Los ocho presidentes autonómicos, entre los que se encuentra García-Page, que se han dado cita este martes en Santiago de Compostela han firmado una declaración institucional conjunta en la que, entre otras cosas, han acordado reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que el nuevo sistema de financiación autonómica "solo puede ser fruto" de un consenso multilateral, pidiendo que este debate "quede al margen" de los espacios bilaterales entre el Ejecutivo central y cada comunidad.
De esta manera los presidentes autonómicos quieren evitar lo que ocurrió con el modelo de financiación actual, que fue pactado en gran parte entre las autoridades catalanas y el entonces gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El acuerdo lo han rubricado los presidentes de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja y Cantabria en una declaración conjunta tras una reunión de casi tres horas de duración y después de que se eliminaran doce puntos del borrador inicial en el que han estado trabajando.
De este modo, estas autonomías han materializado un acuerdo con 35 puntos con diferentes premisas en cuestión de financiación autonómica, local, sanidad, despoblación, educación, dependencia, cogobernanza y el envejecimiento de la población.
En cualquier caso, estas comunidades autónomas apuntan directamente al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) como el órgano multilateral adecuado para negociar esta reforma del modelo de financiación autonómica en la que está trabajando el Ministerio de Hacienda, y que se evite hablar de esta cuestión en los espacios bilaterales.
Precisamente, este fue uno de los debates que sacaron a colación varios presidentes autonómicos después de que se pretendiera hablar de financiación autonómica en alguna reunión bilateral con Cataluña.
Además, han fijado una posición común para que el nuevo modelo de financiación autonómica se fije en los factores determinantes de sus necesidades de gasto reales. "Además de los costes fijos, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la orografía, la baja natalidad o el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población son condicionantes innegables de un mayor coste en la prestación de servicios, cuyo efecto debe cuantificarse de forma completa y ponderarse en mayor medida que en el actual sistema", señalan.
Asignación de recursos
Asimismo, el borrador subraya que la asignación de recursos entre las comunidades tenga como objetivo que todas puedan prestar servicios similares, con independencia de la capacidad de cada una para generar ingresos tributarios. Para ello, abogan por reforzar el principio de suficiencia, que garantice a las comunidades recursos suficientes para prestar los servicios de su competencia tanto en el presente como en el futuro, dentro de unos estándares de calidad aceptables.
Se incluye en la discusión a ocho bandas la necesidad de apuntalar políticas de conciliación y apoyo a la natalidad, así como introducir mecanismos para que las comunidades autónomas asuman incrementos o disminuciones de recaudación consecuencia de su capacidad de normativa.
Sin “privilegios”
En el arranque del documento, las ocho comunidades reivindican que comparten "intereses comunes, que nacen de sus características socioldemográficas, económicas e históricas", y remarcan el papel de las autonomías y el trabajo que deben realizar en "estrecha coordinación" con el Gobierno central y "con absoluta lealtad a los intereses generales".
"Reiteramos nuestra adhesión incondicional a los principios que regulan la organización territorial del Estado en la Constitución: la unidad de la Nación española, la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas", recoge el texto, en el que se alude a la "emergencia demográfica" y se ejemplifica con que las ocho comunidades suponen un 61,97% de la superficie española y un 24,13% de su población.
"Estas cifras dan testimonio de la dispersión y la despoblación que marcan su estructura demográfica e imponen retos específicos a sus Administraciones, que deben prestar a los españoles que viven en ellas los servicios públicos con las máximas condiciones de calidad y en igualdad con el resto de los ciudadanos del país", agrega, al tiempo que incide en que el nuevo modelo de financiación autonómica debe ser fruto "de la colaboración activa y leal" de todas las administraciones.
En este sentido, expresan su voluntad de consenso, pero advierten que "el modelo resultante de las negociaciones deberá respetar la igualdad de todos los españoles protegida por la Constitución, así como “rechazar privilegios económicos o sociales como recoge el artículo 138 de la Carta Magna".
"Defendemos y perseguimos un desarrollo social y económico equilibrado, con la aspiración de que cualquier persona en España tenga las mismas oportunidades", constata.
Fondo de Compensación Interterritorial
Otra de las premisas encima de la mesa de los presidentes pasa por potenciar el Fondo de Compensación Interterritorial y abrir la puerta a estudiar de forma paralela la reforma del a financiación local de la mano de todas las comunidades autónomas.
Avanzar en la transición a un nuevo modelo verde, que los fondos de cohesión no compitan con los fondos de recuperación y que del total de la aportación de la Unión Europea la mitad sea gestionada por las autonomías cierran el medio centenar de puntos que están discutiendo los ocho presidentes autonómicos.
