Lo cuenta este domingo el diario El País en un completo reportaje. De acuerdo con las cifras que han facilitado las consejerías de sanidad —excepto Galicia, que no ha contestado y Canarias que no posee esta figura y hace el rastreo en atención primaria—, sus servicios de salud pública tienen un total de 3.516 rastreadores (ver gráfico), lo que equivale a uno por cada 12.000 habitantes, aproximadamente (omitiendo las dos autonomías antedichas). El número óptimo sería alrededor de uno por cada 5.500 habitantes en España, es decir, unos 8.500 profesionales, según un cálculo de Álex Arenas, investigador de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, aplicando los datos del país a laherramienta para calcular el número de rastreadores necesariosdiseñada por la Administración de Servicios y Recursos Sanitarios de Estados Unidos (HRSA, por sus siglas en inglés). Es una cifra de mínimos. Alemania ha determinado necesarios uno por cada 4.000 habitantes, tres veces más de los que tiene España.

Las cifras no son homogéneas. Varían mucho por comunidades autónomas: mientras Castilla-La Mancha y La Rioja mejoran de estos umbrales (contando en el último caso no solo los que hay, sino los que tienen posibilidad de ampliar), Madrid, Cataluña, Asturias y Navarra tienen menos de un rastreador por cada 30.000 habitantes, entre seis y siete veces menos de lo que estima necesario. Esto es algo especialmente preocupante en las dos primeras, que tienen grandes núcleos urbanos donde es vital esta figura. En concreto, Castilla-La Mancha tiene un total de 427 rastreadores para una población de poco más de 2 millones de habitantes, lo que sitúa a esta comunidad entre las que mejor ratio registran.

En cualquier caso, según El País, resulta complicado encontrar una cifra perfectamente homologable de cuántos de estos profesionales son necesarios, porque no todas las autonomías tienen montados sus sistemas de la misma forma, no todas adjudican la misma importancia a la atención primaria y, demográficamente, es muy distinta la necesidad de una zona urbana (donde hacen falta más) que en una rural (donde los centros de salud pueden asumir buena parte de todo el trabajo). Los datos de España son el resultado de una suma optimista: no solo cuenta los que hay trabajando ahora, sino que también a los que las consejerías aseguran que están preparados para incorporarse. No están en el recuento las 8.168 enfermeras de atención primaria que Andalucía añade a este cómputo, puesto que los centros de salud tienen que ser siempre un complemento en todas las comunidades, y sus profesionales no cuentan con dedicación exclusiva para rastrear casos. En Aragón, que también confía esta tarea a la atención primaria, se ha computado el número de refuerzos en esta área para hacer una aproximación.

Qué hace un rastreador

Idealmente, un rastreador es un epidemiólogo, aunque es un papel que pueden desempeñar otros profesionales sanitarios. Tras un positivo, reportado por ejemplo por un centro de salud, su tarea es llamarlo y hacerle una entrevista que permita determinar con qué contactos cercanos ha estado durante la etapa en la que era probablemente contagioso: tres o cuatro días antes del comienzo de síntomas, para localizarlos, aislarlos y hacerles pruebas a ellos.

Es un hilo del que se va tirando y, si se hace bien, normalmente, se encuentran nuevos positivos que permiten trazar la cadena de transmisión. Es entonces cuando se habla de brotes, ya que estos están formados por tres o más personas vinculadas. Cuando se pierde la pista, estamos ante casos sueltos y una posible transmisión comunitaria.

Valoración del PSOE-CLM

Ante estos datos, la diputada del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Diana López ha destacado este domingo que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma con mayor número de rastreadores de la COVID-19 en relación con su número de población.

“En Castilla-La Mancha, contamos con un rastreador por cada 4.766 habitantes, mientras que otras comunidades como Madrid, que nos cuadruplica en población, cuentan con un rastreador por cada 36.000 habitantes. Las de nuestra región, las de Castilla-La Mancha, son, por tanto, cifras similares a las de Alemania”, ha remarcado.

Según los datos publicados hoy por el diario El País sobre los profesionales de la salud pública encargados de localizar cada contacto cercano de un caso de COVID-19 por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha es la tercera comunidad con más rastreadores.

“Los expertos sanitarios señalan que la cifra adecuada es de un rastreador por cada 5.000 habitantes, por lo que Castilla-La Mancha sería una de las tres únicas comunidades de España que cumplen con estos criterios”, ha aseverado López, mientras que la media nacional se sitúa en unos 11.970 habitantes.

Para la parlamentaria socialista, estas cifras demuestran, “una vez más”, que el Gobierno de Emiliano García-Page “pone todos los medios humanos y materiales, todo lo que está en su mano, por invertir en la lucha contra la COVID-19”.

En este sentido, López ha insistido en la importancia de los rastreadores, ya que “son fundamentales para detectar contagios y aislarlos a tiempo, para evitar que un brote derive en una transmisión comunitaria”, ha precisado.

Con todo, desde el PSOE de Castilla- La Mancha “queremos pedir a las comunidades autónomas de Murcia y Madrid, como comunidades vecinas con peores ratios, que, por favor, hagan un esfuerzo por invertir en una figura tan importante como es la figura del rastreador”, ha reclamado.

Especialmente, ha continuado, “queremos pedírselo a la Comunidad de Madrid porque no debemos olvidar que la relación tan estrecha que tenemos con la Comunidad de Madrid explica más del 80 por ciento de los casos de nuestra región”, ha recordado. Y ha concluido que “la capacidad de rastreo es clave para evitar que haya propagaciones masivas entre comunidades autónomas”.