El Gobierno regional y los sindicatos de la función pública han aprobado este martes, por unanimidad, en la Comisión Negociadora del VIII Convenio Colectivo, la Oferta de Empleo Público (OEP) de personal laboral correspondiente al ejercicio 2021, que asciende a 251 plazas, de las que 212 son de nuevo ingreso y 59 de promoción interna.
Este acuerdo entre la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y los representantes de los empleados públicos ha sido alcanzado en la reunión de la Comisión Negociadora del VIII Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que ha tenido lugar esta mañana y que ha estado presidida por el director general de Función Pública, José Narváez.
Dicha negociación se lleva a cabo dentro del proceso de planificación y negociación de la Oferta de Empleo Público del presente año 2021, que se desarrolla en los distintos sectores del empleo público regional, ha informado la Junta en un comunicado.
Tras la celebración de la Comisión Negociadora del VIII Convenio Colectivo, la Oferta de Empleo Público de Administración General para este ejercicio se tiene que completar con la aprobación de las plazas para funcionarios, que serán negociadas mañana por el Ejecutivo regional y los sindicatos en la Mesa Sectorial de Personal Funcionario.
II PLAN DE IMPULSO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS
La Oferta de Empleo Público para el año 2021 se enmarca dentro del II Plan de Impulso de los Servicios Públicos 2020-2023 del Gobierno de Castilla-La Mancha, que prevé la aprobación de cerca de 6.000 plazas de empleo público en el periodo comprendido entre 2020 y 2023.
Además, el Gobierno regional convocó recientemente los procesos selectivos de las Ofertas de Empleo Público para cubrir un total de 1.583 plazas de Administración General, 1.518 correspondientes a las OEP de 2019 y 2020 de Administración General y 65 del turno independiente para personas con discapacidad intelectual de las OEP de entre 2017 y 2020.
Todo ello forma parte de una estrategia que permite generar oportunidades de empleo en la región, transmitir certidumbre a los ciudadanos y ciudadanas interesados en adquirir la condición de personal empleado público de la Administración regional y mejorar la calidad de los servicios que presta la Junta, dotando de mayor estabilidad a las plantillas e incentivando el desarrollo profesional del personal empleado público.