La diputada nacional del Partido Popular Carmen Riolobos, ha avanzado que el Grupo Popular en el Congreso ha reclamado a Pedro Sánchez “que use Correos para la atención bancaria de mayores y en el medio rural”.

Para eso, los diputados populares han presentado una Proposición no de Ley de atención personalizada a los usuarios de la banca para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo, que ha sido firmada por Concepción Gamarra, Ana Pastor, José Ignacio Echániz, Mario Garcés, Miguel Ángel Castellón, Vicente Tirado, Andrés Lorite, Elena Castillo, Rosa Romero, y la propia Carmen Riolobos; y cuenta con el apoyo de Pablo Casado y de Paco Núñez.

En rueda de prensa Riolobos ha explicado que en los últimos años los cambios bancarios han sido tan grandes que han dado lugar a la desaparición de entidades financieras en el medio rural, y la digitalización “supone una barrera para mayores que no tienen habilidades digitales, además de las trabas que hay para la gestión presencial”.

Por eso, el PP reclama al Gobierno “que impulse la firma de un convenio entre Correos y las entidades bancarias para prestar servicios financieros donde sea necesario”, y especialmente en municipios de menos de 5.000 habitantes y que además se garantice que el servicio básico físico “sea básico y universal”.

En ese sentido la diputada se ha referido a los problemas que afectan a los usuarios de la banca y que hay que corregir, dado que han desaparecido entidades financieras de la España rural y de la España vaciada. La frontera o muralla tecnológica, y su efecto en la tercera y cuarta edad, derivada de la digitalización, es otro de los problemas actuales, además de las trabas que las entidades financieras han impuesto para las gestiones presenciales.

Para Riolobos, al menos ha habido 10 cambios profundos, como el cierre de oficinas físicas, la reducción de horarios de ventanilla, la necesidad de cita previa, dificultades en la atención telefónica, por correo postal o correo electrónico, la carencia de dispositivos informáticos, la ausencia de habilidades digitales, la complejidad de las cajeros y aplicaciones informáticas, además de que las contraseñas y autentificaciones “hacen que para muchos usuarios ir al banco, sacar dinero o actualizar la libreta de ahorro se haya convertido en una auténtica odisea que genera frustración y desasosiego”.

El problema “es aún más acusado en los usuarios de más edad y en los que viven en zonas rurales”, ha dicho Riolobos, que ha insistido en que las personas mayores tienen más dificultades para acceder a los servicios bancarios.

De hecho, la “brecha digital bancaria” afecta a cerca de 10 millones de españoles y el Banco de España y el Defensor del Pueblo están recibiendo quejas de usuarios de banca “por dificultades de acceso a servicios, y especialmente el medio rural”.

Tal y como ha reconocido Carmen Riolobos, “el futuro es la digitalización, pero hasta que tengamos una población que sea cien por cien nativa digital y que pueda acceder de una forma segura a todos los servicios, tiene que haber un periodo de transición”, ya que los servicios bancarios son “esenciales y básicos para cualquier gestión”.

Por eso, es fundamental que las entidades bancarias “vayan avanzando en la simplificación y en hacer más compresibles y seguros todos los instrumentos y programas y aplicaciones que se utilizan para hacer gestiones bancarias de carácter digital”, teniendo en cuenta que los servicios financieros y especialmente para determinados colectivos, “es necesario que sean presenciales”.

De ahí que el PP haya presentado esta PNL en la que se pide al Gobierno de Pedro Sánchez que impulse la firma de convenios entre Correos y las entidades financieras “para que éstas puedan prestar sus servicios financieros a través de las oficinas de Correos, garantizando el acceso a aquellas personas mayores que viven en los municipios de menos de 5.000 habitantes y que se encuentran en claro riesgo de exclusión financiera y social”.

De la misma manera se pide al Gobierno que garantice que el servicio bancario físico se considere como “servicio básico y universal”, estableciéndose un periodo transitorio donde convivan las gestiones presenciales y las operaciones digitales.