Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, ante los efectos duraderos del temporal 'Filomena' ha pedido al Gobierno regional que destine un fondo presupuestario que permita la contratación de personas desempleadas para momentos de urgencia y extrema necesidad.
"En muchos pueblos de nuestra región existen personas sin empleo que han podido ser contratadas inmediatamente para limpiar las calles, desbloquear las carreteras de acceso o cualquier actuación que hubiera ayudado a solucionar los problemas de movilidad que han tenido muchos ciudadanos durante estos últimos días", han reclamado en nota de prensa desde la federación de izquierdas.
De igual modo, se ha referido a los problemas de suministro eléctrico y de telefonía que muchos castellano-manchegos han sufrido durante estos días más de 27.000 familias.
"Nos consta que los gabinetes de crisis han funcionado, han coordinado acciones e intervenciones y han intentado paliar lo más gordo del temporal que ha dejado graves daños en nuestra región. Pero en esos gabinetes formados por los delegados de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los dubdelegados del Gobierno, las diputaciones, Guardia Civil, Protección Civil y la Consejería de Sanidad se echó en falta la presencia de las empresas telefónicas y de suministro eléctrico", han criticado.
Desde IU C-LM piden que en próximas ocasiones se traslade información e instrucciones rápidas y concretas a los alcaldes y alcaldesas de los municipios castellano-manchegos. "Con un pequeño esfuerzo los perjuicios hubieran sido menores, a pesar de que las inclemencias climatológicas han sido extraordinariamente adversas e inusuales".
A juicio de Izquierda Unida estos problemas relacionados con el suministro eléctrico "no es algo puntual o excepcional por el paso del temporal 'Filomena'. Existe una falta de inversión en las infraestructuras".
"No es aceptable el nivel de obsolescencia de las instalaciones y conducciones del suministro eléctrico y de telefonía, las propias compañías deberían mantener sus equipamientos al nivel de los beneficios multimillonarios que obtienen, además de las subvenciones que reciben desde todos los niveles de la administración pública" explican.
De igual modo, han reclamado la intervención en el mercado para reducir la carga que supone para las familias y que el suministro eléctrico y las comunicaciones lleguen a todas las personas como un derecho de la población, además de la modificación a largo plazo de la fijación de las tarifas posibilitando la participación de los consumidores en este proceso.