Las Cortes de Castilla-La Mancha han apoyado este jueves las negociaciones del Gobierno regional para la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y han pedido diálogo por parte del Ejecutivo central con las comunidades autónomas y el sector para garantizar que las decisiones se adopten con el mayor consenso.



Estos son algunos de los puntos que recogen las propuestas de resolución del PSOE y de Ciudadanos (Cs) al debate general relativo a la nueva PAC y sus efectos para la región, a propuesta del PSOE en la sesión plenaria del Parlamento autonómico, que han sido aprobadas con los votos a favor de los 19 diputados regionales del PSOE y los dos diputados presentes de la formación naranja, mientras que la propuesta del PP ha sido rechazada.



Además del apoyo a las negociaciones por parte de Castilla-La Mancha, la resolución del PSOE incluye el respaldo a las reivindicaciones de la región en relación a la defensa de un sistema para pequeños agricultores, la definición de agricultor genuino, la eliminación de los derechos de pago básico en 2023, la convergencia total entre regiones, mantener el techo de ayuda y, entre otras cosas, maximizar los fondos destinados a la ganadería.



De igual forma, la propuesta de Cs también contempla, además de la petición de diálogo y consenso, la solicitud para que se modifique el decreto de cara a 2022 para fijar el límite máximo de reducción que pueden sufrir los agricultores en el proceso de convergencia de los derechos de pago, y para que se tomen las medidas necesarias para que los costes de la transición repercutan de forma progresiva y equitativa.



Durante el debate parlamentario, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha invitado a los tres partidos a alcanzar un acuerdo para tener a una posición única de Castilla-La Mancha con respecto a la reforma de la PAC, en la que ha resaltado que el objetivo no es otro que "beneficiar a los agricultores profesionales".



Con respecto a la negociación, ha indicado que la próxima semana tendrá una reunión con el Ministerio de Agricultura y que está previsto que en mayo o junio pueda cerrarse un acuerdo entre el Estado y las autonomías, al tiempo que ha resaltado que en Castilla-La Mancha hay un documento de posición vigente desde 2017 al que se suma el acuerdo con Aragón.



Ha augurado que el acuerdo final "va a incluir muchas de las cuestiones importantes para Castilla-La Mancha" que ha resumido en cinco puntos, uno de los cuales está referido a la definición de 'agricultor genuino', para la cual esta región apuesta por que tenga que acreditar que al menos el 20 por ciento del total de los ingresos de la explotación procede de la actividad agraria; y a los pequeños agricultores, para los que Castilla-La Mancha pide que queden exentos de cumplir criterios de agricultor genuino si reciben menos de 2.000 euros de ayuda.



De igual forma, ha explicado que el segundo punto tiene que ver con la convergencia de las ayudas y en este sentido Castilla-La Mancha quiere "que haya mucha" en la nueva PAC y con las mínimas regiones posibles, y en el tercer punto aboga por que desaparezcan los derechos de pago de la PAC.



También ha dicho que en el cuarto punto la posición de esta comunidad autónoma es que es necesario que se aplique bien el techo por explotación, mientras que en el quinto punto pretende que se haga una diferenciación para que las mujeres reciban más fondos en el primer pilar de la PAC, sobre todo aquellas que se incorporen a la agricultura.



Con todo, ha remarcado que la PAC no solo son las ayudas directas sino también la política de desarrollo rural cuya gestión es exclusiva de la comunidad autónoma, y en este punto ha defendido que desde el año 2015 al 2020 el Programa de Desarrollo Rural (PDR) ha contado con 1.485 millones de euros y en 2021 y 2022 la prórroga supondrá 550 millones de euros extraordinarios gracias a los fondos para la recuperación tras la covid-19.



Esto permitirá, ha apuntado, garantizar la gestión de fondos como los destinados a la incorporación de jóvenes agricultores, para los que hay abierta una convocatoria hasta el 16 de mayo con 100 millones de euros y se han incorporado 2.660 en los últimos años con la finalidad de alcanzar 4.000; a la mejora de explotaciones, que tendrá una próxima convocatoria con 70 millones; y a la agricultura ecológica o a medidas agroambientales.



Por parte de los grupos parlamentarios, la nueva diputada regional de Cs Elena Jaime ha lamentado que la PAC "no ha servido para fijar población en las zonas rurales, para lo que se necesita algo más", así como ha puesto el acento en que los agricultores y ganaderos castellanomanchegos reciben 1.000 euros menos de media de ayuda que en otras zonas y ha apostado por la "homogeneidad" en las ayudas en la reforma de la PAC.



De su lado, el parlamentario 'popular' Emilio Bravo ha afeado al consejero de Agricultura que "utilice" las negociaciones que hicieron los gobiernos del PP para lograr 47.500 millones de euros en la PAC, y ha acusado al PSOE que, de entrada, ha aceptado la pérdida de 5.000 millones en la negociación de la reforma.



La propuesta de resolución del grupo popular, rechazada en la votación, recoge que las Cortes regionales insten al Ejecutivo autonómico a garantizar la interlocución con las organizaciones agrarias, a defender los intereses del sector agrario de Castilla-La Mancha y "no permitir que se pierda ni un euro", y a apostar por una "convergencia total" a partir de 2023 y, entre otras cosas, a garantizar las ayudas a la ganadería y un aumento del presupuesto para la incorporación de jóvenes.



A su vez, la diputada del PSOE Joaquina Sáez ha subrayado que la postura de Castilla-La Mancha ante la reforma de la PAC es "clara y consensuada" y pretende defender a los agricultores, ganaderos y el desarrollo rural de la región porque la Política Agraria Común "no solo es útil para el sector agrario sino para el conjunto de la sociedad porque crea trabajo, dinamiza la economía y asienta territorio".