se investigan hechos y luego se califican.
En cuanto a la información oficial, la nota añade que las fiscalías superiores de las comunidades autónomas también han realizado 124 informes de seguimiento en el ámbito civil, relativos a procedimientos de protección de derechos fundamentales.
La nota advierte que esta "no es una foto fija" pues los datos van variando porque la red de fiscales realiza un seguimiento de las personas residentes que precisan una especial atención, individual o colectivamente "en amparo de sus derechos".
Defensor del Pueblo
Por su parte, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha abierto una actuación de oficio con todas las consejerías autonómicas con competencias en la gestión de residencias de mayores y les ha pedido información sobre cuestiones como las medidas adoptadas para dotar o reforzar la atención sanitaria en centros residenciales públicos o privados; los protocolos seguidos en la derivación de residentes a centros hospitalarios; o la habilitación de centros y establecimientos públicos o privados para la atención monográfica por COVID-19.
Además, considera que, ante la pandemia del coronavirus, la "dramática" situación que se vive en muchos centros de mayores "refleja las dificultades del modelo para adoptar medidas suficientes de prevención y reacción y exige una revisión profunda del sistema".
Así lo ha puesto de manifiesto la institución, que ha recordado que lleva años alertando de "las carencias de medios y personal" en muchos de los centros residenciales para personas mayores de toda España. "Problemas estructurales que se han dejado ver con toda su crudeza en la actual crisis", ha subrayado.
En su opinión, el sistema residencial en España ofrece "una atención sanitaria a sus residentes de carácter general que no debe impedir que, en caso de que se detecten problemas o se necesite una atención más especializada, sean derivados al sistema público de salud que proceda".
Otro modelo
En este sentido, cree que otro modelo de residencias de mayores, "más propiamente sociosanitario, con atención médica y de enfermería más amplia y extensa, sería posible", pero ha indicado que "en España no está regulado ni ha sido así organizado de forma general para todo el sistema".
Además, defiende que los familiares de los usuarios tienen derecho a obtener información completa y actualizada sobre su estado de salud, y hace hincapié en la necesidad de utilizar herramientas prácticas y tecnológicas que permitan a los usuarios comunicarse con sus seres queridos.
Por otra parte, tras recibir una queja de la asociación Plena Inclusión en la que denunciaban el acoso que sufren algunas personas con discapacidad intelectual cuando salen a dar paseos terapéuticos, paseos que sí permite el decreto por el que se regula el estado de alarma, el Defensor inició otra actuación ante la Secretaría de Estado de Seguridad.
En su escrito, Fernández Marugán ha propuesto a la citada administración que, "dado que desde el punto de vista normativo no existe impedimento a estos movimientos, realice una campaña de divulgación y difusión sobre la existencia de estas excepciones para que las personas con discapacidad no sean víctimas de acoso o agresiones".
Finalmente, pide que se sancione "a quienes con su conducta incívica vulneren el derecho de estas personas a ejercer su libertad de circulación y sus salidas terapéuticas mientras dure el confinamiento decretado en el estado de alarma.