Un nuevo grupo de edad en materia de dependencia
En materia de la dependencia, los ocho presidentes autonómicos plantean que se evalue de forma diferencial el efecto de la aplicación de esta ley. Por ello, defienden que la financiación debe ser suficiente para alcanzar los niveles de cobertura contemplados originalmente en esa norma, y "se realizará conforme se establece en el Informe de la Comisión para el análisis de la situación del Sistema de Dependencia".
Ante esto, proponen un nuevo grupo de edad a partir de 85 años, donde, según defienden, se concentran un mayor porcentaje de grandes dependientes destinatarios de los cuidados más intensivos del sistema.
Educación
En materia de educación, los ocho presidentes expresan su "apoyo" al Gobierno central para que "cumpla su propósito" de universalización del acceso a los centros infantiles de 0 a 3 años para facilitar la compatibilización de la vida familiar y laboral.
En cuestión de despoblación, la declaración hace un alegato en defensa de la lucha contra el reto demográfico, planteándose una serie de puntos e instando a que se trabaje a nivel nacional con un "enfoque integral, transversal y consensuado con las comunidades autonómas".
La gestión del lobo se limita a una adenda
Por otra parte, Extremadura y La Rioja se han descolgado finalmente de la propuesta de Cantabria para que las ocho comunidades blindaran una posición común de cara apoyar a las regiones que albergan la práctica totalidad de lobos de España para lograr un modelo de coexistencia basado en las medidas ya contempladas en los planes de gestión de esas comunidades.
En un primer borrador del acuerdo se daba cabida a esta premisa, que pasaba por reivindicar al Gobierno de España que "recupere los espacios de consenso y diálogo sobre la gestión y conservación del lobo en el país", propuesta planteada por el Gobierno de Cantabria y ante la que finalmente no ha habido acuerdo.
En la declaración final sí que se incluye una adenda por la cual los otros seis gobiernos presentes en la mesa de negociación --Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Asturias, Galicia y Aragón-- sí que muestra su apoyo a la ganadería extensiva, "fundamental en la economía de las zonas rurales".
El reto demográfico, blinado por consenso
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido el encargado de inaugurar las comparecencias de los ochos presidentes, asegurando que el coste de los servicios no es igual en todo el territorio. "Hay que tener en cuenta otros elementos como superficie, dispersión, baja densidad, envejecimiento para calcular el coste real de los mismos".
El líder extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha destacado por su parte el modelo de sanidad española, puesto a prueba por la pandemia, y por ello es "muy importante ver cómo financiar el Estado autonómico para abordar la sanidad que se quiere tener. Así, hay retos como la jubilación masiva de gran cantidad de profesionales sanitarios, ya antes de saber "cuánto cuesta" hay que saber "qué modelo queremos tener".
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido que el documento a ocho bandas alumbrado en la cumbre de Santiago de Compostela con los presidentes autonómicos de otras tantas regiones españoles no es sólo un texto "de trámite o de postureo", avanzando que esta cita se reeditará, a propuesta del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en una nueva reunión a celebrar en la localidad cántabra de Comillas.
Lambán alerta de los partidos por la despoblación
De su lado, el jefe del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán, ha opinado por su parte que en una España "del frentismo" en el Congreso de los Diputados, hoy hay ocho presidentes autonómicos "demuestran perfectamente que es mejor hacer política" dejando atrás ese frentismo, "una excelente noticia". Lambán quien ha hecho alusión a los "movimientos" de la España vaciada, "que puede derivar en un timo político de magnitud", y además supondrán "más atomización del Congreso y más inestabilidad en la política española, dificultando una gobernanza inestable en este país".
La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha valorado la buena marcha de la reunión de este martes, que servirá de "apoyo al Gobierno de España". "Espero seguir participando en siguientes conferencias similares", ha indicado.
Adrián Barbón, presidente de Asturias, ha abundado en que la actitud de esta reunión "no es frentista", sino en positivo, y ha vuelto, a insistir en que el debate a abordar pasa por "una visión ante el problema de la despoblación" para apuntalar un modelo de financiación autonómica que blinde el Estado del Bienestar.
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha sido el último en comparecer ante la prensa, y lo ha hecho ensalzando que "la foto" de Santiago es "el gran desastre de España", ya que "todos los que están aquí" representan al 64% de todo el territorio regional, donde sólo viven el 22% de los españoles. Este extremo, ha reparado, "es un desastre a los ojos de Europa", con una nación "de grandes urbes", donde están las empresas y los ministerios y donde van "los aviones y los trenes".
Alberto Núñez Feijóo ha dicho que "no sólo el hecho de debatir, sino el de acordar, es una excelente noticia en la España actual y la futura", como lo fue "en la España de la Transición". "Hemos sido capaces de llegar a acuerdos, como lo es la Constitución".