Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, trasladados diariamente desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el número de fallecidos por COVID-19 en la región castellano-manchega durante el pasado mes de abril fue de 1.724. Una estadística en la que solo se tienen en cuenta los decesos de pacientes en los que la infección por coronavirus se ha confirmado previamente mediante un test diagnóstico. Sin embargo, según las cifras de enterramientos que manejan los registros civiles, durante el pasado mes de abril un total de 2.674 personas con positivo por COVID-19 o con síntomassospechosos de la enfermedad recibieron sepultura en Castilla-La Mancha. Eso supone 950 casos más de los que muestran las estadísticas oficiales. Puede darse el caso, eso sí, de que personas que han fallecido en otras comunidades sean enterradas en Castilla-La Mancha, aunque dicha situación también puede darse a la inversa.

El número de licencias de enterramiento expedidas por los registros civiles de Castilla-La Mancha en el mes de abril de 2020 ha aumentado un 159,6 por ciento respecto al mismo mes del año anterior hasta llegar a las 3.832 en total, de las que en 2.674 (69,8 %) aparece como causa del fallecimiento la COVID-19 o sospechas de la enfermedad. Eso supone achacar a la pandemia 959 víctimas mortales más de las reconocidas por el Ministerio de Sanidad durante el mes de abril en Castilla-La Mancha, que fueron 1.724 (el mes comenzó con 774 fallecidos confirmados como positivos por coronavirus y acabó con 2.498).



Estos son los datos recogidos en el expediente gubernativo abierto por la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), de los que ha informado este martes en nota de prensa, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de los registros civiles de la región como servicio esencial judicial establecido durante el estado de alarma.



Los datos reflejan que las defunciones en la comunidad autónoma en abril de 2020 se han incrementado un 159,6 % con respecto a las inscritas en el mismo periodo del año anterior, que fueron 1.476 defunciones.



Del total de 3.832 licencias de enterramiento solicitadas este año, en 2.674 se recoge como causa del fallecimiento la COVID-19 o sospecha compatible con el virus por concurrir procesos patológicos de tipo pulmonar compatibles con dicha causa. En concreto, en 1.596 defunciones aparece como causa confirmada la COVID-19 y en otras 1.078, como sospechoso.



Por provincias, en Albacete se han expedido 818 licencias de enterramiento en abril, 607 (74,2 %) por causa de la COVID-19 o sospecha, 1.140 en Ciudad Real, 867 (76,1 %) por coronavirus; 379 en Cuenca, 260 (68, 6 %) por COVID-19 o sospecha; 381 en Guadalajara, 255 (66,9 %) por dicha causa o sospecha; y 1.114 en Toledo, de las cuales 685 (61,5 %) como consecuencia de la enfermedad.



En cuanto al acumulado en los dos últimos meses, con el dato de marzo actualizado por registros civiles de agrupaciones y Juzgados de Paz después del 6 de abril, Castilla-La Mancha ha expedido 7.290 licencias de enterramiento (3.458 en marzo y 3.832 en abril), de las que 4.627 (63,5 %) son por COVID-19 o sospecha (1.953 en marzo y 2.674 en abril).

Incremento "sustancial" de entierros y defunciones

El TJCM ha recordado que el expediente gubernativo se abrió el pasado mes tras constatar el incremento "sustancial" de licencias de enterramiento y defunciones durante marzo, que estaba provocando dificultades en la gestión de los trámites para la inhumación de los cuerpos.



De igual forma, ha indicado, se pusieron de manifiesto complicaciones para la gestión de las licencias e inscripciones de defunción por aumento significativo de la mortalidad, así como en la consignación de las causas de la muerte en las certificaciones médicas, en las que no siempre aparecía referenciada la infección por el virus debido, sobre todo, al no sometimiento a muchas de las personas afectadas a test o analíticas.



Como consecuencia, el acuerdo dictado por la Presidencia del TSJCLM encomendaba a los jueces encargados de los registros civiles que velaran por hacer una identificación "lo más precisa posible" de la causa inicial o fundamental de la muerte en los casos en los que aparezcan procesos patológicos o causas o intermedias que puedan considerarse compatibles o sospechosos con el coronavirus y, si fuera necesario, que solicitaran dictamen del médico forense.



En ese sentido, médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal de Albacete, Cuenca y Guadalajara, y de Ciudad Real y Toledo, colaboran con los registros civiles en la revisión de las licencias de enterramiento y defunciones inscritas desde el día 1 de marzo de 2020, a los efectos de que pueda quedar constatada la causa inicial o fundamental del fallecimiento en aquellos casos en los que aparezcan sospechas de COVID-19