El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha solicitado al Gobierno de España que se incluyan criterios demográficos en la asignación de los fondos europeos en las distintas conferencias sectoriales para que contribuyan a luchar contra la despoblación.

Martínez Guijarro ha participado en la Comisión con las Comunidades Autónomas que se celebra hoy en el Senado a petición de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, para abordar el estado de ejecución de los 70.000 millones de euros, con cargo a los Next Generation EU en España, con la finalidad de otorgar "más capilaridad" a la distribución y puesta en marcha de esas partidas.

"Es imprescindible que lleguen hasta el último rincón de las comunidades autónomas, a los pequeños municipios, a los pequeños ayuntamientos que también necesitan estos fondos para modernizarse, para avanzar en la digitalización energética y que son, además, los que menos recursos tienen en este país", ha dicho durante su turno de palabra. Y es que, tal y como ha señalado el vicepresidente castellanomanchego, si no se incluye el criterio demográfico, no se cumpliría con uno de los ejes que contempla el propio Plan nacional: 'La cohesión social y territorial'.

En este punto, Martínez Guijarro ha trasladado que uno de los planteamientos de Castilla-La Mancha es que, en la medida de lo posible, el Gobierno de España establezca mecanismos para posibilitar que accedan a esos fondos a través de convocatorias especiales, o dando la posibilidad de que las diputaciones provinciales puedan acceder a las convocatorias para facilitar a los pequeños ayuntamientos su acceso a los mismos, ha informado la Junta en nota de prensa.

Otra de las peticiones que ha planteado el vicepresidente en la tribuna se ha centrado en dar más capacidad de planificación de los fondos destinados a las comunidades autónomas incluyendo, para ello, la plurianualidad. "Algún Ministerio ya lo ha hecho. Que lo hagan todos los ministerios porque nos permitirá a las comunidades autónomas planificar mejor las convocatorias de ayudas". Una medida, ha dicho, "sencilla de tomar" que evitará que las autonomías reediten convocatorias año tras año.

Asimismo, Martínez Guijarro ha felicitado a la vicepresidenta primera por la convocatoria de esta comisión sobre el grado de ejecución del Plan nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia que, tal y como ha destacado, "no es un plan del Gobierno de España, sino que es un Plan de país, porque tiene que implicar a todas las administraciones. Es imposible ejecutar los 70.000 millones si todos no nos alineamos".

Posición de las regiones

La mayoría de Ejecutivos autonómicos gobernados por el PP han aprovechado su intervención en la comisión general de las comunidades autónomas del Senado para quejarse ante la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, de que, a su juicio, "no existe cogobernanza" en el reparto de los fondos europeos.

"Esa es la realidad del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", ha verbalizado el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, durante su intervención en este foro en el que Calviño ha abordado con las comunidades el reparto de los fondos europeos.

Según el consejero madrileño, el Gobierno "sienta a las comunidades autónomas en las Conferencias Sectoriales" y les "dice lo que hay que hacer, con qué recursos trabajar". "Que no se diga que eso es cogobernanza porque eso no es cogobernar, eso es escuchar lo que te manden", ha denunciado el consejero madrileño.

Precisamente, la Comunidad de Madrid mantiene judicializado un recurso contra el Gobierno por el reparto de nueve millones de estos fondos europeos a cuatro regiones.

Hacer caso a Europa

En cualquier caso, el consejero de Hacienda de Andalucía, Juan Bravo, que a su vez es el responsable económico del PP a nivel nacional, ha pedido a Calviño que hiciera un "ejercicio de autocrítica", insistiendo en que no ha habido cogobernanza en este reparto.

En este punto, Bravo ha reprochado a la ministra que "se ha trabajado de manera unilateral cuando todos comparten que Europa defiende la necesidad de que participen el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, entre otros".

En parecidos términos se ha expresado el vicepresidente segundo de Galicia, Francisco Conde, que ha reclamado a Calviño una "cogobernanza real y efectiva que dé voz y voto a las comunidades autónomas en todo este proceso".

Por su parte, el consejero de Economía de Murcia, Luis Alberto Marín, también ha solicitado al Gobierno que "se intensifique el trabajo en una transferencia de fondos más ordenada, anunciada, con suficiente antelación y consensuada con las comunidades autónomas".

Quién no ha acudido a esta comisión general de las comunidades autónomas para abordar junto a Calviño la situación del reparto de los fondos europeos han sido los Ejecutivos autonómicos de Castilla y León, Cataluña y el País Vasco.

Sin confrontación

Por el contrario, las comunidades en las que está gobernando el PSOE han aprovechado sus intervenciones en aplaudir la gestión del Gobierno y, aunque alguna ha animado a acelerar las ejecuciones, la mayoría han coincidido en pedir que no hubiera confrontación.

Así, el vicepresidente asturiano, Juan Cofiño, ha puesto en valor en su comparecencia "el modelo de gobernanza del Gobierno", que, a su juicio, se ve reforzado además "por el esfuerzo continuado de máxima transparencia".

Por su parte, el consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Vicent Soler, ha reconocido que la ejecución en este primer año es baja y pide "crear las condiciones por parte de todos en la aceleración de la ejecución a partir de ahora".

En el caso de Aragón, el consejero de Hacienda, Carlos Pérez, ha ahondado en le necesidad de la flexibilidad a la hora de abordar estos fondos europeos, y ha animado a Calviño a seguir "profundizando con la mayor agilidad y simplificación".

Por su parte, los consejeros de Canarias, Baleares, Navarra, Extremadura y Cantabria han coincidido en aplaudir estos fondos europeos y ponerlos en valor para afrontar la situación agravada por la guerra en Ucrania.