La Dirección General de Carreteras de la Consejería de Fomento destinará más de 14 millones de euros para el trasvase a empresas privadas de servicios desempeñados hasta ahora por personal público, según han denunciado los sindicatos CCOO, CSIF y STAS-CLM tras conocer los dos últimos contratos licitados al sector privado.

El más reciente es el destinado a la implantación, reparación y mantenimiento de los elementos de señalización vertical y balizamiento en la red de carreteras autonómica de la Junta donde, con un valor global de 7.197.892,87 de euros, la empresa que resulte adjudicataria asumirá este cometido por tres años, más dos de prórroga, han destacado los sindicatos en un comunicado.

Según han explicado, se trata de un servicio que es propio de la Administración regional, a quien compete su cobertura con los medios materiales y humanos de la propia Dirección General y de los Servicios de Carreteras de las Delegaciones Provinciales, tal y como lo reconoce el director general de Carreteras en su informe justificativo, en el que, no obstante, argumenta que existe "insuficiencia de medios" para acometer un volumen de trabajo que "supera ampliamente las posibilidades del personal y medios propios citado"

"Desde hace años, la parte social viene pidiendo insistentemente a esta Consejería la renovación de vehículos y maquinaria, cuya media de edad supera los 20 años e incluso en algunos casos llega a alcanzar los 35. Desde su toma de posesión en el Gobierno actual, los responsables de Fomento han justificado su denegación de inversiones en una falta presupuestaria que, sin embargo, parece no ser una traba a la hora de transferir servicios al sector privado", a juicio de CCOO, CSIF y STAS.

Los sindicatos recuerdan a los responsables de Fomento que la "insuficiencia de medios" a la que ahora apelan es "el fruto de su política de no inversión, denunciada por la parte social, que provoca el desmantelamiento progresivo de la estructura de medios y personal destinados a la Conservación y Explotación de la Red de Carreteras, extremo que los responsables de la Consejería han venido negando y rebatiendo a la representación sindical, expresando en multitud de ocasiones su apuesta por el empleo público y de calidad, así como su voluntad de acuerdo para la adecuación de las plantillas, algo a lo que, hasta la fecha, en mayor o menor medida, hemos intentado consensuar entre ambas partes".

Como han detallado, trabajos habituales de las brigadas de carreteras, como la poda, tala, desbroce, limpieza y reperfilado de cunetas, han sido transferidos a cinco empresas privadas, una por cada provincia de la región. Con plazo de ejecución de 3 años y casi 7 millones de euros de presupuesto.

Los representantes de Fomento no han tenido la mínima deferencia en informar de esta mercantilización de servicios a la parte social, cuya noticia han conocido al consultar la Plataforma Pública de Contratación. "Si bien es cierto que no están formalmente obligados a ello, sí lo están éticamente, ya que reducir servicios conllevará, más pronto que tarde, la disminución de la plantilla de empleados públicos".

Aunque "con este talante de menosprecio a los trabajadores de las brigadas de conservación de carreteras, los responsables de la Consejería de Fomento han sobrepasado las líneas rojas del marco de entendimiento trazadas entre ambas partes", las organizaciones sindicales firmantes de este comunicado instan a la administración "a rectificar en lo que aún le es posible".

Según los sindicatos dnunciantes, el contrato para el tratamiento de márgenes de carreteras está ya adjudicado y es irreversible, pero la Administración todavía está a tiempo de retirar el anuncio de licitación del contrato de implantación, reparación y mantenimiento de los elementos de señalización vertical y balizamiento en la red de carreteras autonómica de la Junta y destinar el presupuesto consignado al aumento de medios materiales y personales públicos que hagan posible la realización de estos trabajos por la propia Consejería.

Asimismo, instan a la convocatoria urgente de un grupo de trabajo, con la participación de la parte social, para articular un proyecto de revisión de los servicios de carreteras que asegure su mejora y el aumento de los medios materiales y humanos cuya necesidad también la propia administración ha dejado constatada.