Nuevo episodio díscolo del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sobre la acción del Gobierno de Pedro Sánchez. Y van mil. En este caso, el choque de trenes está relacionado con Cataluña, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la reforma del delito de sedición que se están planteando desde el Ejecutivo de Sánchez. Un asunto altamente sensible sobre el que García-Page ha hablado este jueves desde Bruselas con total rotundidad y dejando muy clara su posición crítica respecto a una reforma judicial que, a siete meses de las elecciones autonómicas y municipales, puede ser una bomba de relojería para los barones socialistas.

Tocan a rebato en el PSOE ante cualquier cuestión que suponga un peligro para el mantenimiento del poder autonómico y por eso Page, desde la capital europea, ha lanzado un mensaje directo y sin ningún tipo de ambigüedad: el expresidente y eurodiputado Puigdemont debe someterse a los tribunales "antes de hablar en serio" sobre la reforma del delito de sedición, una opinión en línea con críticas anteriores del presidente castellano-manchego frente a los independentistas y que vuelve a abrir un choque con Sánchez y la posibilidad de que se lleven a cabo desde el Gobierno nuevas cesiones al separatismo.

Estas declaraciones de Page coinciden con un nuevo paso adelante del Gobierno. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este jueves desde la tribuna del Congreso el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llevar a la Cámara Baja una reforma de varios delitos del Código Penal, entre ellos el de sedición, para homologarlos a los estándares europeos como pide ERC.

Someterse a los tribunales

"Estoy en Bruselas y no me he encontrado a Puigdemont pero se lo diría también, antes de poder hablar en serio en España sobre algo que afecta a un delito por el que se le quiere enjuiciar tiene que regresar y someterse a los tribunales. Eso para empezar", ha asegurado Page en declaraciones a la prensa en la capital europea antes de reunirse con el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski.

El presidente de Castilla-La Mancha ha insistido en conocer primero el "planteamiento concreto" del Ejecutivo, asegurando que por el momento hay muchos "juegos de artificios" y "retórica" en torno al posible cambio en el Código Penal para reformar el delito de sedición y rebajar las penas.

"En España hay mucho globo sonda y mi opinión cuando tenga que darla será clara y rotunda", ha explicado, para recalcar en todo caso que la escalada independentista en Cataluña "tiene que tener una consecuencia penal grave". "Se puede llamar de una manera u otra, pero cualquier Constitución necesita una autodefensa", ha expuesto el líder socialista castellano-manchego.

Debate sereno

En cualquier caso, García-Page ha lamentado que para abordar un "debate sereno" sobre este tipo de reforma "primero tenían que haber pasado por la justicia los que se han fugado", en referencia a Puigdemont y otros independentistas que todavía no se han sometido a la justicia española.

Una eventual reforma del delito de sedición para rebajar la pena, que llega ahora hasta los 15 años, podría afectar, según recoge Europa Press, a los investigados por el 'procés' que siguen huidos, entre ellos el expresidente catalán en lo tocante a las medidas cautelares y la posible condena, pero también en lo que respecta a los plazos de prescripción de los hechos presuntamente delictivos, que se podrían ver acortados a hasta cinco años.

Rebajar las penas impuestas a los condenados del 1-O mediante una reforma del Código Penal era una de las exigencias del grupo republicano desde 2019, cuando la plantearon por primera vez a la entonces vicepresidenta Carmen Calvo. Esta semana las negociaciones llegaron a término para arrancar finalmente el voto de Esquerra, necesario para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

"Lo traeremos a esta Cámara, que tendrá que decidir sobre esta cuestión", ha señalado Montero sin mencionar expresamente la sedición ni la Ley Mordaza, otro de los asuntos sobre la mesa. La ministra ha asegurado que la reforma no forma parte de la negociación de las cuentas, como lleva anunciando el PSOE desde hace días para desmarcarse de las cesiones a los independentistas.