Las diversas asociaciones que dan forma al llamado Tercer Sector han reivindicado ante el Gobierno de Castilla-La Mancha la labor fundamental que llevan a cabo tanto en el tratamiento de la discapacidad como de las situaciones de pobreza, experiencia de la que se precian a la hora de reclamarle un plan de rescate económico que otorgue estabilidad a las organizaciones que trabajan en atender la exclusión social, con la que lidian a diario. "No es momento de más con menos, es momento de más con más".

Así lo ha reclamado el presidente de la Mesa del Tercer Sector, Braulio Carlés, que en declaraciones a Europa Press ha desgranado alguna de las peticiones que esta semana hicieron tanto al presidente regional, Emiliano García-Page, como a la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, en el encuentro que mantuvieron, y que no trascendió a los medios.

En dicha reunión, ha detallado Carlés, los representantes del Tercer Sector les mostraron su "malestar", pues consideran que el Ejecutivo regional "no les haya reconocido ni valorado", pese a que, al igual que los profesionales sanitarios, "han estado en primera línea, sufriendo como ellos el coronavirus", con el agravante de tener que enfrentar la "desesperación, la preocupación y el sufrimiento" que en lo económico y en lo social está provocando la pandemia. "A diario tratamos con muchas personas a las que no sabemos qué decir".

Plan de rescate

Y es que Carlés ha asegurado que no solo los empresarios de la hostelería o el turismo lo están pasando mal, pues las organizaciones que dedican su actividad a asistir y ayudar a colectivos desprotegidos también están en la cuerda floja. De ahí que haya insistido en la necesidad de que el Ejecutivo castellano-manchego articule un plan económico y financiero que dé estabilidad al sector y lo impulse "porque el COVID-19 ha puesto todo patas arriba".

En este punto, ha asegurado que el presidente regional se ha comprometido tanto a ampliar convocatorias de ayudas como a destinar fondos europeos a las políticas sociales, promesa que les tranquiliza. Para ello, ambas partes se han emplazado a conformar mesas de trabajo para alumbrar respuestas efectivas.

Carlés, que evidencia la gravedad de la realidad generada por el coronavirus señalando que en seis meses las entidades sociales ya han atendido en la región a un 70 por ciento de las personas que reclamaron sus servicios en todo 2019, defiende por tanto que nadie entendería que estas organizaciones que se ocupan de la discapacidad y las personas empobrecidas dedicaran ahora "un menor esfuerzo".

"No es momento de hacer experimentos ni de racanear en las subvenciones. Además de ser leales, en el Tercer Sector somos expertos en saber gestionar bien los recursos. De un euro hacemos 10", ha destacado Carlés que ha insistido en que cualquier decisión que tome el Gobierno regional en materia social ha de contar con el visto bueno y la participación de estas organizaciones.

Reordenación de las prestaciones

En cuanto a la ordenación de las prestaciones económicas del sistema público de servicios sociales para personas en situación de dificultad económica y social en el que trabaja el Gobierno regional tras decidir dejar sin efecto el Ingreso Mínimo de Solidaridad, Braulio Carlés ha agradecido que desde la Consejería de Bienestar Social hayan reconocido que "las cosas no se han hecho bien", extremo que en su opinión "les honra", y ha insistido en la necesidad de mantener el Ingreso Mínimo de Solidaridad porque, pese a la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital, los dos "siguen siendo necesarios".

"En la situación en la que estamos no es de recibo anular el IMS por la entrada en vigor del IMV. Habrá ciudadanos que piensen que lo que hacemos es alimentar a caraduras. No es así. Hay situaciones muy complicadas que requieren tanto de un ingreso como de otro. Lo que hay que hacer es estudiarlo bien y analizar caso a caso. Para eso están los profesionales", ha terminado apuntando.