El Gobierno de Castilla-La Mancha pretende mantener vigente el toque de queda en la comunidad autónoma más allá del próximo domingo 9 de mayo, cuando decae el estado de alarma en toda España, pero es consciente de que, casi con total seguridad, no va a poder hacerlo al no tener competencia para limitar derechos fundamentales como la libre circulación. Por eso, el Ejecutivo castellano-manchego ya trabaja en un paquete de medidas alternativo, que tienen que ver con la limitación de aforos y horarios en los sectores del ocio y de la hostelería.
Este jueves se ha celebrado un Consejo de Gobierno extraordinario en el Palacio de Fuensalida de Toledo, sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha, para decidir sobre las medidas y restricciones que se mantendrán activas en la región para controlar la pandemia de coronavirus una vez que decaiga el estado de alarma en España el próximo domingo 9 de mayo. La intención del Ejecutivo autonómico es, a partir de esa fecha, poner fin al cierre perimetral de la comunidad, mantener el toque de queda y ampliar de seis a diez el número máximo de personas que puedan reunirse. Sin embargo, la apertura del perímetro regional es lo único que está garantizado a día de hoy, ya que existen serias dudas jurídicas sobre la competencia de las comunidades autónomas para restringir las libertades fundamentales de los ciudadanos.
De hecho, según ha informado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en una reunión posterior a la celebración del Consejo de Gobierno, Castilla-La Mancha tiene prácticamente asumido que no podrá mantener el toque de queda ni limitar las reuniones sociales a partir del 9 de mayo sin el paraguas del estado de alarma, pese a lo que ha solicitado formalmente a los servicios jurídicos de la Junta y al Consejo Consultivo que se pronuncien, por lo que el próximo sábado, una vez emitidos sus informes al respecto, se celebrará otro Consejo de Gobierno extraordinario en el que se tomarán las decisiones correspondientes de manera definitiva. Las sensación es que la respuesta irá en la línea de lo que ya han declarado las fiscalías en otras comunidades autónomas: no se puede hacer.
"Si no podemos acometer acciones que limiten los derechos fundamentales hay otro conjunto de medidas que pondremos en marcha. Tomaremos la decisión el sábado", ha asegurado Fernández Sanz, que ha detallado que el 'plan b' del Gobierno de Castilla-La Mancha si no puede mantener activo el toque de queda, vigente actualmente de 00:00 a 06:00 horas, pasa por "limitar aforos y horarios que tienen que ver con el ocio y la hostelería". Eso sí, ha advertido de "la situación actual -que ha calificado como "estable a la baja"- y el avance de la vacunación nos permiten ser algo menos restrictivos", por lo que ha adelantado que "las medidas van a seguir siendo prácticamente las mismas que actualmente".
Una vez que se tenga seguridad sobre "la pertinencia o no" de adoptar ciertas medidas sin el amparo del estado de alarma, Fernández Sanz ha abogado por mantener en la prudencia para conseguir disfrutar de "un buen verano".
Page reconoce "dificultades jurídicas"
En una comparecencia anterior desde Talavera de la Reina, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ya había reconocido que podrían existir dificultades jurídicas de cara a mantener desde las comunidades autónomas los toques de queda sin el amparo del estado de alarma una vez que esta figura desaparezca el próximo domingo.
Page ha recordado que levantará el cierre perimetral de Castilla-La Mancha, pero ve "difícil" mantener ese toque de queda desde la perspectiva jurídica autonómica, aunque se pueden tomar medidas para seguir "llamando a la prudencia" una vez que decaiga el estado de alarma.
Así, ha recordado que él mismo fue "proclive" a pedir aguantar el toque de queda un mes más, pero ha reconocido que ahora es "delicado" mantener este extremo. Por ello, se han pedido informes jurídicos al Consejo Consultivo para ver qué decisión tomar al respecto, algo que hará antes del sábado.
"No nos vamos a bajar del autobús en el último tramo y vamos a seguir hasta el final, dando la cara y asumiendo responsabilidades. Pero, obviamente, las que podemos, porque las que no podemos tomar, no las podemos tomar", ha indicado.
Sin embargo, el Defensor del Pueblo ve constitucional que las comunidades acuerden, con la legislación vigente y sin necesidad del estado de alarma, medidas de protección de salud pública que "supongan limitaciones temporales de derechos fundamentales de alcance general". Y avala que las comunidades lo hagan "siempre que justifiquen adecuadamente, en cualquier caso, su necesidad, idoneidad y proporcionalidad" de las mismas, según señala la institución en su informe anual presentado este jueves.
El documento se publica poco antes de que expire el estado de alarma y coincide precisamente con el debate abierto por el escenario que ello dibuja ahora en las comunidades y los planes que tienen que diseñar para contener al virus sin este paraguas de excepción que lleva vigente desde finales de octubre.
Lo que dice el ministro de Justicia
Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha mostrado este jueves su confianza en la "responsabilidad ciudadana" una vez que decaiga el estado de alarma el próximo 9 de mayo, al tiempo que ha insistido en que las comunidades autónomas cuentan con un "arsenal jurídico suficiente" para afrontar la pandemia de coronavirus.
En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, el titular de Justicia ha reconocido que las autonomías no podrán mantener el toque de queda o el cierre de sus territorios porque estas restricciones de derechos fundamentales "solo se puede" aplicar mediante ley orgánica.
"Pero no quiere decir que no tengan un arsenal jurídico amplísimo para aplicar cierres perimetrales, de municipios o el establecimiento de horarios. Pueden hacer muchas cosas", ha sostenido Campo, que ha repetido su confianza en la cogobernanza y en las decisiones que se tomen en el Consejo Interterritorial de Salud.