La Fiscalía ha aumentado a 134 las investigaciones penales abiertas por la situación creada en las residencias de mayores a causa de la pandemia de la COVID-19 del país, más de la mitad solo en la Comunidad de Madrid y 14 en Castilla-La Mancha a las que se suman otras 176 diligencias civiles.
Se trata de la última actualización de datos a 5 de mayo ofrecidos este miércoles por la Fiscalía General del Estado que elevan considerablemente los casos abiertos hace una semana de 109 a 134, casi una treintena más de nuevas investigaciones.
En un primer momento, la Fiscalía había informado de 115 diligencias abiertas pero más tarde corrigió la cifra elevándola a 143 porque faltaba sumar las causas de una región. Lo que ocurre es que sumando las investigaciones que incluye el escrito de la Fiscalía General por comunidades remitido a los medios salen 134, eliminando las archivadas y acumuladas en otros procedimientos.
Por comunidades
Por comunidades autónomas, Madrid se mantiene una semana más como la región con mayor número de caso abiertos (61), casi el triple que la siguiente comunidad en la lista que es Cataluña, con 25.
Tras Madrid y Cataluña siguen en este orden, Castilla-La Mancha (14), Galicia (12), Castilla y León (10), Extremadura (4), Aragón (3), Canarias (2) y Baleares, La Rioja y Comunidad Valenciana (1).
Andalucía, Asturias, Murcia, Navarra y País Vasco no cuentan ya con investigaciones penales abiertas bien porque nunca se incoaron diligencias en estas regiones o porque las que existían se han archivado.
Al total de 134 investigaciones penales abiertas por las diferentes fiscalías territoriales, hay que sumarle otras 20 causas que ya se tramitan en juzgados de Madrid (6), Castilla-La Mancha (5), Castilla y León (4), Cataluña (2), Extremadura, Galicia y La Rioja (1) pero no solo por lo penal sino también por lo social, en relación a las condiciones de los trabajadores de los centros.
Al margen de las diligencias penales de las fiscalías, se mantienen abiertas 176 diligencias por la vía civil que ha cursado el Ministerio Público, con el objetivo de vigilar la evolución de estos centros y de sus mayores en el marco de la protección de sus derechos como colectivo en situación de vulnerabilidad.
No obstante, ese número no corresponde con el total de residencias investigadas, que es más elevado dado que en algunos casos una misma investigación aglutina varias residencias o simplemente se realiza un seguimiento de muchas.