Cinco comunidades -Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja-, además de Ceuta y Melilla, suspenden en el reconocimiento de los derechos de los menores trans en el entorno educativo por no contar con legislación vigente para su protección.

Por el contrario, Navarra, Comunidad Valenciana y Aragón son las comunidades que cuentan con mejores medidas para garantizar los derechos de la infancia y juventud trans en las aulas.

Lo concluye el informe "Realidad del alumnado trans en el sistema educativo" de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (Feltgtb), presentado este lunes.

Esta disparidad entre comunidades "evidencia la necesidad de una ley estatal que proteja los derechos del alumnado trans en las diversas fases de su proceso vital", ha señalado a Efe el coordinador del grupo de Educación de la Felgtb, José Luis Ferrándiz.

"Situaciones graves de discriminación y acoso al alumnado trans no son atendidas por el profesorado y el personal directivo del centro, dejando sin apoyo a los menores y sus familias", ya que en muchas comunidades no hay legislación ni protocolos específicos ni tampoco legislación estatal, ha lamentado.

Los procesos personales del alumnado trans son "complejos y multidimensionales". Ferrándiz ha recordado las situaciones cotidianas a las que se enfrentan como la gestión del nombre o experiencias de acoso escolar, "con un impacto importante en su desarrollo educativo y personal".

Pese a todo, una de las buenas noticias de esta investigación, según la Felgtb, es que se ha producido "un cambio social de gran calado" y que hay centros que se han tomado en serio la atención del alumnado trans en todas sus facetas, con protocolos concretos y dispositivos de atención en comunicación con las familias y los servicios de salud.

Las cinco comunidades citadas, además de Ceuta y Melilla sacan un cero en la comparativa hecha en el estudio, en el que se ha evaluado, por ejemplo, si cuentan con protocolos para las personas trans, si disponen de contenidos y recursos formativos en diversidad, si se instruye al personal del centro para el uso del nombre elegido por el alumno, si hay actividades diferenciadas con el sexo sentido por el estudiante o si existen acciones de formación al docente.

Pero Ferrándiz ha apuntado que "esta investigación no analiza el grado de implementación de las medidas, sino su vigencia".

De hecho, tras Navarra, Comunidad Valenciana y Aragón, otras comunidades como Madrid y Murcia, tienen una legislación más completa, pero "es de sobra conocido el intento de imponer el veto parental en los centros educativos que vulnera los derechos básicos del alumnado Lgtbi."

Para determinar la efectividad de las medidas establecidas por las leyes hacia el colectivo Lgtbi "también es fundamental conocer si dichas leyes cuentan con un régimen sancionador", destaca el estudio. No han incluido uno en sus legislaciones Canarias, Galicia y el País Vasco.

Para garantizar los derechos humanos del alumnado trans, Ferrándiz ha pedido "una acción coordinada entre las familias, los equipos directivos, los Servicios Sociales y el Tercer Sector".

Por otra parte, la Felgtb ha recordado que "las personas trans no son un fenómeno urbano, sino universal".

Se necesita una estrategia que incluya elementos de coordinación, sostenibilidad y factores propios de intervención en el ámbito rural como, por ejemplo, servicios itinerantes o medios digitales para facilitar una interacción más personalizada y continuada.

La Junta se defiende

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha asegurado que en la región se han dado pasos para procurar el reconocimiento de los derechos de menores trans "en todos los ámbitos", recordando que el Instituto de la Mujer creó en 2017 un protocolo de actuación dirigido a menores sobre identidad y expresión de género, que se hizo a través del "trabajo conjunto" con diversas asociaciones LGTBI de la Comunidad Autónoma y las áreas de gobierno encargadas de su ejecución.

Según la Junta castellanomanchega, en el ámbito educativo, el protocolo ayuda a equipos directivos y servicios de orientación de los centros escolares a tratar la identidad de género, la expresión de género y la intersexualidad como opciones sociales normalizadas y prevenir el acoso escolar.

