Castilla-La Mancha presenta una oferta de empleo público docente de 1.593 plazas

La Mesa Sectorial de Educación del personal funcionario docente no universitario de Castilla-La Mancha, de la que forman parte ANPE, STE-CLM, CCOO, CSIF y UGT, ha aprobado la oferta de empleo público docente de 1.593 plazas, de las que 917 son de estabilización y 676 de reposición, presentada por el Gobierno regional.

Estas plazas, que se convocarán para los cuerpos de enseñanzas medias y maestros en los años 2023 y 2024, han contado con el visto bueno de CSIF, ANPE y CCOO y con el rechazo de UGT y STE-CLM, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Educación.

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha informado este jueves de que a "esta oferta se le sumarán próximamente alrededor de 400 plazas, que corresponden con las jubilaciones del profesorado del año 2023".

También ha asegurado que con esta oferta de empleo público "la tasa de interinidad global de docentes de Castilla-La Mancha se situará por debajo del objetivo del 8 por ciento".

División de los sindicatos

El Sindicato de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza de Castilla La Mancha (STE-CLM) ha apuntado en nota de prensa que estudiará la legalidad de la nueva oferta de empleo público en educación, ya que la considera "injusta y arbitraria".

A su juicio, la propuesta realizada por la Consejería de Educación no solucionará la temporalidad en el profesorado de Castilla-La Mancha porque no se ajusta a la ley 20/2021, al tiempo que ha destacado que "incumple" la normativa y las sentencias europeas, tanto en número de plazas como en la forma diferenciada de acceso.

Sin embargo, CCOO sí que respalda la propuesta hecha por la Consejería y valora que se hayan aumentado plazas. Además, ha pedido a la Consejería que traslade al Ministerio "el malestar y la preocupación" por el "desorden" que han generado en las comunidades los cambios introducidos a última hora para regular los procesos de estabilización.

De su lado, ANPE ha exigido "coordinación" a las comunidades autónomas para la ejecución de la oferta de empleo público de educación y ha solicitado a la Consejería medidas de protección para los funcionarios interinos de Castilla-La Mancha en los procesos de estabilización.