La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han alertado este miércoles de un "incremento de la inseguridad" en las zonas rurales de Castilla-La Mancha causado por la escasez de la plantilla del instituto armado en la región y la gran superficie que tiene que vigilar, que asciende al 90 % de los 79.463 kilómetros cuadrados que ocupa la comunidad autónoma.

Durante una rueda de prensa conjunta ofrecida en Toledo por el presidente autonómico CSIF, Julio Retamosa, y el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, este último ha detallado que Castilla-La Mancha es la región española con menos guardias civiles por kilómetro cuadrado, con únicamente un agente por cada 15,5 kilómetros cuadrados.

"En el País Vasco, donde la Guardia Civil ya no tiene competencias en seguridad, se contabiliza un guardia civil por cada 3,1 kilómetros cuadrados. En Cataluña, con una situación similar, hay un guardia civil cada 10,2 kilómetros cuadrados. Incluso en Castilla y León, la comunidad más extensa de Europa, se calcula ahora un guardia civil por cada 13,5 kilómetros cuadrados", ha detallado Melisa Carmona, portavoz de JUCIL.

Cuarteles "fantasma"

Los responsables de JUCIL, además, han advertido de que muchos de los 239 cuarteles de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha son instalaciones "fantasma" y ni siquiera una veintena de ellos abre las 24 horas al día. Una buena parte de los mismos, ha asegurado Vilariño, cuentan "con una dotación de solo dos personas".

"Una de ellas se ocupa de lo que se llama el trabajo de puerta, la recepción y atención a los ciudadanos, y la otra tiene que desplazarse con un vehículo para recoger a otro guardia civil perteneciente a un cuartel parecido para poder formar al menos una patrulla, con lo que conlleva largos tiempos de desplazamientos y gasto en combustible en provincias tan amplias como lo son cualquiera de las cinco que componen Castilla-La Mancha", ha añadido. 

Desde JUCIL, que no han dudado en calificar a Castilla-La Mancha como "una de las regiones donde el mundo rural se encuentra más desprotegido en España", han cifrado en mil los guardias civiles que a su juicio habría que incorporar a la plantilla de la Benemérita en la comunidad autónoma "para atender adecuadamente los servicios que nos demanda la sociedad".

Un total de 5.115 guardias civiles prestan servicio actualmente, "lo que supone una leve mejoría porque se ha alcanzado la plantilla real marcada en el viejo catálogo oficial de puestos de trabajo, un documento ya de por sí muy anticuado y desactualizado", ha valorado la asociación profesional.

Cambio de modelo

Para poder garantizar la seguridad de forma adecuada en Castilla-La Mancha y mejorar las condiciones laborales y familiares de los guardias civiles que prestan servicio en la región, desde JUCIL tienen claro que "la solución pasa por la agrupación de cuarteles en las cabeceras de comarca", aunque han dicho ser conscientes de que "en el medio rural esta propuesta no es muy popular, ya que nadie, ni el núcleo más pequeño, quiere desprenderse del cuartel de la Guardia Civil".

Sin embargo, la portavoz ha asegurado que "operativamente, en el siglo XXI, es la opción más idónea". "Podría contarse con agrupaciones de más un centenar de agentes en cada una de esas cabeceras de comarca. Con instalaciones y material adecuado saldrían a la calle varias patrullas durante las 24 horas del día que recorrerían su demarcación, además de dar servicio al ciudadano podrían apoyarse entre ellas en un tiempo razonable", ha destacado Carmona.

Por parte de CSIF Castilla-La Mancha, Julio Retamosa ha señalado que la situación por la que atraviesa el colectivo de guardias civiles en la región "no es propia de una sociedad democrática" y ha destacado que en enero de 2022 la central sindical firmó un acuerdo con JUCIL para "formar un frente común y colaborar en diferentes ámbitos".

Así, ha criticado que los agentes de la Guardia Civil cobren un 20 % menos que "algunas policías autonómicas". "No es justo ni constitucional que a igual trabajo se perciba un salario más bajo en algunos puestos o en algunas autonomías. A mismo trabajo, igual salario", ha defendido.

Desde CSIF Castilla-La Mancha, además, han denunciado que esta situación "es extensible al conjunto de empleados públicos". "Ayer mismo denunciábamos cómo en Castilla-La Mancha continúa vigente la Ley Cospedal, que mantiene la carrera profesional congelada en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). Desgraciadamente, los derechos que hemos recuperado han sido gracias a acuerdos de CSIF con el Gobierno central. Si hubiera sido por Emiliano García-Page o por la oposición política de nuestra región, seguiríamos con los mismos recortes. Ya se puede llamar Ley Page", ha finalizado Retamosa.