Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves la Ley del régimen administrativo y fiscal del Juego, que ha contado con el apoyo del PSOE y Ciudadanos (Cs) y la abstención del PP.
En las sucesivas votaciones, han sido rechazadas las enmiendas parciales del PP y los tres grupos parlamentarios han aprobado por unanimidad la transacción planteada por la formación naranja para aumentar el plazo de los locales para adaptarse a la nueva norma, y a cambio ha retirado el resto de sus enmiendas.
Durante el debate de las 16 enmiendas parciales que han llegado vivas de la comisión de Economía y Presupuestos -7 de ellas de Cs y 9 del PP-, Cs ha expresado su apoyo si bien ha pedido más consenso, el PP ha criticado la "excesiva recaudación" mientras que el PSOE y el Gobierno regional han defendido la nueva normativa autonómica.
El PP ha considerado que "no es una ley buena en estos momentos para Castilla-La Mancha", al tiempo que ha defendido sus enmiendas por ser "buenas para el sector y para los ciudadanos" y aunque ha reconocido que se ha alcanzado "cierto consenso" en la tramitación de la norma, los 'populares' no están de acuerdo con las "subidas considerables que propone en el ámbito tributario y en el de las sanciones".
El PSOE, por su parte, ha justificado el rechazo a todas las enmiendas parciales de los dos grupos de la oposición por considerar que la nueva ley busca el "interés general" mientras que Cs y PP se han centrado en el "interés particular" de algunos empresarios del sector del juego regional.
"La más protectora"
En la misma línea, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido la Ley del Juego porque "sitúa a Castilla-La Mancha a la vanguardia en España" y es "la más protectora" para menores y personas con adicciones al juego, además de "la más preventiva" porque fomenta el juego responsable, "la más exigente" en cuanto a la publicidad, "la más rigurosa" en materia de sanciones y "la más progresiva" desde el punto de vista tributario.
Ruiz Molina ha incidido en que la norma es "muy ambiciosa en sus fines y muy completa", además de que "da respuesta a la demanda social que reclama una mayor protección a los grupos más sensibles, especialmente los menores y compatibiliza la protección con los intereses legítimos de quienes desarrollan una actividad económica que es absolutamente legal".
Ha detallado que, una vez aprobada, será la tercera Ley del Juego de Castilla-La Mancha en los 40 años de autonomía y ha considerado que marcará "un antes y un después" en la regulación del sector, así como que "subsana las anomalías" de la anterior legislación de 2013 que, a su juicio, ha contribuido a la proliferación de establecimientos de juegos de manera que en 2013 había 51 locales y en 2020 había 200 autorizados, lo que sitúa la región por encima de la media nacional y de muchas otras comunidades.
Asimismo, ha resaltado las "novedades" que introduce la Ley en relación a los principios rectores centrados en la prevención de la adicción al juego y en el fomento de la seguridad jurídica y el empleo estable y de calidad en el sector, en las actividades de sensibilización por parte de la Administración con la creación del Observatorio del Juego Responsable, y en las restricciones en materia de publicidad.
También ha hecho hincapié en que la normativa establece requisitos vinculados a la distancia que debe haber entre estos locales y los centros educativos, autoriza a los ayuntamientos a declarar "zonas saturadas" de este tipo de locales y establece 10 años para que los locales abiertos antes de la entrada en vigor puedan adaptarse a las nuevas condiciones, así como se refuerza el control en el acceso, se revisa el régimen sancionador y propone un régimen tributario "mucho más justo".
Asimismo, la portavoz del PSOE, Ana Isabel Abengózar, ha destacado que la Ley del Juego incluye medidas para una política "integral" del fomento del juego responsable y "pone el foco en las repercusiones sociales" mientras que la Ley de 2013 "priorizaba los intereses del sector económico".
De su lado, el portavoz de Cs, David Muñoz, ha abogado por "ponderar los intereses en juego" y alcanzar medidas que cumplan el objetivo de luchar contra la ludopatía pero que sean menos restrictivas de la libertad individual, a través de medios como una "planificación estratégica" como la que se ha llevado a cabo en los últimos años y que ha logrado reducir el número de locales, a la vez que ha advertido de que la norma no tiene efectos en el juego virtual.
Por su parte, el parlamentario 'popular' Miguel Ángel Rodríguez ha lamentado que no se haya llegado a un consenso en determinados aspectos como el silencio administrativo negativo y la presión tributaria o el régimen sancionador, ha puesto de manifiesto que no hay muchas novedades con respecto a la Ley de 2013 y ha acusado al PSOE de "criminalizar" al sector pese a que los trabajadores son los primeros interesados en que no entren menores a sus establecimientos.