La consejera de Bienestar Social, cada vez más presionada: piden su dimisión por "insensibilidad"

El coordinador regional de Izquierda Unida (IU) Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, ha pedido la dimisión de la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, por su "insensibilidad" y por "el abandono" que, a su entender, han sufrido las familias castellano-manchegas en el "peor momento".

Así lo solicitado este jueves en una rueda de prensa telemática, donde ha criticado las declaraciones por parte de la consejera, en la que según ha informado Crespo, la Administración regional no tiene conocimiento de que haya familias que no estén cobrando el Ingreso Mínimo Vital ni el Ingreso Mínimo de Solidaridad, lo que ha calificado como "la puntilla a la insensibilidad", y por la cual "no se merece seguir ni un minuto más en el cargo".

De esta manera, Izquierda Unida también se posiciona en Castilla-La Mancha en contra de la decisión de Bienestar Social de no convocar las ayudas del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) en 2020, una medida que ya han criticado duramente otros partidos como Podemos, sindicatos y trabajadores sociales. La propia consejera ya ha asegurado en varias ocasiones que el nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV) puesto en marcha por el Gobierno de España ofrece más coberturas que el IMS, una ayuda que, en todo caso, seguirán percibiendo los beneficiarios que ya la tengan concedida.

Además, esta petición de dimisión también viene dada por "haber desaparecido y sin dar la cara" como responsable de su departamento en "los momentos más duros" en las residencias de mayores ante la crisis social, por intentar "engañar" a las familias y por "despreocuparse y abandonar" a los trabajadores de los servicios sociales.

En este sentido, ha criticado que la consejera estuviera desaparecida cuando los fallecimientos se multiplicaron en las residencias de mayores, y ha lamentado que fue incapaz de garantizar los equipos de protección individual a los trabajadores, y que lo "único" que ha hecho es transferir 10 millones de euros a concertar residencias de mayores privadas que, según Crespo, en muchos casos se encuentran en manos de "fondos buitre", pero sin embargo, no ha sido capaz de garantizar el funcionamiento de las residencias públicas.

También ha lamentado que la consejera "no ha estado a la altura" para dar respuestas a la pobreza de las miles de familias que hay en la región, ya que como ha señalado muchas de ellas, aún trabajando, no tienen la posibilidad de salir de la exclusión social.

En este sentido, ha denunciado que Castilla-La Mancha se encuentra entre las tres peores comunidades con mayor nivel de pobreza, porque las políticas sociales no han estado garantizadas y, por lo tanto, ha señalado que no se trata de "un mal endémico".

El coordinador regional de la formación de izquierdas ha recordado que su partido denunció el año anterior que se había agotado el IMS en el mes de septiembre, y que a pesar de ello, "cuando se esperaba que se aumentara el presupuesto para protección social", se disminuyó en casi 7 millones de euros entre el IMS y la Ayuda de Emergencia Social.

Por ello, ha criticado que ante la angustia de miles de familias, la consejera de Bienestar Social "totalmente desalmada, y sin una pizca de humanidad y solidaridad", anuncia que la Junta de Comunidades "les va a dar la espalda" a todas ellas, con el "pretexto" de que ha puesto en marcha el Gobierno de España del Ingreso Mínimo Vital, y que ha asegurado que la consejera conoce que será concedido a una mínima parte de la población.

Por último, ha señalado que en caso de que no se produzca su dimisión, pedirán al presidente regional, Emiliano García-Page, "el cese inmediato de la consejera de Bienestar Social, y si no lo hace, lo haremos corresponsable de todo lo hecho y, sobre todo, lo dejado por hacer por su consejera”.

La consejera defiende se gestión

De su lado, la propia consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha defendido que tanto ella como su Consejería están realizando una gestión "firme y segura", al tiempo que ha defendido que su prioridad debe ser en este momento "volcarse con toda la ciudadanía" y no dejar "a nadie atrás". Así ha respondido a preguntas de los medios durante una rueda de prensa, después de la petición de dimisión o cese lanzada desde IU.

Sánchez ha recordado que el año pasado fue el del "pico más alto" de presupuesto para el Ingreso Mínimo de Solidaridad, con más de 17 millones y 4.000 perceptores, y ha insistido en que con la llegada del Ingreso Mínimo Vital su trabajo es "favorecer la transición" de una prestación a otra, pero insistiendo en que hay distintas ayudas que sirven como "paraguas" mientras las personas se incorporar de una a la otra.

Sánchez ha aclarado que la decisión de no crear otra convocatoria para el Ingreso Mínimo de Solidaridad es "evitar duplicidades" con las peticiones para el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno central. "Si incorporamos a una persona al Ingreso Mínimo de Solidaridad, cuando solicite el Ingreso Mínimo Vital tiene que notificarlo como ingresos y no tendría derecho", ha explicado, razonando que lo que se está haciendo es ayudar a los solicitantes a incorporarse al Ingreso Mínimo Vital porque es "más beneficioso" que el ingreso regional, ya que es "una renta garantizada" y no hay una convocatoria anual. "Está planteada como indefinida mientras se sigan manteniendo todas las condiciones que han dado lugar a esa renta, no tienen que volver a solicitarla y a renovar. Es una renta mucho más garantista", ha abundado.

Por todo ello, ha insistido, se ha decidido no incorporar a más personas al Ingreso Mínimo de Solidaridad, aunque ha reiterado que las personas que tienen concedida esta prestación la siguen cobrando mientras no se hayan sumado al Ingreso Mínimo Vital que, ha añadido, podría llegar a 40.000 familias castellanomanchegas cuando esté totalmente implantado. "Nosotros desde Castilla-La Mancha tenemos que complementar, tener ayudas económicas para esas familias que se puedan quedar fuera. No se van a quedar desamparadas", ha asegurado, citando entre estas ayudas las de emergencia o las ayudas de emergencia excepcionales COVID, que cuentan con un presupuesto de 15 millones.

En este punto, Aurelia Sánchez ha defendido que el Gobierno regional ha facilitado que 17.000 familias se puedan beneficiar de las prestaciones de su consejería, vaticinando que antes de que termine el año este número pueda llegar hasta las 25.000. Así, actualmente se están prestando 1.432 ayudas del Ingreso Mínimo de Solidaridad, 6.401 ayudas de emergencia COVID, 2.621 ayudas para paliar la pobreza energética, 1.396 ayudas de emergencia social y 5.348 prestaciones del Ingreso Mínimo Vital.