Podemos CLM pasa a la acción ante la decisión de la Junta con el Ingreso Mínimo de Solidaridad

El coordinador autonómico de Podemos en Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, ha hecho efectiva la petición formal en nombre de su formación política en formato de recurso de alzada a la Resolución que dejaba sin efecto parcialmente la convocatoria de ayudas del ingreso mínimo de solidaridad, tras la convocatoria del ingreso mínimo vital.

La Resolución impugnada, publicada el pasado 13 de octubre en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en vigor desde el día siguiente, resolvía la pérdida de efectos de la convocatoria para la presentación de nuevas solicitudes, de manera que las nuevas solicitudes presentadas en este ejercicio no resueltas se quedan archivadas.

Además, según la nueva norma, a las personas a las que se les haya concedido la ayuda del ingreso mínimo de solidaridad con anterioridad a la publicación de esta resolución continuarán percibiendo la misma, siempre y cuando se mantenga el cumplimiento de los requisitos que dieron lugar a su otorgamiento y no se incurra en alguna de las causas de extinción de la ayuda.

Tras esta nueva normativa, la intención de Podemos al pedir la suspensión cautelar de esta Resolución es que se sigan tramitando y concediendo solicitudes aún no resueltas correspondientes a este ejercicio, así como que se sigan admitiendo a trámite y se resuelvan en tiempo y forma las nuevas solicitudes que se presenten con posterioridad al 14 de octubre de 2020.

En sus razonamientos, recogidos por Europa Press, Podemos entiende que la situación de urgencia social agudizada por la crisis económica, social, y sanitaria del coronavirus "obliga a una mayor protección social por los Servicios Sociales de la Junta".

"La protección social es una obligación suficientemente razonada ante el peligro de exclusión, marginalidad, y la ausencia de capacidad para atender las necesidades más básicas de los ciudadanos y familias más desfavorables, sobrevenidas o no", insiste, apuntado que la nueva Resolución podría suponer "un claro y notorio perjuicio al interés público, por lo que se precisa la suspensión cautelar" de la misma.