El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica hoy la resolución por la que se materializa la posibilidad de ampliación de los contratos para la formación de personal investigador en centros públicos de investigación y en empresas que se habían visto afectados con motivo de la crisis ocasionada por la COVID-19.
La pandemia provocada por la COVID-19 en el mundo y su fuerte impacto tanto sanitario como económico y social, ha puesto de manifiesto la necesidad de potenciar la investigación de calidad y la inversión en ciencia, así como los mecanismos esenciales para poder afrontar futuras crisis de este tipo.
Con el objeto de minimizar los efectos negativos generados por la crisis sanitaria sobre la actividad investigadora en la región, asegurar los derechos de las personas contratadas y garantizar el desarrollo adecuado de las tesis doctorales, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del gobierno que preside Emiliano García-Page destinará 146.465 euros a la prórroga de los contratos para personal investigador en formación.
Esta cantidad se añade a los 2.604.000 euros con lo que está dotada esta línea de ayudas, que comenzó en 2017 con una duración de 4 años y que permitió la firma de 30 contratos predoctorales a jóvenes investigadores a través de su cofinanciación por el Programa Operativo Regional del Fondo Social Europeo 2014-2020.
A través de esta prórroga se permitirá cumplir con la finalidad de estas ayudas predoctorales, contribuir a la formación y especialización de personal investigador y potenciar sus capacidades, así como facilitar su inserción laboral en actividades de I+D+i, tanto en el sector público como privado, estimulando la movilidad de los recursos humanos en I+D+i, dentro del sector público y entre éste y el sector empresarial.
Estas ayudas se complementan con las últimas subvenciones concedidas por el Gobierno regional, como las de contratación de personal investigador con titulación de doctorado en centros públicos de investigación y empresas; las de contratación de ayudantes de investigación y de gestión de la I+D y técnicos de laboratorio; las de tecnólogos en empresas y centros tecnológicos; y con las anteriores de formación de personal investigador y contratación de doctores. Unas ayudas que sumadas en conjunto dan un total de 120 contratos, todos ellos destinados a una investigación de calidad en nuestra región.
Para la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, con esta medida se pretende “minimizar los efectos negativos generados por la crisis sanitaria sobre la actividad investigadora de la región, asegurando los derechos de las personas contratadas y garantizando la consecución de sus actividades de investigación”.