Esta ley tiene como prioridades dar una respuesta a la crisis económica y social generada por la pandemia e impulsar un cambio del modelo productivo en la región, una normativa que tras ser aprobada la pasada semana entraré en vigor este jueves.
Se trata de una norma que el Gobierno autonómico considera fundamental para poner a punto la maquinaria administrativa de la Junta de Comunidades, a fin de poder tramitar y ejecutar el importante volumen de recursos europeos que llegará en los próximos años, ha informado la Junta en nota de prensa.
Esta iniciativa legislativa, que respeta la normativa estatal y de la Unión Europea, además de contar con garantía de seguridad jurídica y de control para garantizar una transparencia absoluta, permitirá afrontar un reto sin precedentes en Castilla-La Mancha, tanto por la importancia de los recursos como por la celeridad requerida en la ejecución de los proyectos que se financiarán con estos fondos europeos.
Los tres principales objetivos de esta Ley son simplificar la maquinaria administrativa relacionada, fundamentalmente, con la contratación pública; dotar al personal funcionario de posibilidades de movilidad, al objeto de sacar el mayor partido posible a los recursos humanos; e intensificar la coordinación a través de una Comisión Delegada para los Fondos Europeos y el refuerzo de las funciones de la Comisión Regional de Fondos Europeos.
CUATRO LÍNEAS DE ACCIÓN
Para alcanzar estos objetivos, la norma recoge cuatro líneas de acción. La primera establece las medidas de agilización y simplificación de los procedimientos que se deben llevar a cabo en materia de convenios, ayudas y subvenciones y contrataciones. Se fijan, también, medidas que afectan a la gestión presupuestaria y al régimen de control de los expedientes de gasto.
La segunda línea de acción se centra en los proyectos declarados prioritarios que podrán ser financiados con fondos europeos y cuya gestión y ejecución podrá realizarse mediante la colaboración público-privada.
La tercera está relacionada con el impulso de instrumentos dirigidos a la dinamización de la economía regional, en concreto, de la Agencia de la Energía y el Cambio Climático de Castilla-La Mancha y el Centro Regional de Innovación Digital, cuyos fines van en consonancia con los principales objetivos de los fondos de recuperación, como son la transición ecológica y la transformación digital.
Y la cuarta y última línea de acción recoge medidas específicas en relación con los recursos humanos, como su redistribución para agilizar la gestión y absorción de estos fondos, el refuerzo de plantillas donde sea necesario mediante programas temporales de empleo o la formación de personal empleado público.