El Ministerio de Hacienda transferirá este viernes a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla 9.440 millones de euros, el 70% del fondo extraordinario de 13.486 millones de euros aprobado por el Ejecutivo para que las regiones hagan frente al impacto de la crisis de la COVID-19, de los que Castilla-La Mancha recibirá 424 millones de euros.

El resto del fondo, equivalente al 30% del total, es decir, 4.046 millones de euros restantes, se distribuirá el próximo mes de noviembre. En este caso, a Castilla-La Mancha le corresponderán otros 181 millones.

Esta transferencia adicional y extraordinaria a las comunidades autónomas, que se encuentra al margen del sistema de financiación, ya se había comunicado a los gobiernos regionales en el otoño de 2020 y estaba contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

Con este fondo, el objetivo del Gobierno es que el Estado central asuma una parte importante del déficit autonómico y que de esta manera las Comunidades Autónomas cuenten con más margen de maniobra y mayor liquidez para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia. Además, con esta cuantía, podrán prestar con calidad los servicios públicos ligados al Estado del Bienestar.

Tres comunidades reciben casi la mitad del total

Andalucía, Cataluña y Madrid son las autonomías que más dinero recibirán del total del fondo. En concreto, Andalucía se llevará, tras la transferencia de noviembre, un total de 2.357,50 millones de euros; Cataluña recibirá 2.160,99 millones de euros y la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso obtendrá 1.863,76 millones de euros.

Tras estas tres comunidades, que suman el 47% del total de este fondo, se sitúan la Comunidad Valenciana (1.400 millones); Galicia (828,38 millones); Castilla y León (741,26 millones); País Vasco (644,5 millones); Canarias (629 millones); Castilla-La Mancha (605,3 millones); Murcia (421,9 millones); Aragón (402,5 millones); Baleares (329,7 millones); Extremadura (317,8 millones); Asturias (308,3 millones); Navarra (192,9 millones); Cantabria (168,3 millones); La Rioja (93,5 millones) y Ceuta y Melilla (10 millones).

Reparto por población ajustada

La distribución de estos recursos entre las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas se realiza con el criterio de población ajustada. Es la fórmula por la que la mayor parte de gobiernos regionales optó cuando el Ministerio de Hacienda.

En concreto, de acuerdo con el Real Decreto aprobado en agosto, el criterio que se sigue para las Comunidades de régimen común es la población ajustada definitiva de 2020, calculada de acuerdo con las variables y ponderaciones previstas en la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación.

La asignación a País Vasco y Navarra responde a la población ajustada de 2020 que resultaría de aplicar a todas las Comunidades Autónomas, incluidas las forales, las variables y ponderaciones previstas en la Ley 22/2009.

Entregas récord

Este fondo extraordinario se suma a unas entregas a cuenta récord del sistema ordinario de financiación, que ascienden este año a 105.589 millones de euros y que en 2022 crecerán más de un 6% hasta marcar un nuevo hito histórico al rebasar los 112.000 millones de euros.

Además, en este 2021 las Comunidades Autónomas han recibido 7.000 millones para ayudar a reforzar la solvencia de pymes y autónomos afectados por la crisis sanitaria y también han percibido transferencias a cargo de los recursos comunitarios: 8.000 millones de euros del fondo REACT, a lo que hay que sumar que ya se han distribuido más de 7.500 millones del Plan de Recuperación en las distintas conferencias sectoriales.

Con vistas a 2022, los territorios también contarán con recursos extraordinarios al margen del sistema de financiación. Así, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, transmitió a los consejeros autonómicos en el último Consejo de Política Fiscal celebrado a finales de julio, las Comunidades Autónomas recibirán una transferencia adicional de unos 3.900 millones de euros para cubrir las liquidaciones negativas de 2020 y, además, los Presupuestos Generales del Estado para 2022 incorporarán una partida de unos 3.100 millones de euros con los que el Estado compensará el perjuicio económico que supuso el cambio normativo en el IVA.