Así, han señalado que contempla, por ejemplo, que el centro escolar vele por el respeto a las manifestaciones de identidad de género que se realicen en el ámbito educativo y el libre desarrollo de la personalidad del alumnado conforme a su identidad en todas las actividades y acciones del centro. También se indica al profesorado y personal de administración y servicios del centro que se dirija al alumnado trans por el nombre sentido y se utilice en todos los documentos internos no oficiales, con independencia de que todavía no exista una resolución judicial sobre el cambio de nombre legal.

El protocolo ofrece unas orientaciones y pautas de intervención para la adecuada protección a las personas menores de edad no conformes con la identidad de género asignada, reconociendo su derecho a la identidad sexual sentida y garantizando el libre desarrollo de su personalidad y la no discriminación por motivos de identidad o expresión de género. Dicho protocolo trabaja desde tres áreas de intervención como son la educativa, social y sanitaria.

En el ámbito sanitario, el protocolo señala que las demandas relacionadas con la diversidad de género serán atendidas inicialmente a través de los servicios de Atención Primaria que, en función de las necesidades planteadas, derivarán a la persona menor de edad al especialista que corresponda, principalmente del ámbito de la endocrinología y la psicología.

El acceso al sistema sanitario deberá poder llevarse a cabo de acuerdo con el nombre con el que se identifican, por lo que se procurará que las personas sean tratadas de acuerdo con su identidad de género libremente determinada y se prevé el cambio en su historial clínico y tarjeta sanitaria, con total garantía.

Ámbito social

El protocolo prevé también el desarrollo de intervenciones en el ámbito social y de cara al entorno familiar de los menores, tanto desde el punto de vista informativo como motivacional o actitudinal. Anterior a este protocolo se realizaron, impulsadas por el Gobierno castellanomanchego, jornadas formativas sobre identidades trans para la formación de personal sanitario, jurídico y psicosocial.

"Dicho protocolo supuso por tanto la respuesta a una demanda histórica de diversos colectivos LGTBI de la región, que se formalizó en mayo de 2017 con la creación de una Unidad Multidisciplinar de atención a Personas Trans en el Complejo Hospitalario Virgen de la Luz, de Cuenca", han apuntado desde la Junta.

Este protocolo de actuación y esta unidad salieron "del trabajo y el esfuerzo" de todos los colectivos LGTBI de la región y las distintas profesionales del ámbito social, educativo y sanitario que, junto al Gobierno regional, impulsaron y garantizaron su puesta en marcha.

Posteriormente, se han ido garantizando otras medidas como la aprobación del procedimiento para el cambio de nombre de las personas trans en el registro de personas usuarias de las bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha.

Futura Ley LGTBI

Actualmente, el Gobierno regional trabaja en la futura ley de igualdad LGTBI que está elaborando el ejecutivo de la mano de los colectivos y la sociedad civil con la voluntad de revertir situaciones de desigualdad que afecten a las personas trans, incluidas menores.

Una ley cuyos principales objetivos en lo relativo a las personas trans serán conseguir que tengan derecho a ser tratadas conforme a su sexo sentido; acceder a los tratamientos ofertados en la cartera de servicios, procurando que haya tiempos acordes a cada persona y garantizando los tratamientos hormonales y cirugías de reasignación de sexo adecuadas, y recibir información individualizada desde el punto de vista psicológico, social y sexológico para garantizar el acompañamiento de cada persona en su proceso de tránsito.

En el ámbito de la formación, está previsto un protocolo para que los cuerpos de policía locales mejoren su conocimiento sobre identidad de género y orientación sexual y paliar así las consecuencias que sufren las víctimas de los delitos de odio, sobre todo en el colectivo trans. Igualmente, se contemplan medidas de formación y sensibilización para el personal sanitario, educativo y social.

Algunos aspectos más que contemplará la ley serán preservar la perspectiva de género dentro del colectivo LGTBI para visibilizar a las mujeres trans.