La Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha ha indignado a los sindicatos UGT y CCOO dejando sin efectola resolución por la que se convocan para el año 2020 las ayudas del ingreso mínimo de solidaridad (IMS), una polémica decisión justificada porque, según la Junta, el ingreso mínimo vital (IMV) del Gobierno de España ofrece una cobertura mayor.
El sindicato UGT, después de el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicara este martes la resolución de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales por la que suspende parcialmente el IMS justificándose en una mayor cobertura del IMV, haciendo posible solo la continuidad de las ayudas ya concedidas en 2019, ha alertado de que esta decisión "deja fuera a miles de personas, ya que la partida presupuestaria del IMS de 2019 solo llegó a 4.132 beneficiarios y se agotó sin poder cubrir a todas las personas a las que se le reconoció el derecho".
Y es que, en nota de prensa, UGT ha denunciado que los 50.000 castellano-manchegos con derecho reconocido a percibir el Ingreso Mínimo Vital tras la aprobación de la norma a nivel estatal aún no lo están haciendo por el "colapso" de las oficinas de la Seguridad Social y la "tardanza" en la resolución de las solicitudes desde la aprobación de la medida en julio. De ahí que haya pedido al Gobierno regional que mantenga, de momento, el Ingreso Mínimo de Solidaridad.
Uno de los miembros de la gestora, Carlos Duque, ha considerado "imprescindible" que en estos momentos de crisis económica y social provocada por el COVID-19 el Gobierno garantice la cobertura de las necesidades básicas a la población más vulnerable y evite la exclusión social.
"Pedimos al Gobierno de Castilla-La Mancha que habilite un mecanismo para evaluar y resolver las nuevas solicitudes de 2020 al Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) regional de manera que podamos dar un sustento básico a todas esas personas que siguen sufriendo el colapso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y que tienen necesidades urgentes a cubrir en estos momentos, no dentro de meses", ha defendido Duque.
Supone un "abandono"
En la misma línea, el sindicato CCOO ha denunciado que en plena pandemia, "con una crisis sanitaria y económica que está afectando más a las personas económicamente más vulnerables", la decisión de la Consejería de Bienestar Social, y por tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha, de dejar sin efectos la convocatoria del IMS de 2020 y archivar las solicitudes no resueltas, "supone abandonar a quienes más necesitan de la acción protectora de la administración".
"La creación a nivel estatal del Ingreso Mínimo Vital no justifica de ninguna manera la decisión que ha tomado el Gobierno regional. No se puede invisibilizar la pobreza y no se pueden cerrar puertas a quienes peor lo están pasando", ha denunciado el sindicato en nota de prensa.
Sobre esta cuestión, la secretaria de Empleo y Políticas Sociales de CCOO Castilla-La Mancha, Mª Ángeles Castellanos, ha criticado además que esta decisión "se ha tomado sin escuchar a quienes trabajan en los servicios sociales y fuera de los espacios de diálogo social", advirtiendo de que tendrá "consecuencias graves para quienes ya subsistían en situaciones muy precarias".
El sindicato ha finalizado recordando que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma a la cabeza de la carencia material severa con más de 150.000 personas en esta situación y con más de un 30 %de la población en riesgo de pobreza o de exclusión social, "datos que son de 2019, hoy sin duda la situación es mucho peor".
EAPN lo tacha de "incomprensible"
En base a estos datos, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM) ha advertido de que, aunque de momento es imposible saber el efecto del COVID en la población que sufre pobreza y vulnerabilidad social en la región, el impacto tendrá "dureza extrema", ha pedido al Gobierno regional reactivar el "incomprensiblemente cancelado" Ingreso Mínimo de Solidaridad.
De este modo ha reaccionado esta organización que este jueves ha presentado el informe 'El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008 -2019', que desvela que un total de 624.000 castellano-manchegos vivían en 2019 en riesgo de pobreza y/o exclusión social, lo que supone el 30,7 % de la población de la región.
Durante la rueda de prensa ofrecida para dar cuenta de este informe, el responsable regional de EAPN, Adolfo Patón, ha advertido de que, pese a que aún es imposible saber en cuanto ha aumentado la pobreza y la vulnerabilidad entre los castellano-manchegos a causa del COVID-19, la velocidad con la que crece y su dureza es "extrema".
"Durante la crisis financiera del 2008 el pico de mayor gravedad fue en tres años, pero luego declinaron ciertos indicadores tres años más: la crisis generada por el coronavirius se ha producido en meses, en menos de un año. Es imposible medir la capacidad de cuál va ser su impacto", ha insistido.
No obstante, y con el temor de que la actual pandemia dejará "importantes secuelas sociales a buen número de ciudadanos de la región" y de que el Ingreso Mínimo Vital solo alcanzará a los casos más graves, desde EAPN han reclamado "decididas políticas de apoyo, promoción y promoción a las familias castellano-manchegas".
Estás, han precisado, pasan por reactivar el "incomprensiblemente cancelado Ingreso de Solidaridad, una batería de programas sociales estables y duraderos en el tiempo para que poder lograr una incorporación laboral de calidad, mejorar las oportunidades para la infancia y juventud y una región con índices de pobreza y exclusión menos sobresalientes".
Los argumentos de la Junta
Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha asegurado que su departamento ha llevado a cabo dicha modificación para "no incorporar a más personas al Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), sino trabajar para que estas se incorporen al Ingreso Mínimo Vital", prestación, "mucho más ventajosa para las personas y las familias".
"Pero las personas con derecho a IMS que reciben esta renta autonómica la seguirán percibiendo este año, el año próximo y los meses que tengan derecho. La financiación se mantiene", ha defendido la consejera, que ha asegurado que el Ejecutivo regional apuesta por un sistema complementario al Ingreso Mínimo Vital del Gobierno central "que coordine también su mejor inclusión social y familiar en la región".
"Desaparecen las nuevas incorporaciones pero se mantiene el IMS, se potencia el IMV y, en un futuro próximo, se pondrá en marcha un sistema complementario al Ingreso Mínimo Vital que coordine la inclusión laboral, formativa y social, con el objetivo de romper la cronificación de la pobreza. Cualquier persona que tenga una difícil situación social y económica en la región, que lo esté pasando mal, en ningún caso el Gobierno les va a abandonar. Trabajamos por ellos y para ellos", ha manifestado Sánchez.