El 24,7% de los letrados de la Justicia de Castilla-La Mancha secunda la huelga

La huelga de los letrados de la administración de justicia, antiguos secretarios judiciales, está siendo secundada por alrededor del 29 % de las plantillas en todo el país y por el 24,7 % en Castilla-La Mancha, según la información del Ministerio de Justicia a media jornada a partir de datos de 30 provincias.

El paro, que ha provocado la suspensión y el aplazamiento de diversas vistas, ha sido convocado por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia para reclamar una subida salarial que compense el incremento de sus funciones y una negociación colectiva propia.

Por comunidades

Por territorios, según el Ministerio, destaca el seguimiento de la huelga en La Rioja (65,63 %), Murcia (58,46 %), Melilla (47,37 %), Cataluña (36,07 %) y Aragón (30,89 %).

Siguen a estas comunidades Madrid (seguimiento por parte del 25,51 % de la plantilla de letrados), Extremadura (25,49 %), Castilla-La Mancha (24,70 %), Asturias (23,48 %), Andalucía (23 %), Navarra (18,52 %) y Ceuta (7,14 %).

En los órganos centrales, como el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, se han sumado al paro el 14,75 % de los letrados, de acuerdo con esta fuente.

"Hartos de incumplimientos"

En Castilla-La Mancha, los letrados de la Administración de Justicia de Sigüenza, Molina de Aragón y Guadalajara han explicado en declaraciones a los medios de comunicación que han secundado la huelga este miércoles porque están “hartos de incumplimientos, de asumir más y mayores responsabilidades desde hace doce años, sin la correlativa adecuación salarial”.

“Somos un colectivo que se caracteriza por no alzar la voz, pero el malestar es grande y ante los incumplimientos de Ministerio de Justicia nos vemos abocados a hacer huelga”, ha señalado Luis Gómez, que es miembro del Comité de Huelga a nivel nacional, delegado de UPSJ en Castilla-La Mancha y letrado de justicia del Juzgado de Familia de Guadalajara.

El motivo de la huelga es doble, ha explicado Gómez, que, consiste por un lado en el reconocimiento de una negociación colectiva propia, para defender sus derechos ante el Ministerio, ya que a su entender los sindicatos mayoritarios hasta ahora no lo han hecho y, por otro lado, la adecuación salarial al mayor volumen y responsabilidades asumidas progresivamente en las últimas reformas organizativas y procesales desde 2009.