El ministerio de Derechos Sociales no ha conseguido sacar adelante hoy el acuerdo sobre el nuevo modelo de residencias y de atención a las personas con dependencia tras las críticas de varias comunidades autónomas y ha aplazado a junio la votación para seguir negociando el documento. Según fuentes autonómicas, comunidades gobernadas por el PP Madrid, Galicia, Andalucía y Murcia han expresado su oposición a la reforma de Belarra, pero también lo han hecho Cataluña y País Vasco, y dos de las gobernadas por los socialistas Extremadura y Castilla-La Mancha. Tan solo han manifestado su apoyo el resto de las comunidades socialistas.

Gobierno y comunidades tenían previsto aprobar este miércoles, en la reunión extraordinaria del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia celebrado en el Ministerio de Derechos Sociales, el acuerdo de acreditación y calidad de los centros y de los servicios de atención a la dependencia.

El documento propuesto por el departamento de Ione Belarra había sido debatido en la Mesa de Diálogo Social y consultado con entidades sociales, sociedades científicas y profesionales, aunque tiene que recibir el apoyo de las comunidades, con la competencia de las políticas sociales.

Gobiernos autonómicos

A la vista de las intervenciones en las que algunos gobiernos autonómicos pedían más tiempo para seguir debatiendo el documento, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha decidido posponer la votación prevista, con el objetivo de alcanzar un acuerdo a lo largo del mes de junio.

Precisamente, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha afirmado este miércoles: “España puede y debe plantearse un nuevo modelo de residencias. Está bien un modelo ideal donde se triplique el coste de la plaza, pero exigimos que lo que se quiera hacer se financie. Ya está bien que el Estado invite, pero no pague", ha dicho.

Para la consejera andaluza de Igualdad y Asuntos Sociales, Rocío Ruiz (Cs), "no se puede hacer una medida de tanto alcance, con un cambio de modelo total, sin una memoria económica; hay que hacerlo de forma progresiva o es insostenible" y puede suponer un "perjuicio enorme". "Es un gobierno que propone medidas ideales, la carta de los Reyes Magos, pero que no lo sostiene con políticas reales y medidas financieras", ha lamentado.

Nuevo modelo

El nuevo modelo de acreditación de centros y residencias reduce las plazas para hacerlos lugares más parecidos a los hogares y con un trato personalizado. También establece mayor número de trabajadores en función del número de residentes, así como las condiciones laborales y de titulación de los profesionales.

Las residencias que se construyan tras el acuerdo no podrán tener más de 75 plazas en zonas rurales o escasamente pobladas. Las ubicadas en localidades de densidad intermedia no podrán superar las 90 y las 120 plazas en las ciudades.

La financiación del nuevo modelo, a través de los 483 millones de euros del nivel acordado que el Estado entrega a las autonomías, también había suscitado dudas en varias comunidades.

Las fuentes de Derechos Sociales explican que el Gobierno está dispuesto a seguir negociando algunos aspectos fijados en el documento, que establece que los nuevos centros dispondrán de, al menos, el 65 % de las plazas públicas en habitaciones de uso individual.

Además, prevé la creación de núcleos de convivencia dentro de los centros de 15 personas como máximo y aumenta la ratio en los centros residenciales, hasta 1 trabajador por cada 2 residentes.

Ante esta reunión, las patronales de residencias han expresado su malestar por las condiciones que fija la propuesta de Derechos Sociales y han reprochado que carezca de una memoria económica que justifique los cambios del modelo actual.

"Reduce de manera significativa plazas en las más de 5.200 residencias que actualmente hay en toda España", explican en un comunicado conjunto Aeste, Asade, Ceap y Fed.

Opinan que queda "confuso" el proceso de adecuación de los centros que debe hacerse antes de diciembre de 2029. "El principal perjudicado serán los propios usuarios y sus familias que se encontrarán sin la oferta necesaria, tanto en cantidad como en calidad, para recibir la atención que requieren y a unos precios en torno a un 50 % superiores a los actuales", sostienen.