La Comisión de Fomento de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado este lunes 22 enmiendas parciales a la proposición de Ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas (SUMA), las siete presentadas de manera conjunta por PSOE y Ciudadanos (Cs) y 15 del PP.



La votación de las 28 enmiendas parciales en total -21 del PP y siete de PSOE y Cs- ha tenido lugar tras un receso para alcanzar el mayor acuerdo posible y que la nueva normativa llegue al pleno con el máximo apoyo de los tres grupos parlamentarios.



Veinte de las 22 enmiendas aprobadas han alcanzado la unanimidad de los tres grupos, cuatro de ellas -del PP- transadas por PSOE y Cs; mientras que en las otras dos se ha abstenido el grupo popular para tomar una decisión definitiva en el pleno.



El resto de las enmiendas del PP, un total de seis, han sido rechazadas con el voto en contra del PSOE y la abstención de Cs, y el grupo popular las mantiene vivas para el pleno, así como los diputados 'populares' se han abstenido en las votaciones del resto del texto normativo.



Durante el debate, la diputada regional del PSOE Marisa Sánchez, que será la ponente en el pleno del dictamen aprobado en la comisión de Fomento, ha destacado que esta proposición de Ley viene de la mano de PSOE y Cs, fruto del acuerdo de los dos partidos con el Gobierno de Castilla-La Mancha para la reconstrucción de la región.



Sánchez ha subrayado que ha sido un trabajo "consensuado y enriquecido" donde ha primado el "diálogo", si bien también ha agradecido la predisposición del grupo popular para alcanzar acuerdos en relación a las enmiendas.



La parlamentaria socialista ha concretado que la Ley SUMA plantea 61 modificaciones a la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (Lotau) después de más de 20 años en vigor en la comunidad autónoma, y que recogen las reivindicaciones de colegios profesionales del sector urbanístico, las reclamaciones de empresarios, las necesidades de municipios y las protestas de la ciudadanía y de los alcaldes "sin distinción por color político".



Según Sánchez, las enmiendas planteadas a la normativa son principalmente técnicas y ha defendido que las presentadas por PSOE y Cs proponen mejorar el texto, precisar el contenido de determinados artículos, elevar plazos en la emisión de informes por parte de la Administración y beneficiar a los municipios además de solventar la dificultad o imposibilidad de pequeños pueblos a la hora de plantear actuaciones de transformación urbanística de uso industrial.



Con respecto a algunas de las enmiendas del PP que han sido rechazadas, ha explicado que los dos grupos proponentes del texto normativo no entienden la motivación del grupo popular al hacer determinados planteamientos que, entre otras cosas, pretenden aminorar los recursos de la Administración y "llevar a la supresión del patrimonio público de suelo autonómico".



Por su parte, el presidente del grupo parlamentario de Cs, Alejandro Ruiz, ha expresado el apoyo de la formación naranja a la norma porque "va a ser buena y positiva para los ciudadanos", al tiempo que ha afeado que el PP la critique pero luego diga que la apoya y le ha reprochado que no impulsó ninguna reforma urbanística durante los cuatro años que gobernó en la región.



No obstante, ha coincidido con el PP en que se puede criticar la "tardanza" de esta Ley y la "rimbombancia" del Gobierno regional al defenderla y, en este punto, ha tildado de "sobrada" que el consejero de Fomento, Nacho Hernando, presentara la norma como "la luz al final del túnel" durante la toma en consideración en sesión plenaria.



Este mismo argumento ha sido uno de los utilizados por la diputada del PP María Roldán, que ha sustituido en esta comisión a su compañero de filas Miguel Ángel Rodríguez que se encuentra afectado por la covid-19, al que todos han deseado una pronta recuperación.



Roldán ha considerado que la norma debería haber sido "más ambiciosa" y haber acometido "una verdadera reforma de la Lotau", en vez de poner "parches" a los problemas urbanísticos que, sin embargo, el PP cree que incluyen "elementos positivos" para el urbanismo en la región.



Sobre las enmiendas del PP, ha dicho también que son cuestiones "muy técnicas", pero ha hecho hincapié en que dos de ellas plantean suprimir el aumento del canon del dos por ciento del coste real y efectivo de construcción, instalación u obra para evitar así que la Junta de Comunidades recaude el 1 o 2 % y que el crecimiento económico se produzca en la Administración y no repercuta en la comunidad autónoma.



Ha lamentado que estas dos enmiendas hayan sido rechazadas, al tiempo que ha criticado también que la iniciativa se haya presentado como proposición de Ley y no como proyecto de Ley, porque eso supone evitar el control del Consejo Consultivo, ha alertado.