El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes un decreto de ayudas para las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en la búsqueda de oportunidades de empleo para las personas en situación de exclusión social, con el que cofinanciará un total de 24 proyectos europeos de nueve entidades de la región.

Así lo ha explicado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en una rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno, en la que ha especificado que el apoyo del Gobierno regional para esta cofinanciación es de 1,34 millones de euros con carácter plurianual, por lo que las entidades beneficiarias podrán justificar las subvenciones desde 2021 hasta 2023 inclusive.

Asimismo, ha destacado que la principal novedad con respecto a decretos anteriores es que se eleva el porcentaje de financiación del Ejecutivo autonómico para las entidades sin ánimo de lucro, de manera que antes era del 15% con tope de 55.000 euros por entidad y ahora ha subido al 22,5% y sin techo por entidad, salvo lo que marque la modalidad de financiación europea.

Franco ha precisado que el decreto está dividido en dos líneas de ayudas con concesión directa, una para el programa operativo de inclusión social y economía social en el que el Gobierno regional apoya a ocho entidades en 18 proyectos, y otra para el programa operativo de empleo juvenil en el que apoya a tres entidades -dos repiten- en seis proyectos.

Proyectos en detalle

Ha detallado que en el programa de inclusión social y economía social, la Junta de Comunidades cofinancia cuatro proyectos europeos de Cruz Roja, tres proyectos de la Fundación Secretariado Gitano, uno de la Fundación Cepaim, uno de la Fundación ONCE, tres de Cáritas Diocesana, uno de Proyecto Hombre, uno de Acción contra el hambre y uno de la Fundación de centros de desarrollo rural.

En cuanto al programa de empleo juvenil, cofinancia dos proyectos de la Fundación ONCE, otros dos de la Fundación Secretariado Gitano y otros dos de YMCA, y en este caso ha apuntado que las entidades podrán presentar como gastos subvencionables tanto los costes salariales y de Seguridad Social de los equipos como los gastos de los jornadas, encuentros y actividades que realicen.

Actuaciones en el turismo

Por otro lado, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha informado de la aprobación de otros dos decretos, en esta ocasión en materia turística, con el objetivo de actualizar la normativa del sector para dar una mayor garantía tanto a las empresas que viven de la actividad turística como a los consumidores.

Uno de los decretos, ha señalado, pretende la ordenación de las empresas de la restauración de la región, tal y como establecía la Ley de Turismo de Castilla-La Mancha de 1999 que sin embargo no se ha llevado a cabo pese al paso de los años y que no supone coste alguno.Se trata, ha aseverado Franco, de actualizar la regulación, ordenación y clasificación de las empresas de restauración en seis categorías: restaurantes, cafeterías, bares, establecimientos de ocio, diversión y baile; empresas de cáterin, y espacios para eventos; lo cual afecta a más de 15.000 empresas en la comunidad autónoma (hay registrados más de 11.400 bares, más de 500 cafeterías y más de 3.000 restaurantes).

Estas empresas tendrán un plazo de dos años a partir de la publicación del decreto para, mediante declaración responsable, comunicar en qué categoría se clasifican y, una vez hecho, recibirán una placa distintiva para cada local con la nueva imagen de la región (el yelmo del Quijote).

En cuanto al segundo decreto en materia turística, Franco ha subrayado que regula a las empresas de intermediación turística y deroga el decreto de 2007 porque este sector también ha evolucionado hacia nuevas fórmulas sobre todo por el uso de la digitalización o cambios en los consumidores. En este punto, ha resaltado que el nuevo decreto da cumplimiento a la directiva europea de 2015 que establece un régimen de garantías para los consumidores de la actividad de este tipo de empresas, y que está dirigido a las más de 420 agencias de viajes así como a las centrales de reserva, operadores turísticos y otras empresas de estas características.

En concreto, en el caso de las agencias de viajes cambia la clasificación y ahora tendrán que enmarcarse en una de las tres tipologías recogidas en el decreto -organizadoras (viajes combinados), minoristas (de un organizador) u organizadoras minoristas (ambas actividades de manera simultánea).

La normativa europea, ha añadido Franco, establece la necesidad de constituir una garantía por parte de las agencias de viajes para responder frente a una posible insolvencia, que podrán hacer de manera individual, por seguro o aval bancario por importe mínimo de 100.000 euros; colectiva, por seguro o aval bancario o fondo solidario de garantía nunca inferior a 2,5 millones; o por garantía de cada viaje combinado con seguro particular. Las empresas de intermediación turística de la región contarán con un plazo de seis meses a partir de la publicación del decreto para establecer la garantía que elijan.