Todos los médicos de los hospitales públicos de Castilla-La Mancha son objetores frente al aborto

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha asegurado este miércoles que en los hospitales públicos de la región no se practican interrupciones voluntarias del embarazo porque todos los profesionales están acogidos a la objeción de conciencia, un derecho -ha recordado- "constitucionalmente reconocido".

No obstante, ha aclarado que en estos hospitales públicos sí que se practican interrupciones del embarazo cuando está en riesgo la salud de la madre y del feto. "Ahí no hay ningún tipo de objeción de conciencia, al menos que yo tenga conocimiento", ha apuntado.

Además, ha asegurado que en Castilla-La Mancha una mujer que quiera interrumpir voluntariamente el embarazo en la sanidad pública puede hacerlo, pero no en los hospitales públicos, sino en dos clínicas concertadas, situadas en Albacete y Ciudad Real, "con las máximas condiciones de calidad, de seguridad y de intimidad para las mujeres", ha apuntado la también consejera de Igualdad.

"Muchas mujeres prefieren las clínicas privadas porque es más discreto y prefieren no ir a un hospital", ha comentado.

Hay que respetar

Según ha dicho Blanca Fernández, ni el Sescam ni el Gobierno regional puede obligar a los médicos a practicar abortos, recordando que la nueva ley "no elimina este derecho por parte de los profesionales porque hay que respetarlo", ha apostillado.

Dicho esto, se ha preguntado "cómo es posible seguir respetando la objeción de conciencia que entendemos y compartimos que hay que hacerlo, con obligar a que sea en los hospitales públicos donde se practiquen las interrupciones del embarazo". "Nosotros no encontramos la fórmula de hacer esto", ha recalcado Blanca Fernándezm en referencia a la polémica en torno a la nueva Ley del Aborto.

"Esperamos que a lo largo de la tramitación y las próximas semanas y meses se nos puedan dar instrucciones de cómo se va a producir", ha apuntado la consejera, quien no obstante ha celebrado el registro único que estable la nueva ley para evitar que aquellas profesionales que puedan objetar en lo público sí que practiquen interrupciones del embarazo en lo privado.