La preocupación entre los sindicatos de Castilla-La Mancha respecto a la vuelta a los colegios e institutos el próximo mes de septiembre comienza a ser unánime. Después de las críticas de CSIF y ANPE en el mismo sentido, CCOO-Enseñanza cree que los recursos anunciados por el Gobierno regional de cara al regreso a las aulas, "dos mascarillas al inicio del curso para cada alumno/a y a cada profesor/a y la realización de test todo el personal docente y no docente", son "absolutamente insuficientes". Por ello, han reclamado medidas más concretas para garantizar que los centros educativos de la región afrontarán el próximo curso escolar con plenas garantías para la salud de alumnados y plantillas.
Tras asegurar que las explicaciones de la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, son "vagas, inconsistentes y poco tranquilizadoras", desde el sindicato han criticado "los etéreos compromisos respecto a ratios y refuerzos de personal carecen de concreción alguna" y rechaza "la pretensión de trasladar a los equipos de dirección la responsabilidad de aplicar correctamente en sus centros las recomendaciones emitidas por los Ministerios de Educación y Sanidad y las Instrucciones "más específicas" que prepara la Consejería.
Además de lamentar que "la única línea de trabajo de la Consejería sea la vuelta a las clases presenciales" CCOO ha añadido que la transcendental responsabilidad de tomar las decisiones más adecuadas para minimizar o eliminar por completo ese riesgo, para impedir que el virus encuentre la manera de entrar en una guardería, en un colegio o en un instituto, corresponde a las autoridades educativas y sanitarias a través de los Comités de Seguridad y Salud y los Servicios de Prevención. "De ninguna manera a los directores o a los equipos de dirección de los centros, a quienes no cabe exigírseles la formación necesaria en materia preventiva".
"La plantilla de la consejería de Educación sólo cuenta con cinco Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales, uno por provincia, que deben velar por el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en los 1.700 centros educativos existentes en la región. Si habitualmente no daban abasto, mucho menos ahora, cuando además de la LPRL deben comprobar que se cumplen adecuadamente las medidas preventivas frente al COVID-19", ha defendido el sindicato.
De ahí que haya urgido a las consejerías de Sanidad y de Educación a conformar "cuanto antes" tantos equipos de personas cualificadas como sean precisos para visitar y evaluar todos los centros escolares de la región antes del inicio del próximo curso, de forma que puedan indicar a sus directores cómo disponer los espacios, cómo ordenar los flujos de alumnos y profesores, cómo actuar ante un caso o un posible caso de COVID-19.
"Igualmente, es necesario acelerar la formación específica en la prevención del COVID-19 a los coordinadores de prevención existentes en cada centro educativo, que hasta ahora han venido limitándose a organizar los simulacros de evacuación. Y, una vez iniciado el curso, habrá que reducir sus horas lectivas, para que dispongan del tiempo necesario para velar por el cumplimiento de las medidas y normas preventivas y para atender cualquier incidencia", han considerado.
Según CCOO, no serán ni mucho menos los únicos docentes que deban tener horarios lectivos recortados. "Según los cálculos iniciales de la propia Consejería, entre un 10 % y un 15 % de las plantillas de docentes son personas "especialmente vulnerables".
"Si a esto le añadimos la obligación de mantener en las aulas la distancia interpersonal de dos metros, lo que en muchos casos va a exigir desdobles para reducir las ratios; más las bajas por IT que inevitablemente se registran a lo largo de cualquier curso 'normal', las necesidades de reforzar personal van a superar, sin duda, las bolsas existentes en todos o en casi todos los grupos y especialidades", ha terminado advirtiendo el sindicato.