Un informe de la Fiscalía Anticorrupción de 29 de julio constata que la vinculación del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo con el Partido Popular (PP) se remonta a antes de la denominada 'operación Kitchen', concretamente a julio de 2009 cuando la entonces secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ofreció al policía realizar "encargos puntuales" para el partido, tal como informa la agencia Europa Press.

En dicho informe, que se enmarca en la pieza separada 'Kitchen' de la causa 'Tándem', y al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Fiscal resalta que esa sería "una primera vinculación, si bien indirecta, de altos dirigentes del Partido Popular con la gestación de la Operación Kitchen".

En esa pieza 'Kitchen' el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón investiga el operativo parapolicial que se creo durante el Gobierno de Mariano Rajoy y siendo ministro del Interior el ahora imputado Jorge Fernández Díaz para sustraer documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas que comprometieran al PP en la causa Gürtel.

En ese julio de 2009 Villarejo tiró de grabadora en la sede del PP en la calle Génova para grabar una reunión que mantuvo con Cospedal y con el marido de ésta, Ignacio López del Hierro. En ella, le ofrecieron a Villarejo, y éste aceptó, la ejecución de esos encargos puntuales que serían sufragados con fondos del PP.

"Por lo que no puede descartarse que uno de estos encargos estuviera directa o indirectamente relacionado con la investigación policial y judicial del denominado como caso Gürtel", apunta la Fiscalía, para luego añadir que pocos meses después, en septiembre de 2009 Villarejo ya advirtió en comunicaciones con López del Hierro "sobre la existencia de dos investigaciones penales amparadas por el secreto sumarial, una la 'Operación Brugal' y la otra la rama valenciana de la 'Operación Gürtel'".

Registros policiales

Por entonces, el comisario transmitió al marido de Cospedal que se habían intervenido teléfonos por mandato del juez, y que había una "directa implicación en los hechos de dirigentes de aquella formación política en ambas provincias levantinas". Así, les advirtió de que durante la investigación penal "que les afectaría directamente" se iban a autorizar registros judiciales.

Según esas conversaciones entre Villarejo y López del Hierro, ese detalle sobre la instrucción de ambas operaciones le habría llegado a él a través del que fuera por esas fechas comisario jefe de la UDEF José Luis Olivera.

Pero el Ministerio Público en su informe va más allá y da un salto de casi una década para apuntar que apoyándose en otros informes de la Unidad de Asuntos Internos, Villarejo "podría estar participando en la 'operación Kitchen' por cuenta de miembros del Partido Popular".

En este sentido, señalan que en un oficio policial de enero de 2019 se reflejaba un conjunto documental denominado por CENYT -el entramado empresarial del que se servía Villarejo para sus encargos- 'Proyecto SMP'. En ese proyecto no se refleja contrato alguno pero si hay una serie de actos previos para ello que, si no refleja una contratación, sí unos actos previos para ello por parte de un cliente que aparece denominado como 'letrado director' y que actuaría en representación de "varios encartados del Sumario G (SG)".

Proyecto de estrategia

Lo que se encarga a Villarejo es un "proyecto de estrategia jurídica con el objetivo prioritario de evaluar la posibilidad de anulación total de actuaciones del Sumario G". Los fiscales deducen por el contenido del conjunto documental que el cliente "sería un abogado encargado de la defensa de miembros del Partido Popular investigados en el procedimiento judicial conocido como caso Gürtel".

Y explican que esto fue corroborado por el propio comisario en su declaración judicial de 11 de marzo de 2020, en el curso de la cual manifestó que el letrado con el que tuvo estos contactos fue el ya fallecido Ignacio Peláez Marqués.

Entre esos documentos analizados la Fiscalía destaca un estudio económico, un presupuesto, en el que CENYT cifra como "coste medio de la colaboración profesional" un importe de 15 millones de euros, con una provisión de fondos de 5 millones de euros, a lo que sumarían honorarios de éxito de entre 8 y 12 millones.

Apuntan no obstante que no queda acreditado que el letrado del PP si aceptara dichos honorarios, y que tampoco constan abonos en las cuentas de CENYT que puedan ser atribuidos a la ejecución de ese 'Proyecto SMP'.