La Fiscalía General investiga las muertes por covid en las residencias de Castilla-La Mancha

La Fiscalía General del Estado, que dirige Dolores Delgado, ha remitido un escrito a la Fiscalía Superior de Madrid, Castilla-La Mancha y Cataluña en el que pide información "detallada" sobre la situación actual de los procedimientos penales incoados en relación con los fallecimientos registrados en las residencias de mayores a causa de la covid.

Ello, según la Fiscalía, permitirá proporcionar a las víctimas y sus familiares "la atención y tutela que el Ministerio Fiscal les debe dispensar". Los casos de estas tres comunidades resultan "especialmente relevantes" para la Fiscalía.

La petición se produce días después de que Amnistía Internacional denunciara la deficiente actuación de la Fiscalía para esclarecer los más de 35.000 fallecimientos de mayores en residencias durante los primeros meses de pandemia, que están siendo archivadas la mayoría incluso sin el testimonio de los familiares.

Particular atención

En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía asegura que desde el inicio de la pandemia "consideró la necesidad de dedicar una particular atención al seguimiento de los centros y residencias de personas mayores".

Por ello, en coordinación con el fiscal de sala de la sección civil del Tribunal Supremo, el 18 de marzo de 2020 se remitió un oficio a todos los fiscales superiores de las comunidades autónomas para que realizaran un especial seguimiento de las circunstancias que pudieran estar determinando especiales riesgos sanitarios y, en ocasiones, con resultados luctuosos, de personas que viven en residencias.

"Desde el mismo inicio de la pandemia la Fiscalía procuró la protección y tutela de los más vulnerables", señala en su escrito. Según la información recopilada, entre 2020 y 2021, el Ministerio Fiscal incoó 1.040 diligencias civiles y 517 de investigación en todo el territorio nacional.

75 fallecidos en Tomelloso

La última información publicada por el Imserso revela que en la Comunidad de Madrid fallecieron 6.479 personas en residencias durante la pandemia y 5.744 en Cataluña. Destaca también la muerte de 75 mayores en un solo centro residencial en la localidad de Tomelloso (Ciudad Real).

La Fiscalía solicita información sobre el número de diligencias de investigación incoadas desde el inicio de la pandemia en todas las fiscalías de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Cataluña, así como el número de denuncias y/o querellas interpuestas ante los órganos judiciales de estas comunidades.

Asimismo, pide datos sobre el número de decretos de archivo de diligencias de investigación, de autos de sobreseimiento de los procedimientos judiciales incoados y el número de procedimientos penales actualmente en tramitación.

"Se ha podido constatar la necesidad de contar con información de mayor calidad acerca de los procedimientos penales incoados en las fiscalías territoriales y órganos judiciales de todo el Estado, que por su indudable importancia y trascendencia deben ser puestos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado", añade.

Asimismo, señala que es preciso adquirir un conocimiento detallado y analizar con exhaustividad la situación actual de los procedimientos penales incoados en relación con los fallecimientos acaecidos en las residencias de la tercera edad a causa de la enfermedad de COVID-19. "Ello supondrá proporcionar a las víctimas y sus familiares la atención y tutela que el Ministerio Fiscal les debe garantizar", agrega.

Críticas de Amnistía Internacional

Precisamente, Amnistía Internacional presentó este lunes un estudio sobre la gestión de la pandemia en las residencias de mayores que, según aseguró el director de la entidad, Esteban Beltrán, documenta la "deficiente" actuación del Ministerio Fiscal en esta materia. Además, la organización denuncia que el cierre de las comisiones de investigación en las comunidades autónomas está provocando una "impunidad casi absoluta" sobre lo sucedido.

"El 89% de las investigaciones penales de Fiscalía han sido archivadas", denunció Beltrán, en declaraciones a los medios. A su juicio, este "escaso impulso" de las investigaciones sobre lo ocurrido en residencias de mayores está recayendo principalmente sobre familiares de las víctimas, que según ha indicado, se "sienten abandonados".

En su escrito, la Fiscalía recuerda que el 18 de marzo de 2020 se remitió un oficio a los Fiscales Superiores de todas las comunidades autónomas para que hicieran un seguimiento especial de las circunstancias que pudieran estar determinando especiales riesgos sanitarios y, en ocasiones, con resultados luctuosos.

Así, recuerda que para ello la Unidad de Apoyo a la Fiscalía General del Estado abrió una línea de especial seguimiento de las residencias y los fiscales fueron remitiendo diariamente información detallada.

"Por consiguiente, desde esas primeras fechas de la pandemia se fue elaborando, en la medida en que las circunstancias sanitarias lo permitieron, un compendio diario de datos de cada Comunidad Autónoma con información pormenorizada sobre la situación y circunstancias concurrentes en las residencias de la tercera edad, información que fue centralizada por la propia Fiscalía General del Estado", añade.

Así, defiende que desde el inicio mismo de la pandemia la Fiscalía procuró la protección y tutela de los colectivos más vulnerables. Asimismo, señala que la "ingente" información recopilada dio lugar a "múltiples documentos normativos y regulatorios".

Bárbara García, consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, en una imagen de este jueves

Castilla-La Mancha colabora

La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha mostrado este jueves la voluntad del Ejecutivo regional de seguir colaborando, como ha hecho hasta ahora y hasta en 12 ocasiones, con la Fiscalía General del Estado en los procedimientos que tiene abiertos en relación a los 75 fallecimientos registrados en la residencia de Tomelloso.

Así lo ha indicado la consejera después de que este miércoles se conociese que el departamento que dirige Dolores Delgado ha dado un plazo de 30 días a las fiscalías para remitir los datos.

"Desde el Gobierno apoyamos que la Fiscalía realice su trabajo adecuadamente y hemos colaborado aportando toda la información requerida. Hay que tener transparencia y absoluta colaboración para tratar cada uno de los casos y esa es la línea que va a mantener el Gobierno regional", ha insistido.

"Vamos a seguir actuando con responsabilidad y a disposición de la Fiscalía, aportando datos e información necesaria, trabajando para favorecer que los ciudadanos tengan todas las garantías en centros residenciales", ha dicho.

Por último, García Torijano ha asegurado no tener conocimiento de que se hayan registrado otras denuncias de familiares sobre la gestión en otras residencias, reiterando que la única que está en investigación es la de Tomelloso, donde el Gobierno regional tuvo que intervenir "para controlar la situación".